Diecinueve días se tomó el Gobierno Nacional para responderle a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) con respecto a las medidas cautelares que emitió en favor de los niños y adolescentes de la comunidad wayuu, expedidas el pasado 11 de diciembre. El Gobierno, por su parte, envió una comunicación al organismo el pasado 30 de diciembre, explicando paso a paso qué se ha hecho para atender a esta población vulnerable y señalando por qué cree que las medidas cautelares deben revocarse.
El documento, elaborado por la Cancillería y conocido hasta ahora, resume en 15 páginas lo que se ha hecho por la población wayuu en La Guajira (lea el documento). Para empezar, se planeó una reunión el 29 de diciembre con Javier Rojas Uriana, una de las personas que solicitó las medidas cautelares ante la Cidh en febrero de 2015. El documento señala que el viceministro de asuntos multilaterales de la Cancillería, Francisco Echeverry, viajó hasta Manaure para encabezar ese encuentro con Javier Rojas Uriana y con delegados de la Presidencia, la Defensoría del Pueblo, los ministerios de Salud, de Vivienda, del Interior y de Agricultura, Bienestar Familiar y el Departamento para la Prosperidad Social.
Para garantizar que Javier Rojas Uriana pudiera asistir, pues él ha denunciado tener problemas de seguridad, se solicitó apoyo de la Fiscalía y de la Policía también. Sin embargo, él desistió de la convocatoria, por lo que la reunión tuvo que llevarse a cabo sin él. “Fue la oportunidad para que las entidades establecieran las acciones de carácter urgente que deberán ser implementadas en los próximos días y un cronograma de actividades con miras a fortalecer la intervención que desde tiempo atrás, el Estado colombiano ha venido adelantando en concordancia con su total e irrestricto compromiso por atender la problemática denunciada”, señala la respuesta de la Cancillería.
Para pedirle a la Cidh que las medidas cautelares se revoquen, la Cancillería hizo un recuento de los programas que se han desarrollado para la comunidad indígena wayuu que vive en La Guajira, con la meta de prevenir que sus niños y adolescentes resulten seriamente afectados por la desnutrición o la falta de acceso al agua potable. Esas son, en pocas palabras, las dos razones por las cuales Javier Rojas Uriana y Carolina Sáchica Moreno le pidieron a la Cidh intervenir.
Uno de esos programas, señala el documento, es la estrategia de microfocalización, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), que “permite identificar la población en vulnerabilidad nutricional e iniciar un proceso de atención especial a niños y niñas menores de 5 años y mujeres gestantes o en período de lactancia”. Otro es la “Estrategia de atención integral en salud y en nutrición con enfoque comunitario”, del Ministerio de Salud, que atiende a las familias de zonas rurales dispersas, especialmente a los niños y adolescentes, a las mujeres en embarazo y a los adultos mayores. Esta última estrategia, aclara la Cancillería, se socializó con la Mesa de Diálogo del Pueblo Wayuu, que le dio su visto bueno en junio de 2015.
Se mencionó la “Alianza por el agua y por la vida en La Guajira”, lanzada por el presidente el 1° de junio de 2015. “Está conformada por 14 entidades del Gobierno Nacional que trabajan de manera articulada con las entidades territoriales departamentales y municipales”, advierte la Cancillería, y “han realizado visitas de diálogo y concertación con representantes de 330 comunidades Wayuu de Manaure, Maicao, Uribía y la zona rural de Riohacha durante el 2015”.
Asimismo, se expuso que se han ubicado y perforado 33 pozos para el abastecimiento de agua, complementándolo con una planta de tratamiento para el líquido. Y que el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico visitó en diciembre a cuatro comunidades dispersas para evidenciar que el acceso al agua sí ha mejorado. “De igual forma, se han llevado a cabo reuniones con autoridades tradicionales del pueblo wayuu para trabajar de manera concertada en acciones para resolver el suministro de agua, la atención en salud y la desnutrición de los niños y niñas indígenas wayuu en el departamento de La Guajira”.
Con base en todos estos argumentos, el Gobierno le pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el pasado 30 de diciembre que revocara las medidas cautelares impuestas 19 días atrás. En su criterio, ya se han tomado decisiones para intentar aliviar la situación de la comunidad wayuu en La Guajira, por lo cual recurrir a ese mecanismo de la CIDH no era necesario. La CIDH, sin embargo, consideró que sí lo era al señalar que el pueblo wayuu estaba sometido a condiciones excepcionales geográficas y climatológicas, además de la pobreza histórica, lo que ha causado la muerte de niños y adolescentes de la comunidad.
Por eso, la CIDH le había pedido al Estado colombiano, con urgencia, asegurar la disponibilidad y acceso a los servicios de salud para los wayuu, con el fin de atender la desnutrición infantil; así como tomar medidas inmediatas para que esa comunidad tuviera agua potable y salubre y para que los niños y adolescentes tuvieran alimentos de calidad en cantidades suficientes. La comunidad wayuu denuncia que, en los últimos ocho años, más de 4.700 niños han muerto por desnutrición crónica.
Por Redacción Judicial
