¿Por qué la Procuraduría pide que se suspendan los proyectos de parques eólicos en La Guajira?

La Procuraduría le puso la lupa a la puesta en marcha de los parques eólicos en La Guajira y pidió que se suspendieran los trámites que harían realidad para 2022 el proyecto conocido como Colectora, del cual se conectarán los nueve parques de energía que ya tienen luz verde en el departamento. No obstante, para el Ministerio Público, el proceso de licitación y la falta de consulta previa a las comunidades wayuu son motivos suficientes para suspender los avances del megaproyecto y así se lo solicitó al Minsterio de Minas y Energía,

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La Procuraduría pidió al Ministerio de Minas y Energía y a cinco entidades más que se suspendiera “la ejecución del proyecto ‘Línea de Transmisión Asociada a la Conexión Cuestecitas-Colectora 1 a 500 kV’, localizado en los municipios de Uribia, Albania, Maicao, Manaure y Riohacha en el departamento de La Guajira y los demás proyectos y actos administrativos contractuales o no, que sean consecuencia directa de los actos inaplicados, que estén en etapa de planeación o en ejecución, hasta tanto, no se agote el procedimiento de consulta previa y obtención del consentimiento libre, previo e informado de las comunidades étnicas que se encuentran dentro del área de influencia”.

Además, pidió a las seis entidades estatales involucradas en la ejecución del proyecto iniciar medidas para la protección de los derechos de las comunidades Wayúu que habitan en las zonas donde se planea realizar el proyecto. Es el caso del Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio del Interior, la Unidad de Planeación Minero Energética, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), Corpoguajira, la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones indígenas y las autoridades departamentales.

Quien ganó la licitación del proyecto Colectora fue el Grupo Energía Bogotá (GEB), quienes no ha presentado el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y que, a su vez, está pendiente de realizar las consultas previas con las comunidades de los municipios de Uribia, Albania, Maicao, Manaure y Riohacha, territorios por donde pasarían los 475 kilómetros que conforman la línea de transmisión. De acuerdo con el Ministerio Público, “la orientación de la regulación ha consistido en facilitar las inversiones de empresas de diversa escala (…) dejando a un lado, entre otros tópicos, la protección de las tierras ancestrales y la autonomía de cada comunidad”.

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Colectora es solo un eslabón de un total de 65 complejos eólicos que atravesarían el corazón de la alta y la media Guajira. Jenny Ortiz, investigadora del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), le dijo a este diario que la situación es compleja debido a que “es como si el Estado pensara la planificación territorial sin las comunidades”. La preocupación no es para menos. En los territorios donde se espera retomar las obras el próximo año, habitan por lo menos 400 mil indígenas pertenecientes al pueblo indígena más grande del país: Los Wayúu , a quienes hasta ahora se les empezó a comunicar de qué se trataba el proyecto y que, de continuar en marcha la implementación de los parques eólicos, tendrían que ser reubicadas.

Del proceso de reubicación de aproximadamente más de 245 comunidades indígenas, poco y nada se conoce. Para Camilo Gonzales Poza, director del Instituto para el desarrollo y la Paz (Indepaz), la situación es casi profética. “Nosotros lo alertamos hace dos años, se lo mandamos al Ministerio de Minas y Energía, se lo mandamos a todo el Gobierno diciéndoles que hicieran las cosas bien porque eso se vuelve un factor de perturbación para las comunidades y estamos frente a los hechos”, señaló. Desde 2018, este Instituto ha estado haciéndole seguimiento a la licitación de los parques eólicos y qué traerán los nuevos vientos para La Guajira.

El año pasado se abrieron las puertas a la posibilidad de incorporar de energías renovables al sistema eléctrico nacional. La subasta se realizó el 23 de octubre de 2019 en aras de que el país pasara de tener de 50 megavatios en 2020 a más de 2.200 megavatios de capacidad instalada para el año 2022. De los 65 parques que conforman la red eléctrica, nueve complejos eólicos ya fueron adjudicados en dicha subasta, cinco de ellos a tres empresas multinacionales: AES Chivor, Energía de Portugal (EDP Renaváveis) y Celsia del Grupo Argos.

No obstante, con la adjudicación han surgido varios interrogantes derivados de los cuestionamientos de las comunidades dueñas del territorio al Ministerio de Minas que respalda a las empresas eólicas que ganaron la licitación. En dialogo con El Espectador, Joanna Barney, investigadora de Indepaz, le dijo a este diario que “el 100% de estos parques se proyecta en el territorio colectivo de la etnia indígena colombo-venezolana Wayúu . Volvimos a estas épocas en donde las consultas previas, no son previas”.

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En este sentido, el director de este Instituto, Camilo Gonzales Posso, advierte que hay un abuso de autoridad por parte de las entidades que tienen a cargo la puesta en marcha de los parques eólicos en La Guajira. “Las comunidades se enfrentan a que ya hay un compromiso de entrega de esas obras para el año entrante y a las comunidades hasta ahora se les va a consultar. Eso es un irrespeto”. Señaló. En esta misma vía, Jenny Ortiz, investigadora del Cinep, señala que la situación “va generando un escenario perverso porque no hay manera de controlar y revisar los procesos de negociación, de licenciamiento, de consultas previas”.

Desde hace años, las características de La Guajira han convertido al departamento en el territorio más atractivo para la implementación de nuevos modelos extractivistas y la incorporación de complejos eólicos, no fue la excepción. Según Jenny Ortiz, “el departamento empieza a ocupar un lugar estratégico en términos extractivos. La Guajira que cuenta con múltiples posibilidades de explotación de recursos. Es el caso, por ejemplo, de la media y sobre todo la alta Guajira, en donde se reciben el viento alisios del norte”.

No obstante, con las intenciones de aprovechar esta energía, la fuerza de estos vientos amenaza también con relegar aún más pueblo indígena más grande del país. Para los Wayúu, Jouktai significa viento, pero más allá de un recurso o de la física del aire en movimiento, es el nombre de una deidad que ha acompañado a este pueblo desde hace milenios cuando se asentaron en La Guajira. Ahora, con el hombre de Jouktai y otros tomados de la cosmología indígena, se bautizaron los parques eólicos que para 2031 se espera que estén funcionando completamente.

Según Armando Valbuena, líder Wayúu , no es la primera vez que se enfrentan a este tipo de escenarios. “En el pasado, la Republica de Colombia se apropió de manera desordenada, arbitraria y ruin del suelo. Además, destruyó y aniquiló el Rio Ranchería que proveía a la Nación Wuayú. Luego de dañar el ecosistema, el Gobierno no reconoce que los propietarios del suelo somos el pueblo Wayúu . No estamos de acuerdo con la forma en la que se piensa acumular dinero produciendo energía eléctrica que beneficiará a todos, menos a nosotros”.

De acuerdo con el Informe de Indepaz, se instalarán más de 2.600 aerogeneradores de energía que, a 2031, producirían 6.500 megavatios para el sistema de interconexión nacional. Es decir, que cuando se efectúe todo el despliegue, La Guajira tendrá la capacidad de producir 30 gigavatios (GW), casi el doble de lo que ahora consume el país. Pero con ello, advierte Ortiz, “se pierde gran parte de territorio wuayú ya que, al estar los sitios sagrados de las comunidades situados allí, hay unos daños muy fuertes en términos culturales, sociales y espirituales: La ruptura del tejido social”.

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La afirmación no es para menos cuando existe uno de los megaproyectos que hasta hoy ha calado hondo en los Wayúu y que advierten como referente: El Cerrejón. Desde la década de los 80, las aspiraciones económicas del Gobierno se volcaron a exportar el carbón de La Guajira convirtiendo al país en el mayor productor de carbón en el mundo, título que aún conserva. Con la apertura de los complejos eólicos, las comunidades y las organizaciones temen que la situación de desplazamiento, muerte y pobreza se repita.

En este sentido, La Procuraduría advirtió que “en territorio de los Wayúu , se agrava la situación por los antecedentes de conflictos interclaniles por el territorio, siendo uno de los más recordados el que se denominó las ‘guerras del gas’, referidas a enfrentamientos por la posesión territorial, incitada por los supuestos beneficios económicos que vendrían con la construcción del gasoducto de Chuchupa-Ballenas, cerca de las costas de Mayapo y El Pájaro (La Guajira)”.

Según Armando Valbuena, líder Wayúu , “esa tierra que nos quitaron fue en vano y para nosotros no significó nada porque no mejoró la calidad de vida, no dignificó a nuestras comunidades y, por el contrario, han muerto más de 5.000 niños por el extractivismo minero que destruyó la economía, la cultura y el sistema alimentario de nuestro pueblo. Si eso fue hace cuarenta años, para nosotros los Wayúu, ni nos va ni nos viene que se atrasen los procesos de licitación que, a la larga, solo afectan a los empresarios”.

La situación de los pueblos en La Guajira quedó plasmada incluso en la Sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional. En ella, se declaró la existencia de serías violaciones a los derechos fundamentales al pueblo Wayúu a causa del “incumplimiento de los parámetros mínimos constitucionales aplicables a las políticas públicas del Gobierno Nacional, del Departamento de La Guajira, de los municipios de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia y de las autoridades indígenas con jurisdicción en esos municipios”.

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De acuerdo con Gonzales Posso, “esta telaraña eléctrica que va a afectar a las comunidades cuando el territorio es propiedad de ellos, se asentaron allí desde hace milenios. Es una prepotencia el pensar que pueden imponer una obra”. Además, para Jenny Ortiz, una compensación no sería suficiente para resarcir los daños que vienen con el megaproyecto. “Desde el Gobierno se habla de una especie de compensación frente a la utilidad que hacen de los recursos, pero en realidad estas compensaciones no implican reparaciones integrales y no compensan los daños causados, Cerrejón es un caso emblemático”.

Por su parte, el Grupo de Energía de Bogotá dijo que “estudia detalladamente” la petición del Ministerio Público relacionada con los procesos de consulta previa en La Guajira. Para Armando Valbuena, líder Wayúu, es importante que el Gobierna reconozca y comprenda las dinámicas culturales propias de este pueblo indígena. Asimismo, las organizaciones pidieron al Gobierno sentarse a negociar con los Wuayú con el propósito de evitar un recrudecimiento de la crisis humanitaria ya existente en el departamento.