Por caso Odebrecht, imputarán cargos a Carlos y Paola Solarte
La Fiscalía investiga las irregularidades que se habrían presentado en el contrato al consorcio Canoas para realizar la obra Tunjuelo-Canoas, sobre el río Bogotá. Por este caso también será imputado el exalcalde Samuel Moreno Rojas.
Redacción Judicial
Uno de los más poderosos constructores del país va a ser investigado formalmente por el escándalo de Odebrecht, firma brasileña que pagó sobornos para obtener contratos en Colombia. La Fiscalía imputará cargos a Carlos Solarte y su hija, Paola Solarte, a quienes les endilgarán en la audiencia los delitos contratos sin cumplimiento de los requisitos legales, peculado por apropiación y cohecho por dar y ofrecer. (Las fichas del caso Odebrecht y el carrusel de Bogotá)
La vicefiscal María Paulina Riveros explicó que los hechos tienen que ver con el contrato que celebró el consorcio Canoas, integrado por Odebrecht y CASS Constructores, una firma de la familia Solarte, para la construcción del interceptor de Tunjuelo-Canoas. Se trata de una obra que hace parte del plan de descontaminación del río Bogotá. La audiencia se llevará a cabo el 27 de noviembre. (Contelac, la empresa salpicada por caso Odebrecht con contratos por $120.000 millones)
Por este mismo caso, la Fiscalía citó a imputación de cargos al exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, por ser uno de los principales interesados en firmar ese contrato que superó los $80.000 millones . También será imputado por estos hechos Orlando Fajardo Castillo, subcontratista del Consorcio Canoas y representante de CASS Constructores en la junta directiva del consorcio. (El enlace entre el carrusel y Odebrecht)
Este proceso judicial comenzó con una denuncia hecha por directivos del consorcio francés Soletanche Bachy Cimas, que competía con Odebrecht y Solarte en la licitación. Según dijeron en 2009, enlaces del Acueducto de Bogotá les pidieron el 8,75 % del valor total del contrato para asegurarles la victoria.
El primer imputado por estos hechos fue el contratista Andrés Cardona, quien no aceptó los cargos de interés indebido en la celebración de contratos y cohecho y fue enviado a un centro carcelario mientras avanzan las investigaciones por su presunta participación en la entrega del multimillonario contrato de $244.000 millones.
Uno de los más poderosos constructores del país va a ser investigado formalmente por el escándalo de Odebrecht, firma brasileña que pagó sobornos para obtener contratos en Colombia. La Fiscalía imputará cargos a Carlos Solarte y su hija, Paola Solarte, a quienes les endilgarán en la audiencia los delitos contratos sin cumplimiento de los requisitos legales, peculado por apropiación y cohecho por dar y ofrecer. (Las fichas del caso Odebrecht y el carrusel de Bogotá)
La vicefiscal María Paulina Riveros explicó que los hechos tienen que ver con el contrato que celebró el consorcio Canoas, integrado por Odebrecht y CASS Constructores, una firma de la familia Solarte, para la construcción del interceptor de Tunjuelo-Canoas. Se trata de una obra que hace parte del plan de descontaminación del río Bogotá. La audiencia se llevará a cabo el 27 de noviembre. (Contelac, la empresa salpicada por caso Odebrecht con contratos por $120.000 millones)
Por este mismo caso, la Fiscalía citó a imputación de cargos al exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, por ser uno de los principales interesados en firmar ese contrato que superó los $80.000 millones . También será imputado por estos hechos Orlando Fajardo Castillo, subcontratista del Consorcio Canoas y representante de CASS Constructores en la junta directiva del consorcio. (El enlace entre el carrusel y Odebrecht)
Este proceso judicial comenzó con una denuncia hecha por directivos del consorcio francés Soletanche Bachy Cimas, que competía con Odebrecht y Solarte en la licitación. Según dijeron en 2009, enlaces del Acueducto de Bogotá les pidieron el 8,75 % del valor total del contrato para asegurarles la victoria.
El primer imputado por estos hechos fue el contratista Andrés Cardona, quien no aceptó los cargos de interés indebido en la celebración de contratos y cohecho y fue enviado a un centro carcelario mientras avanzan las investigaciones por su presunta participación en la entrega del multimillonario contrato de $244.000 millones.