Frente al proceso por la venta del 50% de las acciones de la desparecida Orbitel, la Red de Veedurías denunció nuevas posibles irregularidades, luego de que la Contraloría General de la República hubiera asignado el estudio de la solicitud para reabrir el proceso fiscal en contra de las Empresas Públicas de Medellín, EPM, a la abogada Yolanda Castillo Díaz, quien habría sido la misma funcionaria que llevó el caso hasta el momento de su archivo inicial.
Libardo Espitia, integrante de la organización demandante, no sólo solicitó que Castillo Díaz fuera relevada del proceso sino que se iniciaran las investigaciones pertinentes, a fin de establecer si hubo o no omisiones dentro de su actuación frente al caso.
“(…) Esta Veeduría tuvo conocimiento de fue remitida a la Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva. No obstante con la remisión efectuada, causa enorme preocupación para este Organismo de Control Social que la solicitud fuera asignada dentro de la Delegada a la abogada sustanciadora Yolanda Castillo Díaz, quien ha sido la funcionaria que ha llevado el caso desde el año de 2007 hasta la decisión de archivo, y quien ha venido pasando por alto el informe técnico rendido por el Grupo de Apoyo de la Contraloría Delegada sector Infraestructura Física y Telecomunicaciones”, recalcó la Red.
Insistió, así mismo, en que fue esa Delegada la que pasó por alto el estudio del plan de negocios que fue efectuado por el mismo ente de control y que demostraba la presunta disparidad para con el presentado inicialmente por la banca de inversión Inverlink que, aparentemente, llevó a las EPM a pagar un mayor valor que el que el mercado le asignaba al paquete accionario.
“Finalmente, de manera atenta le solicito remitir ese inventario realizado al amparo de las mencionadas resoluciones reglamentarias, indicando estado, entidad, montos, números, funcionario sustanciador y las decisiones que fueron tomadas con base en dicho inventario; información que como bien se sabe, no es reservada”, pidió la Red a la Contraloría.
De la misma manera, solicitaron al Consejo de Estado que revocara la negativa a decretar la nulidad del auto de archivo del proceso fiscal emitida por la Contraloría, demanda que fue negada por un Juez Administrativo de Medellín y por el Tribunal Administrativo de Antioquia en segunda instancia.
La Junta Directiva de las EPM, integrada por la Alcaldía de Medellín, consideró que no hubo irregularidad alguna en la adquisición de las acciones y, en su momento, rechazó la apertura del proceso de responsabilidad fiscal, argumentado un proceso serio y concienzudo previo de estudio, que fue el que llevó a la decisión final de efectuar la inversión.
Por El Espectador
