Ponencia de la Corte Suprema propone que Álvaro Uribe Vélez siga privado de su libertad
De acuerdo con información conocida por Semana, el magistrado de la Corte Suprema Gerson Chaverra, ponente del trámite que decidirá la ley aplicable en el proceso contra Uribe por fraude procesal y soborno a testigos, habría considerado que al expresidente se le debe juzgar bajo el sistema penal acusatorio- Ley 906 del 2004- y, además, habría propuesto que siga privado de su libertad como lo dictó el mismo alto tribunal a principio de agosto.
El proceso del expresidente Álvaro Uribe por presunto fraude procesal y soborno a testigos, varado en la fase de control de garantías de la justicia ordinaria, avanzaría este lunes 5 de octubre en la Corte Suprema de Justicia. En un documento conocido por la revista Semana, el magistrado Gerson Chaverra habría propuesto que se elija el sistema penal acusatorio como ley aplicable, tras la solicitud elevada por la misma jueza de garantías, quien espera tal decisión para ordenar la libertad de Uribe o reafirmar su medida de aseguramiento.
El pasado 22 de septiembre, la jueza 30 de garantías consideró que Uribe debería ser juzgado en este expediente bajo el sistema penal acusatorio, teniendo en cuenta el principio de favorabilidad de la Ley 906 de 2004 -el procesado cuenta con más garantías-. Sin embargo, remitió su decisión a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, dado que es su superior jerárquico. Tras conocer la ponencia del magistrado Chaverra, la sala deberá decidir si aprueban lo consignado en el documento.
Le puede interesar: Hay que resolver el limbo jurídico del caso Uribe.
El magistrado Gerson Chaverra habría considerado lo mismo que advirtió la jueza 30 de garantías. Como Álvaro Uribe renunció al Senado, el pasado 18 de agosto, se trata entonces de un ciudadano ordinario investigado penalmente. Como los presuntos delitos que se le atribuyen no guardarían relación con sus funciones desempeñadas como congresista, no habría razón para seguir procesándolo bajo la Ley 600 del 2000. El proceso estaría enmarcado bajo el sistema penal acusatorio.
Sin embargo, la ley aplicable en este expediente de Uribe no sería la única consideración de Chaverra. El magistrado habría argumentado que, tras superar las fases preliminares en la Corte Suprema de Justicia, el expresidente ya habría sido imputado y, por tanto, la medida de aseguramiento dictada por la alta corte es completamente valida. Los demás togados de la Sala Plena deberán decidir sobre tal premisa y, sobre esto, la jueza 30 de garantías se pronunciará en la próxima audiencia.
“Por consiguiente, bajo los lineamientos de la ley 906 de 2004, debe continuarse la presenté actuación, adelantándose las fases procesales que conforme a la citada codificación, subsiguen luego de formulada la imputación, pues se entiende que el acto de vinculación procesal del investigado se surtió plenamente y con efectos vinculantes mediante la diligencia de indagatoria, en la cual, desde el plano fáctico y jurídico le fueron imputados y comunicados al ciudadano Uribe Vélez los cargos objeto de investigación", habría apreciado Chaverra, de acuerdo con Semana.
En contexto: Corte Suprema deberá definir el proceso aplicable para llevar el caso Uribe.
El origen de la controversia por el proceso aplicable contra Uribe, en este caso por fraude procesal y soborno a testigos, viene del pasado 16 de septiembre, cuando se llevó a cabo la primera audiencia del expresidente en la justicia ordinaria. Entonces, la defensa de Iván Cepeda, quien funge como víctima en este expediente, pidió que la Ley 600 del 2000 siguiera su curso. “Se debe mantener la armonía del proceso”, indicó el abogado Reynaldo Villalba. A esto adhirieron los exfiscales Perdomo y Montealegre.
Sin embargo, la defensa del expresidente, en manos del abogado Jaime Granados, pidió que se decida el tránsito del sistema penal para aforados al sistema penal acusatorio -Ley 906 del 2004-. Además, ha solicitado la libertad de Álvaro Uribe con insistencia. “Las instituciones que regían la privación de la libertad, en la ley 906 de 2004, eran totalmente ajenas al trámite de la ley 600 de 2000 y, por ende, no podía avalarse que las decisiones adoptadas en un esquema procesal distinto se mantuvieran”, solicitó a principios de septiembre, en carta dirigida al fiscal general Barbosa.
El expresidente Álvaro Uribe está privado de su libertad desde el pasado 4 de agosto, cuando la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenó su detención domiciliaria, dado que podría entorpecer las investigaciones por fraude procesal y soborno a testigos que se llevan en su contra. Uribe fue denunciado en debates de control político por el senador Iván Cepeda, quien asegura que el exmandatario fue clave en la creación del Bloque Metro de las Autodefensas.
En 2014, el expresidente denunció a Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia por fraude procesal y soborno a testigos, como respuesta a las acusaciones del senador del Polo Democrático. Pero, en 2018, el alto tribunal consideró que Uribe en realidad estaría vinculado con tales actividades delictivas. De acuerdo con el testimonio del recluso Juan Guillermo Monsalve, testigo clave de Cepeda e hijo de un administrador de la Hacienda Guacharacas -propiedad de la familia Uribe Vélez-, abogados del exmandatario lo habrían buscado para que testificara a su favor, por las denuncias que lo vinculan con el paramilitarismo en Antioquía.
El proceso del expresidente Álvaro Uribe por presunto fraude procesal y soborno a testigos, varado en la fase de control de garantías de la justicia ordinaria, avanzaría este lunes 5 de octubre en la Corte Suprema de Justicia. En un documento conocido por la revista Semana, el magistrado Gerson Chaverra habría propuesto que se elija el sistema penal acusatorio como ley aplicable, tras la solicitud elevada por la misma jueza de garantías, quien espera tal decisión para ordenar la libertad de Uribe o reafirmar su medida de aseguramiento.
El pasado 22 de septiembre, la jueza 30 de garantías consideró que Uribe debería ser juzgado en este expediente bajo el sistema penal acusatorio, teniendo en cuenta el principio de favorabilidad de la Ley 906 de 2004 -el procesado cuenta con más garantías-. Sin embargo, remitió su decisión a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, dado que es su superior jerárquico. Tras conocer la ponencia del magistrado Chaverra, la sala deberá decidir si aprueban lo consignado en el documento.
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El magistrado Gerson Chaverra habría considerado lo mismo que advirtió la jueza 30 de garantías. Como Álvaro Uribe renunció al Senado, el pasado 18 de agosto, se trata entonces de un ciudadano ordinario investigado penalmente. Como los presuntos delitos que se le atribuyen no guardarían relación con sus funciones desempeñadas como congresista, no habría razón para seguir procesándolo bajo la Ley 600 del 2000. El proceso estaría enmarcado bajo el sistema penal acusatorio.
Sin embargo, la ley aplicable en este expediente de Uribe no sería la única consideración de Chaverra. El magistrado habría argumentado que, tras superar las fases preliminares en la Corte Suprema de Justicia, el expresidente ya habría sido imputado y, por tanto, la medida de aseguramiento dictada por la alta corte es completamente valida. Los demás togados de la Sala Plena deberán decidir sobre tal premisa y, sobre esto, la jueza 30 de garantías se pronunciará en la próxima audiencia.
“Por consiguiente, bajo los lineamientos de la ley 906 de 2004, debe continuarse la presenté actuación, adelantándose las fases procesales que conforme a la citada codificación, subsiguen luego de formulada la imputación, pues se entiende que el acto de vinculación procesal del investigado se surtió plenamente y con efectos vinculantes mediante la diligencia de indagatoria, en la cual, desde el plano fáctico y jurídico le fueron imputados y comunicados al ciudadano Uribe Vélez los cargos objeto de investigación", habría apreciado Chaverra, de acuerdo con Semana.
En contexto: Corte Suprema deberá definir el proceso aplicable para llevar el caso Uribe.
El origen de la controversia por el proceso aplicable contra Uribe, en este caso por fraude procesal y soborno a testigos, viene del pasado 16 de septiembre, cuando se llevó a cabo la primera audiencia del expresidente en la justicia ordinaria. Entonces, la defensa de Iván Cepeda, quien funge como víctima en este expediente, pidió que la Ley 600 del 2000 siguiera su curso. “Se debe mantener la armonía del proceso”, indicó el abogado Reynaldo Villalba. A esto adhirieron los exfiscales Perdomo y Montealegre.
Sin embargo, la defensa del expresidente, en manos del abogado Jaime Granados, pidió que se decida el tránsito del sistema penal para aforados al sistema penal acusatorio -Ley 906 del 2004-. Además, ha solicitado la libertad de Álvaro Uribe con insistencia. “Las instituciones que regían la privación de la libertad, en la ley 906 de 2004, eran totalmente ajenas al trámite de la ley 600 de 2000 y, por ende, no podía avalarse que las decisiones adoptadas en un esquema procesal distinto se mantuvieran”, solicitó a principios de septiembre, en carta dirigida al fiscal general Barbosa.
El expresidente Álvaro Uribe está privado de su libertad desde el pasado 4 de agosto, cuando la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenó su detención domiciliaria, dado que podría entorpecer las investigaciones por fraude procesal y soborno a testigos que se llevan en su contra. Uribe fue denunciado en debates de control político por el senador Iván Cepeda, quien asegura que el exmandatario fue clave en la creación del Bloque Metro de las Autodefensas.
En 2014, el expresidente denunció a Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia por fraude procesal y soborno a testigos, como respuesta a las acusaciones del senador del Polo Democrático. Pero, en 2018, el alto tribunal consideró que Uribe en realidad estaría vinculado con tales actividades delictivas. De acuerdo con el testimonio del recluso Juan Guillermo Monsalve, testigo clave de Cepeda e hijo de un administrador de la Hacienda Guacharacas -propiedad de la familia Uribe Vélez-, abogados del exmandatario lo habrían buscado para que testificara a su favor, por las denuncias que lo vinculan con el paramilitarismo en Antioquía.