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Rodrigo Aldana Larrazábal acaba de ser condenado a nueve años, un mes y seis días de prisión. Tras haber aceptado cargos por cohecho propio (soborno), prevaricato por omisión y delitos contra la administración pública, la Corte Suprema concluyó que ese era el tiempo adecuado para el exfiscal, para quien la Fiscalía pidió una “condena ejemplarizante”. Y la Corte se lo concedió: “Sus particulares y privilegiadas condiciones personales, sociales y profesionales (…) ameritan e imponen una respuesta punitiva ejemplarizante y severa”.
Así termina una carrera de más 20 años en la Fiscalía. Aldana, quien hasta antes de ser capturado aseguraba públicamente que no había cometido ningún delito, especialmente ninguno en relación con Otto Bula, terminó admitiendo que había recibido del exsenador liberal un apartamento ubicado en el occidente de Bogotá, avaluado en $235 millones, a cambio de una decisión que lo favoreciera.
La movida de Aldana fue ocuparse del proceso 11.028 de la Unidad de Extinción de Dominio, a pesar de que él ya no pertenecía a ese grupo. El 24 de diciembre de 2014, Aldana fue ascendido y debía entregar los expedientes que llevaba como fiscal 40 de extinción de dominio, pero no lo hizo. Se trataba del proceso de extinción sobre tres bienes rurales en Sahagún (Córdoba), tierra natal de Bula, de 650, 50 y 23 hectáreas.
Aldana, como fiscal delegado ante tribunal, no entregó el proceso a pesar de que su superiora, la entonces directora de fiscalías especializadas, Caterina Heyck, se lo pidió. Lo mismo hizo la directora de la Unidad de Extinción de Dominio, Andrea Malagón. Sólo aceptó hacerlo cuando, después de consultar a una de las asesoras del entonces fiscal Montealegre, Yenny Claudia Almeida, esta le dejó claro que su obligación era entregar los procesos.
Cuando Bula fue capturado por Odebrecht, fue más claro cuál era el motivo real de Aldana para negarse a devolver el expediente: había proyectado un “decreto de improcedencia extraordinaria de la acción de extinción de dominio, en beneficio de la Sociedad Agropecuaria El Central y de Otto Nicolás Bula”. Y el motivo detrás de su determinación era el apartamento entregado por Bula, que terminó en manos de su compañera sentimental de la época, Margarita Useche. (Vea: Las explicaciones de Otto Bula sobre el apartamento del fiscal Aldana)
En marzo de este año, el diario El Tiempo divulgó que Aldana se había reunido en al menos seis ocasiones con Otto Bula en los últimos años, y que esos encuentros podían estar relacionados con una posible maniobra de Aldana para favorecer a Bula con respecto a la Sociedad Agropecuaria El Central, la cual era investigada por posibles nexos con los narcotraficantes Juan Fernando e Ignacio Álvarez Meyendorff. Cuestionado por este diario al respecto, en abril, semanas antes de su captura, Aldana negó haber cometido algo irregular con Otto Bula.
El 21 de abril, sin embargo, fue detenido. La Fiscalía tenía en su poder una USB de Otto Bula que, recuerda el fallo de la Corte Suprema, contenía un proyecto de decreto que favorecía al exsenador y varios documentos más, todos de creación de Rodrigo Aldana, se comprobó a través de peritos informáticos. Ahí fue cuando comenzaron los problemas para Aldana, que precipitaron su arresto y finalmente lo llevaron a declararse culpable en la Corte Suprema de Justicia.
En medio del escándalo
La Corte Suprema produce este fallo en un contexto muy particular: el de una crisis profunda en relación con su legitimidad, luego de que se abriera investigación contra un expresidente de la corporación, Francisco Ricaurte, y se divulgara que dos más (José Leonidas Bustos y Camilo Tarquino) podrían correr la misma suerte, por supuestamente haber pedido sobornos a personas investigados con el propósito de desviar las indagaciones en su contra. (Puede interesarle: Investigación contra Gustavo Moreno por corrupción aterrizó en la Corte Suprema)
El alto tribunal no pasó por alto esta coyuntura. “Es innegable que las múltiples investigaciones por corrupción han desdibujado la imagen impoluta de la Rama Judicial”, señaló el magistrado ponente del fallo, José Luis Barceló. “Por lo anterior, es deber de la Sala de Casación Penal (…) señalar que la mayoría de los funcionarios han llegado a ocupar los cargos movidos por el noble propósito de poner al servicio de la institucionalidad y de la sociedad sus valores individuales”.
Con respecto a Aldana, el alto tribunal indicó que “su actuar alejado de la ley generó profunda consternación y gran impacto en la comunidad, al ver cómo un funcionario judicial a quien se le confió un exigente y notable rol, gestionando el eje temático de anticorrupción en la administración de la justicia, no tuvo reparo alguno en apartarse de los rectos caminos para omitir dolosamente actos propios de las funciones que la Constitución y la ley forzosamente le imponían”.
(Las sospechas que ya giraban sobre el fiscal Rodrigo Aldana)