Por desapariciones de Soacha ya van 46 militares en prisión
Los uniformados se encuentran recluidos en guarnición militar.
Redacción Judicial Espectador.com
Hace dos meses se iniciaron las diligencias donde comparecen los uniformados vinculados con las desapariciones de Soacha.
Las primeras medidas se presentaron en Cimitarra, Santander, donde dos oficiales y un sargento fueron vinculados formalmente a esta investigación.
En este caso las víctimas, identificadas como Daniel Andrés Pesca Olaya y Eduardo Garzón Páez, salieron de Soacha y luego fueron reportados como abatidos en combate en la vereda El Brasil.
En la primera audiencia que se llevó a cabo en Soacha, Cundinamarca, se dictó medida de aseguramiento a otros seis militares por la desaparición y muerte de Jonathan Soto Bermúdez y Julio César Meza.
Los militares adscritos al Batallón de Infantería No.15, Francisco de Paula Santander de la II División del Ejército, habrían reportado la muerte de los jóvenes en un combate donde según la Fiscalía "los impactos recibidos por Soto Bermúdez y Meza son abiertamente incompatibles con un enfrentamiento".
El 21 de mayo, otros 17 miembros del Ejército (tres en retiro), fueron cobijados por la misma medida en el proceso que se sigue por la muerte de Víctor Fernando Gómez Romero, Jader Andrés Palacio Bustamante y Diego Alberto Tamayo Garcera.
En esta diligencia se presentó el testimonio de Alexander Carretero Díaz (reclutador) quien explicó cómo se contactaba a los jóvenes en Soacha, de qué manera los transportaban hasta Ocaña y como caían en un retén falso.
Entre tanto, en el proceso de Julián Oviedo Monroy se dictó medida en contra de otros 17 uniformados, entre los que se encuentran el teniente coronel (r) Álvaro Diego Tamayo Hoyos, el subteniente Néstor Jaime Mosquera Blanco y los suboficiales Wilson Virgilio Suárez Gaitán y Edgar Uriel Zapata Vera.
En este caso, la Fiscalía presentó como prueba documental un informe que señalaba que en el combate donde murió el joven y otro de los desaparecidos, se utilizaron 550 cartuchos "Yo me pregunto, señor juez (...) ¿por qué no los capturaron? (...) incluso algunos informes tenían fechas futuras, como si ellos supieran lo que iba a pasar, como si pudieran ver el futuro", agregó la Fiscal delegada durante su intervención.
El pasado jueves (11 de junio) un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en contra del Coronel (r) Gabriel de Jesús Rincón Amado, a quien la Fiscalía le imputó los delitos de concierto para delinquir, homicidio y desaparición forzada porque según el ente investigador "el Coronel estuvo al tanto de los hechos que ocurrían en el batallón".
La defensa de los Militares
El primer día de juicio, los abogados señalaron que existieron reuniones extrañas entre el juez del caso y los Fiscales.
Lorena Leal, una de las abogadas de los uniformados, señaló en el curso del proceso que existían pruebas que señalaban que la Fiscalía había comprado testimonios para culpar a los militares implicados.
Ante esto, el mismo Fiscal General, Mario Iguarán reaccionó "Nosotros respetamos el ejercicio de la defensa pero sí reprochamos eso. Le hacen daño a sus defendidos, en vez de estar con argumentaciones jurídicas eso no hace parte de una verdadera defensa", dijo.
El ente investigador formuló queja disciplinaria ante el Consejo Superior de la Judicatura y solicitó investigación por fraude procesal ante el director nacional de Fiscalías contra un integrante de la defensa (Lorena Leal) por hacer denuncias falsas.
Hace dos meses se iniciaron las diligencias donde comparecen los uniformados vinculados con las desapariciones de Soacha.
Las primeras medidas se presentaron en Cimitarra, Santander, donde dos oficiales y un sargento fueron vinculados formalmente a esta investigación.
En este caso las víctimas, identificadas como Daniel Andrés Pesca Olaya y Eduardo Garzón Páez, salieron de Soacha y luego fueron reportados como abatidos en combate en la vereda El Brasil.
En la primera audiencia que se llevó a cabo en Soacha, Cundinamarca, se dictó medida de aseguramiento a otros seis militares por la desaparición y muerte de Jonathan Soto Bermúdez y Julio César Meza.
Los militares adscritos al Batallón de Infantería No.15, Francisco de Paula Santander de la II División del Ejército, habrían reportado la muerte de los jóvenes en un combate donde según la Fiscalía "los impactos recibidos por Soto Bermúdez y Meza son abiertamente incompatibles con un enfrentamiento".
El 21 de mayo, otros 17 miembros del Ejército (tres en retiro), fueron cobijados por la misma medida en el proceso que se sigue por la muerte de Víctor Fernando Gómez Romero, Jader Andrés Palacio Bustamante y Diego Alberto Tamayo Garcera.
En esta diligencia se presentó el testimonio de Alexander Carretero Díaz (reclutador) quien explicó cómo se contactaba a los jóvenes en Soacha, de qué manera los transportaban hasta Ocaña y como caían en un retén falso.
Entre tanto, en el proceso de Julián Oviedo Monroy se dictó medida en contra de otros 17 uniformados, entre los que se encuentran el teniente coronel (r) Álvaro Diego Tamayo Hoyos, el subteniente Néstor Jaime Mosquera Blanco y los suboficiales Wilson Virgilio Suárez Gaitán y Edgar Uriel Zapata Vera.
En este caso, la Fiscalía presentó como prueba documental un informe que señalaba que en el combate donde murió el joven y otro de los desaparecidos, se utilizaron 550 cartuchos "Yo me pregunto, señor juez (...) ¿por qué no los capturaron? (...) incluso algunos informes tenían fechas futuras, como si ellos supieran lo que iba a pasar, como si pudieran ver el futuro", agregó la Fiscal delegada durante su intervención.
El pasado jueves (11 de junio) un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en contra del Coronel (r) Gabriel de Jesús Rincón Amado, a quien la Fiscalía le imputó los delitos de concierto para delinquir, homicidio y desaparición forzada porque según el ente investigador "el Coronel estuvo al tanto de los hechos que ocurrían en el batallón".
La defensa de los Militares
El primer día de juicio, los abogados señalaron que existieron reuniones extrañas entre el juez del caso y los Fiscales.
Lorena Leal, una de las abogadas de los uniformados, señaló en el curso del proceso que existían pruebas que señalaban que la Fiscalía había comprado testimonios para culpar a los militares implicados.
Ante esto, el mismo Fiscal General, Mario Iguarán reaccionó "Nosotros respetamos el ejercicio de la defensa pero sí reprochamos eso. Le hacen daño a sus defendidos, en vez de estar con argumentaciones jurídicas eso no hace parte de una verdadera defensa", dijo.
El ente investigador formuló queja disciplinaria ante el Consejo Superior de la Judicatura y solicitó investigación por fraude procesal ante el director nacional de Fiscalías contra un integrante de la defensa (Lorena Leal) por hacer denuncias falsas.