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24 Jan 2023 - 11:22 p. m.

Por irregularidades en contratación de covid, gobernador Luis Monsalvo fue imputado

La Fiscalía llevó ante el Tribunal Superior de Bogotá al mandatario por irregularidades en la adquisición de 73 mil mercados para población que estaba en estado de vulnerabilidad en el marco de la pandemia generada por el covid-19.
Por irregularidades en contratación de Covid, gobernador Luis Monsalvo fue imputado
Por irregularidades en contratación de Covid, gobernador Luis Monsalvo fue imputado
Foto: Óscar Pérez

Una vez más, el gobernador suspendido del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco está ante los estrados judiciales. Esta vez, la Fiscalía lo señaló como el presunto responsable de varias irregularidades en el trámite y celebración de varios contratos destinados a atender a la población afectada por la emergencia sanitaria que dejó a su paso el covid-19. El mandatario fue imputado este martes por lo delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.

Según la Fiscalía, en marzo de 2020, el entonces mandatario delegó a la secretaria departamental para que suscribiera 23 contratos para la adquisición de 73.500 kits de mercados, los cuales ascendieron a más de $9.000 millones. La investigación dejó en evidencia que la contratación se realizó de manera directa, y con el aparente desconocimiento de varias disposiciones legales y advertencias hechas para garantizar los principios de transparencia, selección objetiva y economía en los procesos contractuales.

La investigación de la Fiscalía dejó al descubierto ante el Tribunal Superior de Bogotá las posibles anomalías en los estudios de mercado para adelantar la contratación, pues, según el expediente, carecían de referentes claros y rigor técnico. Asimismo, se habría fijado “caprichosamente” el valor de $126.600 por kit de mercado, sin tener en cuenta que los contratos tenían condiciones distintas, como número o tipo de productos, y necesidades de transporte.

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Adicionalmente, quedó en evidencia que las grandes superficies, al parecer, fueron excluidas de la contratación sin justificación alguna y se permitió la selección de empresas o sociedades con falta de idoneidad. Las pruebas, en poder de la Fiscalía, también da cuenta de cotizaciones fraudulentas, indebida determinación de los precios unitarios de los kits de mercado, en algunos casos con costos irrisorios o artificiales; y posibles sobrecostos en, por lo menos, siete contratos.

Según la Fiscalía, todo lo anterior se llevó a cabo con el fin de ajustar los valores individuales a los $126.600. “Para la Fiscalía está claro que el señor Monsalvo Gnecco, presuntamente, se apartó de sus funciones de ordenador del gasto y no vigiló la correcta administración de los recursos públicos, situación que puso en riesgo el patrimonio del departamento”, dijo el ente acusador a través de un comunicado en el que, además, confirmó que esta es la tercera imputación que le hacen al mandatario por hechos corrupción.

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En julio de 2020, el mandatario suspendido se enfrentó a una condena por corrupción electoral. Para la Corte Suprema de Justicia no hubo duda de que Monsalvo Gnecco llegó a convertirse gobernador del Cesar en 2011 con una jugada ilegal y corrupta que lo terminó de llevar contra las cuerdas. En primera instancia, el alto tribunal lo encontró culpable del delito de corrupción al sufragante. La condena en su contra se remonta a hechos cometidos en octubre de 2011 cuando, en plena campaña, el mandatario firmó un documento con líderes comunales de Valledupar en el que les prometió que los iba a mantener “quieta y pasivamente” en un terreno conocido como Tierra Prometida.

Para la Fiscalía, esa promesa de campaña no era otra cosa que un delito de corrupción al sufragante y así se lo hizo saber a la Corte Suprema cuando presentó el escrito de acusación en su contra. A cambio de mantenerlos “quietos”, sus habitantes, que eran por lo menos 800 habilitados para votar, tenían que marcar en el tarjetón el nombre de Monsalvo Gnecco. Aunque se convirtió en mandatario departamental los líos llegaron cuando un fallo de la Corte Constitucional le ordenó el desalojo de las comunidades a las que les había prometido el terreno. La población en reproche llegaron hasta la Gobernación a reclamar y así fue como la Fiscalía terminó investigando que hubo corrupción en medio de su llegada a la administración departamental.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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