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El guardia Diego Hernán Torres Lemus, del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), fue asesinado por sicarios el pasado 22 de agosto, minutos después de salir de su trabajo en la cárcel de máxima seguridad de la Tramacúa, en Valledupar. Fue alcanzado por hombres en moto que lo balearon, en lo que ha sido el modus operandi constante contra un total de 63 funcionarios en los últimos siete años, según el sindicato de la Unidad de Trabajadores Penitenciarios. El Inpec y el Ministerio de Justicia respondieron con un plan para fortalecer la seguridad, mientras el sindicato toca las puertas de la justicia internacional. Estas son las preguntas y respuestas de la situación.
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¿Qué detonó el llamado de auxilio?
El asesinato del guardia Diego Hernán Torres, quien tenía 23 años y recibió dos impactos de bala en la cabeza. Llevaba un año y medio en la institución y, aunque fue atendido por un compañero minutos después del ataque, falleció por la gravedad de las heridas. Entre las hipótesis del asesinato, según el director del Inpec, el coronel Daniel Gutiérrez, estaría un supuesto “plan pistola” originado desde la cárcel de Tuluá (Valle), en la que criminales aseguran perseguir a los uniformados dado el reciente plan anti-extorsión lanzado por el INPEC en las cárceles más peligrosas del país.
¿Cuáles son las cifras?
Según el dragoneante Cristian López Mora, vicepresidente del sindicato UTP, el asesinato de Torres no puede analizarse como un hecho aislado. “Hemos registrado cifras escalofriantes durante los últimos siete años: son 63 asesinatos. En su gran mayoría solo están en proceso de investigación. Tres casos han sido resueltos por la justicia”, le dijo a El Espectador. Asimismo, el coronel Gutiérrez confirmó ante la opinión pública que, en el último año, las amenazas ascienden a 184. Es decir, un mensaje intimidatorio cada tres o cuatro días.
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¿Cuál es el modus operandi identificado?
Sobre ello, la UTP ha identificado el por qué de las muertes: “Nos amenazan con panfletos, llamadas. Las amenazas son porque hay compañeros que definitivamente están comprometidos contra las malas prácticas que suceden alrededor de las cárceles. El hecho de visibilizar, denunciar, ir en contra de la corriente, nos hace vulnerables. Los privados de la libertad que tienen mucho poder delincuencial solo con hacer una llamada ordenan cualquier tipo de asesinato o atentado o amenaza en contra de los compañeros. Este flagelo es por falta de garantías por parte del Estado”, agrega Mora.
¿Quiénes estarían detrás de las muertes?
De acuerdo con lo esclarecido por los sindicatos, definitivamente son las bandas multicrimen enquistadas en las cárceles las que estarían detrás de los asesinatos, así como los líderes de las organizaciones que siguen delinquiendo desde prisión. Asimismo, se ha establecido que las bandas tienen alianzas con algunos funcionarios del Inpec, quienes han sido corrompidos y hasta recibirían financiación de los criminales.
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¿Por qué solicitaron medidas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?
La UTP solicitó medidas cautelares a la CIDH ante la sistemática violación de derechos humanos dentro de las cárceles, que está sobre diagnosticada en Colombia y de la cual también son víctimas sus trabajadores. “Denunciamos el nivel de impunidad en los casos y porque se necesitan medidas urgentes de atención por parte del Estado”, dice Mora. El documento radicado ante la CIDH establece que los funcionarios del Inpec se encuentran en estado de indefensión, aseguran que la Unidad Nacional de Protección les desmonta esquemas de seguridad y que las medidas que aportadas por el Estado no han sido suficientes para evitar las muertes y amenazas.
¿Cómo ha respondido el Gobierno?
El pasado 23 de agosto, el Ministerio de Justicia y el Inpec anunciaron nuevas medidas de seguridad para todos los miembros de esa institución con el objetivo de frenar esa situación. Es decir, se creó una estrategia que busca en primer lugar que la UNP revise las amenazas y las medidas de seguridad que tienen los funcionarios. También busca que se cree una unidad especial que investigue los homicidios. “El llamado es para que nuestra Fiscalía nos apoye. Esto va a articulado con un grupo de investigadores de la Dijín de la Policía, que van a ser encargados de investigar estos hechos”, concluyó el coronel Gutiérrez.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
