Por ‘falso positivo’ condenan a la Nación

Casi siete años después de que su hijo fuera asesinado, doña Fabiola Ortiz consiguió que se hiciera justicia. El Tribunal Administrativo de Caldas condenó a la Nación a pagarle $100 millones al establecer que su hijo Horacio de Jesús Durán, presentado como muerto en combate por el Ejército en junio de 2004, en Anserma, fue un capítulo más del oscuro episodio de los falsos positivos.

El cuerpo del campesino, que para ese entonces tenía 47 años, presentó 17 impactos de arma de fuego y según los reportes oficiales fue sindicado de ser guerrillero. Desde entonces, empezó la batalla de doña Fabiola y sus hermanos Luz Marina y Orlando por limpiar el nombre de Horacio de Jesús, pero sólo en agosto de 2006 se presentó la demanda. La sentencia del Tribunal de Caldas constituye la primera en el caso de los falsos positivos en donde se condena al Estado.

“Lamentablemente, la sentencia no incluye reparación a los familiares de la víctima, ni tampoco perdón público por lo sucedido, así como tampoco se manifiesta acerca de reabrir las investigaciones del caso, que quedó en la impunidad”, señaló el abogado Benjamín Herrera, apoderado de la familia Durán Ortiz. El Tribunal constató que el labriego hacía parte de una junta comunal y que no existe prueba alguna que lo relacione con la guerrilla del Epl, como informó el Ejército.

Casi siete años después de que su hijo fuera asesinado, doña Fabiola Ortiz consiguió que se hiciera justicia. El Tribunal Administrativo de Caldas condenó a la Nación a pagarle $100 millones al establecer que su hijo Horacio de Jesús Durán, presentado como muerto en combate por el Ejército en junio de 2004, en Anserma, fue un capítulo más del oscuro episodio de los falsos positivos.

El cuerpo del campesino, que para ese entonces tenía 47 años, presentó 17 impactos de arma de fuego y según los reportes oficiales fue sindicado de ser guerrillero. Desde entonces, empezó la batalla de doña Fabiola y sus hermanos Luz Marina y Orlando por limpiar el nombre de Horacio de Jesús, pero sólo en agosto de 2006 se presentó la demanda. La sentencia del Tribunal de Caldas constituye la primera en el caso de los falsos positivos en donde se condena al Estado.

“Lamentablemente, la sentencia no incluye reparación a los familiares de la víctima, ni tampoco perdón público por lo sucedido, así como tampoco se manifiesta acerca de reabrir las investigaciones del caso, que quedó en la impunidad”, señaló el abogado Benjamín Herrera, apoderado de la familia Durán Ortiz. El Tribunal constató que el labriego hacía parte de una junta comunal y que no existe prueba alguna que lo relacione con la guerrilla del Epl, como informó el Ejército.