Por terror en Buenaventura se desplaza familia de 112 integrantes

La crítica situación de violencia que se vive en Buenaventura sigue generando víctimas y representando un riesgo para sus habitantes, que han visto convertirse a la ciudad en un puerto de terror. Este viernes, la Defensoría de Pueblo denunció que 112 personas, todas pertenecientes a la misma familia, tuvieron que desplazarse hasta Jamundí, desde el pasado 19 de abril, porque estaban siendo víctimas de extorsiones y amenazas por parte de la banda criminal La Empresa. El defensor Regional del Valle del Cauca, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, le explicó a El Espectador que estas personas decidieron desplazarse porque la organización ilegal les pidió $30 millones si querían quedarse en sus viviendas y en sus sitios de trabajo. Una cifra que "ellos no tenían cómo conseguir, por eso proceden a trasladarse a Jamundí".

"Lo preocupante es que fueron todos los miembros de esta familia los que decidieron desplazarse y salir corriendo ante la imposibilidad de reunir el dinero que la banda criminal les pedía", señaló Rodríguez. Y añadió que la situación en la que se encuentran en Jamundí es "precaria, pues las mujeres duermen, junto con los 52 menores de edad, en una casita de madera que puede venirse abajo en cualquier momento, mientras los hombres pasan la noche sobre tablas de madera en el piso". El defensor regional visitó el albergue el pasado miércoles y constató que hasta ese momento "no habían recibido ayudas alimentarias". Por eso, ese mismo día le envió una carta al alcalde municipal, Jhon Fredy Pimentel Murillo, para pedirle "que adelante todas las gestiones correspondientes para brindarles atención humanitaria, integral e inmediata a las familias desplazadas y así salvaguardar sus derechos".

Este viernes Rodríguez se volvió a comunicar con la familia y le informaron que habían recibido “unos mercaditos”. Sin embargo, el defensor enfatizó en que lo más urgente es lograr que los reubiquen en un albergue que "no represente un riesgo para los menores de edad, pues hoy sufren infecciones respiratorias, fiebre y brotes contagiosos, como varicela". Enfermedades que en este momento aquejan a 45 de los 52 menores de edad que hay en la familia. "La población infantil está expuesta a contagios que pueden prevenirse en unas condiciones menos precarias". Por eso la Defensoría, solicitó la intervención urgente del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que intervenga y brinde la atención humanitaria inmediata que requieren los menores, pues, según se lee en la carta de Rodríguez enviada a esta institución, se "debe velar por la salvaguarda de los derechos de la población infantil en condición de desplazamiento".

Además, el defensor Regional del Valle del Cauca explicó que "a todos los miembros de esta familia se les están vulnerando sus derechos fundamentales por las condiciones en las que se han visto obligados a vivir, hecho con el cual han sido revictimizados". De ahí que esté procurando que las autoridades locales y departamentales puedan colaborarles con "elementos básicos” como medicamentos y colchonetas, siempre insistiendo en la reubicación “mientras se resuelve esta situación". "Yo me comuniqué con la Unidad Nacional de Atención a Víctimas y me dijeron que la alcaldía de Jamundí debía enviar una carta donde explicara que no tiene las condiciones ni la capacidad económica suficiente para atenderlos, para luego incluirlos en el Registro Único de Víctimas", señaló Rodríguez. Un trámite que, según sus cálculos, puede demorarse entre un mes y un mes y medio.

Y agregó que después sería deseable lograr el retorno de esta familia de 112 miembros a Buenaventura, sin embargo, le han manifestado que por ahora "no tienen las condiciones para volver allá y aún tienen miedo". Precisamente, porque consideran muy probable que la situación de violencia que los obligó a salir se recrudezca y termine atentando contra sus vidas, por eso tratan de sobrevivir en el albergue, donde incluso pese a las condiciones precarias, no tienen la amenaza encima.
 

mrincon@elespectador.com

@macamilarincon

La crítica situación de violencia que se vive en Buenaventura sigue generando víctimas y representando un riesgo para sus habitantes, que han visto convertirse a la ciudad en un puerto de terror. Este viernes, la Defensoría de Pueblo denunció que 112 personas, todas pertenecientes a la misma familia, tuvieron que desplazarse hasta Jamundí, desde el pasado 19 de abril, porque estaban siendo víctimas de extorsiones y amenazas por parte de la banda criminal La Empresa. El defensor Regional del Valle del Cauca, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, le explicó a El Espectador que estas personas decidieron desplazarse porque la organización ilegal les pidió $30 millones si querían quedarse en sus viviendas y en sus sitios de trabajo. Una cifra que "ellos no tenían cómo conseguir, por eso proceden a trasladarse a Jamundí".

"Lo preocupante es que fueron todos los miembros de esta familia los que decidieron desplazarse y salir corriendo ante la imposibilidad de reunir el dinero que la banda criminal les pedía", señaló Rodríguez. Y añadió que la situación en la que se encuentran en Jamundí es "precaria, pues las mujeres duermen, junto con los 52 menores de edad, en una casita de madera que puede venirse abajo en cualquier momento, mientras los hombres pasan la noche sobre tablas de madera en el piso". El defensor regional visitó el albergue el pasado miércoles y constató que hasta ese momento "no habían recibido ayudas alimentarias". Por eso, ese mismo día le envió una carta al alcalde municipal, Jhon Fredy Pimentel Murillo, para pedirle "que adelante todas las gestiones correspondientes para brindarles atención humanitaria, integral e inmediata a las familias desplazadas y así salvaguardar sus derechos".

Este viernes Rodríguez se volvió a comunicar con la familia y le informaron que habían recibido “unos mercaditos”. Sin embargo, el defensor enfatizó en que lo más urgente es lograr que los reubiquen en un albergue que "no represente un riesgo para los menores de edad, pues hoy sufren infecciones respiratorias, fiebre y brotes contagiosos, como varicela". Enfermedades que en este momento aquejan a 45 de los 52 menores de edad que hay en la familia. "La población infantil está expuesta a contagios que pueden prevenirse en unas condiciones menos precarias". Por eso la Defensoría, solicitó la intervención urgente del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que intervenga y brinde la atención humanitaria inmediata que requieren los menores, pues, según se lee en la carta de Rodríguez enviada a esta institución, se "debe velar por la salvaguarda de los derechos de la población infantil en condición de desplazamiento".

Además, el defensor Regional del Valle del Cauca explicó que "a todos los miembros de esta familia se les están vulnerando sus derechos fundamentales por las condiciones en las que se han visto obligados a vivir, hecho con el cual han sido revictimizados". De ahí que esté procurando que las autoridades locales y departamentales puedan colaborarles con "elementos básicos” como medicamentos y colchonetas, siempre insistiendo en la reubicación “mientras se resuelve esta situación". "Yo me comuniqué con la Unidad Nacional de Atención a Víctimas y me dijeron que la alcaldía de Jamundí debía enviar una carta donde explicara que no tiene las condiciones ni la capacidad económica suficiente para atenderlos, para luego incluirlos en el Registro Único de Víctimas", señaló Rodríguez. Un trámite que, según sus cálculos, puede demorarse entre un mes y un mes y medio.

Y agregó que después sería deseable lograr el retorno de esta familia de 112 miembros a Buenaventura, sin embargo, le han manifestado que por ahora "no tienen las condiciones para volver allá y aún tienen miedo". Precisamente, porque consideran muy probable que la situación de violencia que los obligó a salir se recrudezca y termine atentando contra sus vidas, por eso tratan de sobrevivir en el albergue, donde incluso pese a las condiciones precarias, no tienen la amenaza encima.
 

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