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Entre el 28 y el 29 de agosto de 2001 en Barranquilla el sindicalista, abogado y profesor de la Universidad del Atlántico Jorge Adolfo Freytter Romero fue secuestrado, torturado y asesinado. Su cuerpo fue arrojado en el corregimiento de Palermo del municipio de Sitionuevo, Magdalena. Por su crimen, sus familiares y representantes de víctimas llegaron a un acuerdo de solución amistosa con el Estado colombiano a instancias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que fue firmado este viernes cuando se cumplen 19 años del hecho que fue declarado como de lesa humanidad por la Fiscalía en enero de este año.
La solución amistosa implica que el caso ya no pasará de la CIDH a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en donde el análisis del caso podría implicar una condena internacional para el Estado colombiano. En el acuerdo, en cambio, el Estado reconoce la responsabilidad por la detención ilegal, tortura y ejecución extrajudicial de Freytter y, por tanto, de la violación de los derechos a la vida, la integridad personal, libertad personal, libertad de pensamiento y expresión y de asociación contenidos en la Convención Americana de Derechos Humanos.
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El Estado igualmente reconoció ante la CIDH la responsabilidad parcial por la falta de diligencia de las autoridades judiciales nacionales para investigar el crimen, especialmente lo relacionado con la tortura sufrida por el profesor Freytter y por la falta de diligencia en las pesquisas sobre las amenazas que obligaron a él como a su hijo Jorge Freytter Florián a buscar asilo fuera del país. La solución amistosa implica que el Estado colombiano hará un reconocimiento de responsabilidad y de disculpas públicas. Y el otorgamiento de becas educativas a sus hijos, la creación de una beca de estudio conmemorativa, así como atención médica, psicológica y psicosocial.
El acuerdo de solución amistosa implica que la Fiscalía deberá continuar con sus investigaciones e implica iniciar el proceso para una indemnización pecunaria. En evento realizado virtualmente este viernes, las partes suscribieron el documento. Jorge Freytter Franco, hijo mayor del profesor y sindicalista, aseguró que “le complace” llegar a este acuerdo luego de una década de trabajo con sus representantes. “Instamos al Estado a que se cumplan prontamente los puntos y las medidas a las que hemos llegado. Esta es una muestra de que es posible continuar luchando por la verdad y la justicia”, dijo.
Según Freytter Franco “esto es lo que nos dará realmente una tranquilidad y luces para continuar luchando por las personas que trabajaron arduamente por la educación pública. No es posible que dejemos esto en manos de la providencia. Estas cosas debemos resolverlas con justicia y en la tierra”. Por su parte, Jorge Freytter Florián, también hijo del profesor, expresó que este acuerdo es importante para reivindicar la lucha y legado de su padre en la defensa de la educación pública. “Es un gesto hoy de verdad, de reconstrucción de memoria histórica, de justicia y de medidas de no repetición”, señaló.
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“Esperamos que estos hechos de violencia política, de injerencia paramilitar en las universidades públicas de Colombia no vuelvan a pasar”, agregó. La abogada Jomary Ortegón del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, que representó a la familia, señaló que el acuerdo busca reparar los efectos del crimen del profesor y sindicalista para la familia y la sociedad y para que este tipo de acciones no se repitan más. “Han sido 19 años en que a los familiares de la víctima sus derechos les han sido negados”, apuntó.
Ortegón señaló que ahora viene un camino largo para identificar a los responsables del crimen y “en el develamiento de ese entramado paramilitar en la Universidad el Atlántico que cobró la vida de más de 30 profesores, estudiantes y trabajadores”. Y Ana María Ordóñez, directora de la Dirección de Defensa Jurídica Internacional de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, señaló que hay un compromiso claro para cumplir el acuerdo “integral y robusto” al que se llegó. “Confiamos que este mecanismo contribuya a la reconstrucción del proyecto de vida de los familiares”, dijo.
En enero pasado, la Fiscalía declaró el crimen de lesa humanidad el crimen al encontrar “la existencia de una política contra una determinada comunidad (como la Universidad del Atlántico), el establecimiento de instituciones (o la toma de estas) para implementar dicha política, el hecho de que se involucren políticos, directivos o militares de alto rango”, entre otros factores.