29 Jul 2021 - 10:59 p. m.

Parque de Leyenda Vallenata vuelve a ser bien público, ordena Corte Constitucional

El predio donde se realiza el Festival Vallenato había sido entregado a una fundación que ahora tendrá que regresarlo a manos del municipio, para su disfrute público.

La Sala Plena de la Corte Constitucional ratificó un fallo de tutela del Consejo de Estado que ordenó a favor del municipio de Valledupar la restitución del Parque de la Leyenda Vallenata, donde se realiza cada año el festival del mismo nombre. La votación que dio paso a esta decisión fue de 5-4, por lo cual, la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, que ocupaba el terreno, deberá cumplir el fallo ordenado hace tres años y entregar el parque para el público.

En 2018, el Consejo de Estado dijo que el convenio de aporte del 18 de mayo de 2000, mediante el cual el municipio entregó el bien de 23 hectáreas a la Fundación, fue irregular y, que el mismo vulneró la defensa del patrimonio público y goce del espacio de los ciudadanos. Esto porque, según el Consejo, se entregó a la Fundación el predio sin que se garantizara su canje por otro espacio de libre acceso para la comunidad y sin que hubiera una retribución real para el municipio.

Ante esto, la Corte Constitucional, con ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibañez, ratificó esa decisión del Consejo de Estado, pero hizo un ligero cambio: se comprometió a la administración de Valledupar para que, como nueva dueña del terreno, lo recupere en su infraestructura y pague el valor de las mejoras que la Fundación había hecho hasta el momento.

El caso llegó a manos de la Corte a raíz de dos recursos de insistencia. Uno de los recursos fue radicado por el magistrado de ese mismo tribunal, Luis Guillermo Guerrero, y el otro por la Defensoría del Pueblo. Ambos documentos aseguran que la Corte debería tener la última palabra en este debate ya que sería este tribunal el que sería competente para trabajar los temas de contratación pública, discusiones sobre derechos fundamentales y la obligación del Estado de proteger patrimonios culturales inmateriales, como es el vallenato en este caso.

El nacimiento de esta disputa se remonta al 2000, cuando el Concejo de Valledupar le transfirió el enorme predio a la Fundación —una organización privada constituida como sin ánimo de lucro— para que construyera allí un parque que honrara la cultura vallenata en un periodo de diez años. El convenio disponía que, a cambio, el municipio podría hacer uso del parque para tener allí actividades culturales y de entretenimiento sin costo alguno, mientras no hubiera cruces con la agenda de la Fundación. No obstante, diez años más tarde, la Procuraduría interpuso una acción popular al considerar que se trató una donación, transacción prohibida con bienes públicos.

Por ende, le pidieron al Tribunal Administrativo del Cesar que declarara la nulidad del convenio. Además, pedían que se anulara la escritura pública que le dio la propiedad del bien a la Fundación de la Leyenda Vallenata y que se ordenara a la entidad devolver de manera formal el predio al municipio. El Tribunal falló la primera instancia en 2012, encontrándole razón a lo que exponía la Procuraduría y concluyó que, en efecto, como se trató de una donación ilícita, se debía anular el convenio para amparar los derechos de la comunidad de la capital del Cesar a la moralidad administrativa, a la defensa del patrimonio público, al goce del espacio público y a la buena fe administrativa.

El fallo fue apelado y llegó al Consejo de Estado que en 2018 decidió mantener, con algunas diferencias lo decidido por el Tribunal. Para el alto tribunal, “la administración transformó la naturaleza de bien de uso público que tenía el predio, en el que se construyó el escenario para así permitir su transferencia a la Fundación, lo que facilitó que su uso quedara en manos de particulares, sin que el ente territorial garantizara su canje por otro espacio de libre acceso para la comunidad y sin que hubiera una real contraprestación para el municipio”.

Aún inconforme con la decisión, la Fundación interpuso una tutela, que fue negada, pero que fue contemplada por la Corte Constitucional. A pesar de todo el trasegar del caso, por más de 10 años, finalmente el alto tribunal decidió que el predio regresaría a manos de la administración municipal, tal y como se había dicho en 2018.

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