Por torturar a 35 soldados, llaman a juicio a tres oficiales del Ejército
Un fiscal de la Unidad de Derechos Humanos y de DIH acusó a tres oficiales del Ejército de los delitos de tortura agravada y lesiones personales, por los hechos ocurridos el 21 de enero de 2006 en el Centro de Instrucción y Adiestramiento del Ejército en Piedras (Tolima).
Un fiscal de la Unidad de Derechos Humanos y de DIH acusó a tres oficiales del Ejército de los delitos de tortura agravada y lesiones personales, por los hechos ocurridos el 21 de enero de 2006 en el Centro de Instrucción y Adiestramiento del Ejército en Piedras (Tolima).
El Espectador
Los afectados con la medida judicial son los subtenientes Hair Alexander Monroy González, Cristián Camilo Barrera Echeverri y Javier Arturo Pachón Reina, quienes permanecen detenidos en la base de militar de Tolemaida, desde que se conocieron los hechos.
La acusación contra los tres suboficiales se suma a la que en el pasado el ente acusador dictó en contra de otros 17 uniformados entre los que se cuentan suboficiales, oficiales y soldados profesionales.
La decisión de la Fiscalía tiene que ver con lo ocurrido el 25 de enero de 2006 en la guarnición militar tolimense cuando 35 soldados de la Compañía Escorpión del Batallón Patriotas denunciaron que fueron objeto de maltratos, torturas, vejámenes sexuales, por parte de sus superiores, durante un entrenamiento en la pista de evasión y escape del Centro de Instrucción.
Según se conoció, durante la práctica, los uniformados fueron atados de manos, vendados, quemados, golpeados, sumergidos en pozos de barro y estiércol, hundidos en un río hasta que presentaron señales de ahogamiento y algunos fueron víctimas de vejámenes sexuales.
Luego de que se conocieran estos hechos, la justicia Penal Militar abrió una investigación en contra de los superiores encargados de los 30 soldados, pero luego el Consejo Superior de la Judicatura determinó que el caso debería ser resuelto por la justicia ordinaria, por lo que el proceso fue trasladado a la Fiscalía.
Durante mayo y septiembre de 2006 el ente investigador vinculó a 14 militares al proceso y les imputó delitos de tortura agravada en concurso con lesiones personales agravadas y a dos de ellos también los acusó del delito de acceso carnal y acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir.
Asimismo, la Procuraduría General formuló pliego de cargos contra los miembros del Ejército involucrados en los hechos por presunta violación a los Derechos Humanos de los treinta uniformados.
Como consecuencia de este escándalo, fueron relevados de su cargo el comandante del Ejército, general Reynaldo Castellano, y el comandante del Batallón Patriota, coronel Rubén Darío Hernández, quien además fue llamado a rendir indagatoria.
Los afectados con la medida judicial son los subtenientes Hair Alexander Monroy González, Cristián Camilo Barrera Echeverri y Javier Arturo Pachón Reina, quienes permanecen detenidos en la base de militar de Tolemaida, desde que se conocieron los hechos.
La acusación contra los tres suboficiales se suma a la que en el pasado el ente acusador dictó en contra de otros 17 uniformados entre los que se cuentan suboficiales, oficiales y soldados profesionales.
La decisión de la Fiscalía tiene que ver con lo ocurrido el 25 de enero de 2006 en la guarnición militar tolimense cuando 35 soldados de la Compañía Escorpión del Batallón Patriotas denunciaron que fueron objeto de maltratos, torturas, vejámenes sexuales, por parte de sus superiores, durante un entrenamiento en la pista de evasión y escape del Centro de Instrucción.
Según se conoció, durante la práctica, los uniformados fueron atados de manos, vendados, quemados, golpeados, sumergidos en pozos de barro y estiércol, hundidos en un río hasta que presentaron señales de ahogamiento y algunos fueron víctimas de vejámenes sexuales.
Luego de que se conocieran estos hechos, la justicia Penal Militar abrió una investigación en contra de los superiores encargados de los 30 soldados, pero luego el Consejo Superior de la Judicatura determinó que el caso debería ser resuelto por la justicia ordinaria, por lo que el proceso fue trasladado a la Fiscalía.
Durante mayo y septiembre de 2006 el ente investigador vinculó a 14 militares al proceso y les imputó delitos de tortura agravada en concurso con lesiones personales agravadas y a dos de ellos también los acusó del delito de acceso carnal y acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir.
Asimismo, la Procuraduría General formuló pliego de cargos contra los miembros del Ejército involucrados en los hechos por presunta violación a los Derechos Humanos de los treinta uniformados.
Como consecuencia de este escándalo, fueron relevados de su cargo el comandante del Ejército, general Reynaldo Castellano, y el comandante del Batallón Patriota, coronel Rubén Darío Hernández, quien además fue llamado a rendir indagatoria.