Una investigación disciplinaria fue abierta contra la canciller encargada, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy. La medida, tomada por la Procuraduría General de la Nación, se basa en presuntas irregularidades en la firma del convenio interadministrativo con la Imprenta Nacional de Colombia para el suministro de pasaportes.
La investigación, también cobija a Alba Liliana León Herrera, gerente de la Imprenta Nacional, y a Elvira de las Mercedes Sanabria Salazar, secretaria general encargada de la Cancillería.
El convenio fue suscrito el pasado 18 de julio a través del Fondo Rotatorio del Ministerio, en medio de la suspensión del proceso licitatorio para la impresión de pasaportes, que había desatado una fuerte controversia política y jurídica meses atrás. Según la Procuraduría, este nuevo esquema de contratación directa podría haber transgredido principios esenciales de la contratación pública, como la planeación y la economía, establecidos en el marco normativo colombiano.
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De acuerdo con la Sala de Instrucción Disciplinaria, no hay evidencia de que se hubieran elaborado estudios previos ni documentos técnicos que justificaran la firma del convenio. Esta omisión, para el Ministerio Público, pone en duda la legalidad del procedimiento y la transparencia del proceso.
Además, el órgano de control cuestionó la falta de claridad sobre el acto administrativo que habría delegado en la secretaria general encargada la facultad para celebrar el acuerdo interadministrativo, una competencia que exige fundamento jurídico expreso.
La Procuraduría también advierte que estas decisiones podrían haber pasado por alto el deber que tienen los servidores públicos de cumplir con los principios que rigen la contratación estatal y la función administrativa. En especial, subraya fallas en la planeación del nuevo modelo de suministro de pasaportes.
Esta actuación disciplinaria se da en un contexto de alta sensibilidad institucional, pues el proceso de expedición de pasaportes ha estado en el centro del debate desde que se canceló abruptamente el anterior proceso licitatorio, lo que incluso llevó a la salida del entonces canciller Álvaro Leyva Durán y a una cascada de recursos jurídicos por parte de empresas oferentes, como Thomas Greg & Sons.
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La investigación busca establecer si hubo responsabilidad disciplinaria por parte de las funcionarias involucradas y si se configuró una posible extralimitación de funciones o desconocimiento del marco normativo que regula los convenios interadministrativos.
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