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El proyecto hidroeléctrico Hidroituango lleva en líos casi dos años. / Nelson Sierra
Así como la Procuraduría se la jugó toda con una acción popular para proteger los derechos colectivos de los ciudadanos, recién empezaba a coger fuerza el escándalo de Odebrecht en 2017, su intención fue la misma con el caso de Hidroituango. Lo hizo en febrero del año pasado ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en donde presentó el recurso judicial alegando que, ante la crisis por el desbordamiento del agua por encima de la represa, se estaban violando los derechos de los habitantes a un ambiente sano, a la salud y la salubridad pública. La estrategia estaba enfilada en lograr lo mismo que con el escándalo de los brasileños: que un juez declarara que sí afectaron derechos de los colombianos.
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