Cinco años después de que se hubiera destapado el escándalo de la yidispolítica, la Fiscalía le pide a la Corte Suprema de Justicia que condene a tres protagonistas de ese expediente: los exministros Sabas Pretelt de la Vega y Diego Palacio y el exsecretario general de la Presidencia Alberto Velásquez, quienes, según el ente investigador, les prometieron el oro y el moro a los excongresistas Yidis Medina y Teodolindo Avendaño para que el 4 de junio de 2004 votaran favorablemente el proyecto de ley que le dio vía libre a la reelección de Álvaro Uribe Vélez.
El fiscal del caso, Álvaro Osorio, fue enfático y dijo que “se hicieron unos indebidos ofrecimientos en el caso del trámite del acto legislativo. Sabas Pretelt de la Vega fue más allá de sus funciones y, aprovechándose de su investidura, le ofreció (a Medina) nombrarle a sus asesores, o a quien ella postulara, para que modificara su voto”. Y agregó que, “por fortuna para la justicia, Yidis Medina decidió revelar y delatar a los altos funcionarios del Estado que le ofrecieron estas prebendas”.
Estos alegatos de conclusión fueron presentados tras una semana de declaraciones de la excongresista Yidis Medina, quien se encuentra libre tras haber pagado su condena por estos hechos y después de que un tribunal revocara la sentencia que se le había impuesto por su supuesta participación en un secuestro. El testimonio de Medina es una de las pruebas claves con las que cuenta la Fiscalía en este caso.
Medina dijo la semana pasada que a ella la “persuadieron. Casi me obligaron. Me decían que era un favor que le debía hacer al presidente (Álvaro Uribe). Yo ya lo acepté y lo pagué. Pero ¿entonces qué? ¿El cohecho lo hice yo sola? (...). Telefónicamente usted (en referencia a Diego Palacio) me dijo que había que hacer patria sacando adelante ese proyecto. Me dijo que me iba a colaborar porque tenía instrucciones del presidente para colaborarme con puestos en Barrancabermeja”.
El fiscal Osorio dio plena credibilidad a las declaraciones de Medina y narró que, al parecer, fue tal la preocupación del Gobierno cuando se empezaron a conocer las primeras denuncias sobre los hechos que rodearon la votación del referido acto legislativo que, incluso, unos funcionarios —cuyo nombre no reveló— le presentaron a Yidis Medina un grupo de abogados para que la “asesoraran” sobre lo que iba a decir a las autoridades judiciales.
En lo que a Avendaño se refiere, el fiscal indicó que hay pruebas suficientes de que al excongresista le entregaron una notaría en Bogotá para que cambiara su voto: “Sabas Pretelt de la Vega, valiéndose de su cargo como ministro del Interior, realizó el ofrecimiento de una notaría al congresista Teodolindo Avendaño para que su votación fuera positiva”.
Además, hay pruebas de que a las cuentas de Avendaño ingresaron $400 millones, supuestamente producto de las negociaciones con estos exfuncionarios. “Todo esto es demostrado con elementos materiales que indican el ingreso de este dinero a la cuenta del representante a la Cámara y la negociación efectuada”, aseveró Osorio al respecto.
De esta forma se habría logrado que Avendaño se ausentara del debate en el que se discutió el futuro del cuestionado proyecto reelecionista. Su ausencia sería de vital importancia para que el proyecto resultara aprobado por el Congreso. Al cierre de esta edición, el fiscal Osorio continuaba con sus alegatos. Falta que la Procuraduría y los acusados presenten los suyos. Luego, la Corte Suprema de Justicia deberá definir la suerte de estos tres alfiles del uribismo y de este proceso plagado de recusaciones, solicitudes de nulidad y otros obstáculos, como por ejemplo una tutela que interpuso esta semana el exministro Sabas Pretelt ante el Consejo Superior de la Judicatura para que se anule este proceso.
En recientes declaraciones ante la Corte Suprema de Justicia, el exministro Sabas Pretelt de la Vega indicó, en respuesta a los señalamientos en su contra: “No le ofrecí nada a Yidis. Ella ya lo dijo, sus amigos lo dijeron. Lo dijo el mismo Teodolindo Avendaño. Ella cambió su voto, pero no por las presiones ejercidas por el Gobierno. Ella dijo claramente ese día que iba a votar a favor, que ella creía que era necesario para el país”.
Respecto a las declaraciones que ha dado Medina, Pretelt aseguró que la excongresista “cambió los sitios: primero dijo que había sido (Alberto) Velásquez, después que el presidente (Uribe), después que otra gente (…). No hubo ningún ofrecimiento de nada. Aquí se han presentado versiones medio lunáticas. Yo nunca he hablado de Yidis”.
Al respecto, el exministro Palacio ha expresado que “existen pruebas que demuestran todo lo contrario a las versiones entregadas por Yidis Medina” y ha señalado que en las acusaciones en su contra hay un “enorme contenido político”. Por su parte, el exsecretario general de Presidencia Alberto Velásquez se refirió a Medina diciendo que tenía “un comportamiento bastante fuerte y siempre quería algo a cambio. Yo no le di nada, se molestó tremendamente conmigo. Entonces pienso que por esas razones cambió sus acusaciones y las dirigió hacia mí”.
La Corte Suprema de Justicia tiene la última palabra sobre este cohecho, quizás el más sonado de la historia reciente de Colombia, quizás el más importante de toda su historia puesto que le dio vía libre a un cambio constitucional hoy determinante para los hilos de la Nación. Un cohecho que la Corte deberá dilucidar si fue orquestado o no por reconocidos miembros del uribismo para que el entonces presidente se quedara unos años más en el poder.
jjimenez@elespectador.com
@juansjimenezh
Por Sebastián Jiménez Herrera
