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Por su presunta responsabilidad en la masacre de Trujillo, Valle del Cauca, podrían ser investigados los narcotraficantes del Cartel de Norte del Valle Diego León Montoya, alias ‘Don Diego’; Henry Loaiza, alias ‘El Alacrán’; y a Iván Urdinola Grajales, como lo solicitó el Juzgado Cuarto Penal Especializado de Bogotá.
“Se habrá de compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación a fin de que se investigue el proceder de los cabecillas de la organización y por cuenta de quien tuvieron ocurrencia los presentes hechos, como es el caso del señor Henry Loaiza, alias ‘El Alacrán’, Diego León Montoya, alias ‘Don Diego’ e Iván Urdinola”, sostuvo el operador judicial.
Tras considerar que se trataba de un delito en contra de la humanidad, como lo había concluido la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el mismo Juzgado sostuvo que se trataba de una ataque sistemático en contra de la población que, por su magnitud, buscaba sembrar el terror y la zozobra.
“Es claro entonces que estamos ante un punible de lesa humanidad, que dichas muertes causaron pánico y zozobra en la comunidad y de hecho téngase en cuenta el dicho de la madre de los muertos, señora Ángela María Valencia, quien destaca tal situación a punto que luego de la muerte de los hermanos Cano Valencia, y ante la posibilidad de que matasen a sus hijos dejó prácticamente abandonado su inmueble”, precisó el despacho.
Tras condenar a 44 años de prisión al coronel (r) Alirio Antonio Urueña, quien comandaba el Batallón Palacé de Buga, Valle, el Juzgado comprobó la existencia de una actuación conjunta y consensuada del militar con los grupos ilegales organizados que buscaban mantener el control de la zona.
En la sentencia de 120 páginas del Juzgado Cuarto Penal Especializado de Bogotá se documenta la magnitud de la tragedia vivida por los habitantes del municipio, por la cual fueron absueltos los militares José Fernando Berrío Velásquez y Aníbal Álvarez Hoyos.
Más de 200 habitantes de esta población fueron torturados asesinados desde finales de los 80 y hasta mediados de los 90 y muchos de sus despojos cercenados fueron dejados a merced de las corriente del río Cauca, lo que derivó en una condena por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado colombiano.
Por El Espectador
