Por masacre, ordenan reabrir proceso contra general (r) Farouk Yanine

El uniformado había sido exonerado años atrás por la Justicia Penal Militar por estos hechos, pero la Sala Penal del alto tribunal reabrió el proceso, luego de aceptar una solicitud de revisión que hizo la Procuraduría General y atendiendo la recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que instó al Estado colombiano a investigar a fondo este caso.

En el fallo de la Justicia Penal Militar, el general (r), quien para el momento de la masacre era director de la Escuela Militar de Cadetes, fue exonerado, así como otros tres oficiales y suboficiales. El argumento de los jueces fue no había pruebas y evidencias que relacionaran directamente a los uniformados con la masacre.

Con la reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia, la investigación será asumida por la justicia ordinaria, es decir, por la Fiscalía General de la Nación.

El 5 de julio de 2004, la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó al Estado colombiano por estos hechos, en los que, asegura el fallo, se “violaron los derechos a la libertad, la integridad y la vida”.

Asimismo, el Tribunal consideró que, con base en los elementos probatorios, el grupo “paramilitar que desapareció a los 19 comerciantes tenía estrechos vínculos con altos mandos de la Fuerza Pública de la región del Magdalena Medio (específicamente Batallón Bárbula), así como también recibía apoyo y colaboración de estos”.

El fallo de la Corte Interamericana, entre otras cosas, ordenó “el pago de 50.000 dólares a cada uno de los hijos de las víctimas; 80.000 dólares a cada una de las cónyuges y compañeras; 50.000 dólares a cada uno de los padres; 55.000 dólares por concepto de los ingresos dejados de percibir por cada una de las 19 víctimas, y 8.500 dólares a cada uno de los hermanos de las víctimas”.

Lo que ocurrió en Puerto Araújo

El 6 de octubre de 1987, 17 comerciantes que se movilizaban en tres carros desde Bucaramanga hacia Cúcuta y posteriormente a Medellín fueron interceptados y desviados del camino, en el sitio conocido como La Lizama, por un grupo de paramilitares fuertemente armados.  Por varios días no se volvió a saber nada de ellos.

Quince días después de la desaparición, el cuñado de una de las víctimas, acompañado de otro hombre, emprendió la búsqueda de los comerciantes, luego de recibir información de que a ellos se los “estaban comiendo los chulos”.  Tampoco regresaron.

Desde ese momento, los familiares empezaron a recibir amenazas anónimas y allí entendieron que uno de los grupos armados ilegales que hacía presencia en la zona estaba detrás de este crimen.

Los temores de los familiares se confirmaron.  Luego de su captura, en 2007, el paramilitar Alonso de Jesús Baquero, alias ‘Vladimir’, contó lo que ocurrió ese 5 de octubre de 1987 con las 19 personas.

Según relató el paramilitar ante la Fiscalía, los tres vehículos con las víctimas a bordo, fueron llevados por los paramilitares, al parecer con la complicidad de varios militares, a la finca ‘El Diamante’, cuyo dueño era el fallecido jefe paramilitar Henry Pérez y quien desde 1984 comandaba un grupo armado ilegal denominado Asociación de Campesinos y Ganaderos del Magdalena Medio, Acdegam. Ese escuadrón ejercía control en los municipios de Puerto Boyacá, Puerto Berrío y Cimitarra.

De acuerdo con ‘Vladimir’, detenido en la cárcel de Cali, las víctimas fueron torturadas,  les arrancaron una a una las uñas, les quemaron las plantas de las manos, les cortaron los brazos y los decapitaron, todo porque supuestamente no pagaban “las vacunas” y le vendían armas a la guerrilla.

Luego de ser descuartizadas, las 19 personas fueron arrojadas por sus victimarios al caño Ermitaño, que desemboca en el Río Magdalena, según confesó el paramilitar.

Al conocer este testimonio, las familias de las víctimas: Álvaro Lobo Pacheco, Gerson Rodríguez, Israel Pundor, Ángel Barrera, Antonio Flórez Contreras, Carlos Arturo Riatiga, Víctor Ayala, Alirio Chaparro, Húber Pérez, Álvaro Camargo, Rubén Pineda, Gilberto Ortiz, Reinaldo Corso Vargas, Hernán Jáuregui, Juan Bautista, Alberto Gómez, Luis Sauza, Juan Montero y Ferney Fernández exigieron justicia.

Sin embargo y pese a la evidencia presentada ante las autoridades, por este crimen sólo fueron condenados tres de los autores materiales del hecho; los cuatro oficiales y suboficiales del Ejército (general, Farouk Yanine Díaz, teniente coronel Hernando Navas Rubio, mayor Óscar de Jesús Echandía Sánchez y sargento Otoniel Hernández) fueron exonerados.

En consecuencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos aceptó la demanda que hizo la Comisión Colombiana de Juristas y después de la investigación estableció que el Gobierno nacional no garantizó que se realizaran las investigaciones pertinentes, se identificaran los restos mortales ni se les entregara protección oportuna a los familiares de las víctimas.

La conexión con ‘La Rochela’

Este caso logró mayor resonancia porque dos años después de la masacre y sin aparente relación con este hecho, doce integrantes de una comisión judicial fueron asesinados por el grupo paramilitar conocido como Los Máselos en la Laguna, vereda La Rochela, de Simacota, en Santander.

Los investigadores, asesinados el 18 de enero de 1989, se dirigían a la zona a investigar por los menos 25 crímenes realizados en los años recientes por los paramilitares, en supuesta complicidad con miembros de la Fuerza Pública. Entre esos casos, se contaba la masacre de los 19 comerciantes de Puerto Araújo.

También por el caso de ‘La Rochela’, el Estado fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que concluyó que miembros de la Fuerza Pública participaron en el hecho e incluso reveló que el general (r) Farouk Yanine Díaz le habría pagado, junto a otros oficiales del Ejército y de la Armada, a los paramilitares para que llevaran a cabo estos asesinatos.