En 2013, treinta y nueve defensores de derechos humanos fueron asesinados en Colombia, según Naciones Unidas. En las zonas rurales y urbanas del país, donde hacen presencia las Farc, el Eln y un puñado de bandas criminales que reclaman reconocimiento político tras la desaparición de las Auc, la promoción y la defensa de los derechos siguen siendo labores de alto riesgo. Por eso, como “una acción positiva de respaldo al trabajo legítimo de los defensores y al aporte que hacen a la democracia y a la construcción de la paz”, la ONG Diakonia entregará este martes la tercera edición del Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos, ceremonia que tendrá lugar en el marco del Día Nacional de los Derechos Humanos.
Asociaciones y grupos de defensores en todo el país nominaron a 45 personas y organizaciones, entre los que se incluyeron indígenas, afrodescendientes, religiosos, líderes de la comunidad LGBTI, reclamantes de tierras y víctimas del conflicto armado. Trece expertos nacionales e internacionales integran el jurado calificador que decidirá los ganadores en las categorías experiencia o proceso colectivo, defensor del año y reconocimiento a toda una vida de personas y organizaciones. El Espectador presenta los finalistas de estas dos últimas categorías, entre los que se destacan personas que han sobrevivido a los desastres de la guerra y han contribuido a mejorar la calidad de vida de sus comunidades.
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Finalistas de la categoría reconocimiento a toda una vida
Ana Tulia Zapata
Es la gobernadora indígena del cabildo Huellas Caloto, en Cauca, y delegada de las mujeres ante el Consejo Nacional de Justicia Indígena. Su labor como docente y alfabetizadora fue reconocido por la Unesco y se ha destacado por su trabajo en la defensa de los derechos de las mujeres. Su esposo se encuentra desaparecido y ha sido víctima de desplazamiento forzado.
Patricia Ariza Flórez
Es la presidenta de la Corporación Colombiana de Teatro y una sobreviviente del genocidio perpetrado contra la Unión Patriótica. Ha dirigido obras de teatro con víctimas del conflicto armado en Urabá y en Cali y ha participado en procesos artísticos con las madres de Soacha. En 2007 recibió el premio Príncipe Claus, versión dedicada al tema Cultura y Conflicto.
Lilia Peña Silva
En 1998, paramilitares asesinaron a su esposo en San José del Guaviare y la obligaron a desplazarse hacia Barrancabermeja. Un año después creó una asociación de desplazados y en 2005 impulsó el surgimiento de la Asociación Regional de Víctimas de Crímenes de Estado del Magdalena Medio, que cuenta con 1.900 asociados. Ha viajado a Estados Unidos a exponer la vulneración de los derechos humanos en Colombia y diseñó el monumento en memoria de la masacre de La Rochela, en la que paramilitares asesinaron a 13 funcionarios judiciales en enero de 1989. Ha contribuido a la organización de las víctimas en los municipios San Pablo, sur de Bolívar; Puerto Berrío, Puerto Nare, Sabana de Torres y San Rafael de Chucurí. En enero de este año recibió amenazas contra su vida.
María Cardona
Es la secretaria técnica del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado en Caldas y secretaria ejecutiva del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en ese departamento. Se desplazó hacia Bucaramanga, donde en 2009 recibió amenazas de las Águilas Negras y tuvo que recibir protección de la Agencia Asturiana de Cooperación. Contribuyó a la creación del proyecto Colombia Nunca Más, que ha recopilado información sobre 41.000 víctimas de tortura, desaparición forzada y asesinatos de civiles presentados como muertos en combate. El 7 de agosto de 2013 los Rastrojos la declararon objetivo militar y días después fue amenazada verbalmente por un desconocido mientras participaba en un plantón.
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Finalistas de la categoría defensor del año
Ómar García Cañón
Es el párroco de la iglesia La Cuncia, en Villavicencio. Ha apoyado a las víctimas de las masacres de Mapiripán, Puerto Alvira y Alto Tillavá. En 2000, como párroco de Ciudad Porfía, contribuyó a la creación de la Zona Humanitaria del Castillo y fundó la Corporación Retoños, que promueve la documentación y visibilización de vulneraciones a los derechos humanos, la cultura de la no violencia y la investigación y sistematización de procesos sociales. A través de esa organización también ha gestionado recursos del gobierno local y de cooperación internacional para las mujeres y niños víctimas del conflicto armado. En 2013 acompañó a la Fiscalía en la entrega de los restos mortales de personas sin identificación inhumadas en cementerios de Villavicencio.
María Kelly Báez
Es la presidenta y fundadora de la Asociación de Víctimas del Conflicto Armado de los corregimientos Buenavista y Santa Rosa, del departamento de Bolívar. Ha promovido la reparación de las víctimas, la restitución de tierras y la formalización de la minería artesanal. En 2013 fue amenazada, por lo que tuvo que resguardarse durante varios días en Barrancabermeja.
Jorge Alberto Carmona
Es vocero de la Mesa de Derechos Humanos del Valle de Aburrá. Trabaja por los derechos de los reclusos de las cárceles Bellavista y Pedregal y de las penitenciarías de La Estrella y Barbosa. El 11 de febrero fue víctima de un atentado y actualmente cuenta con un esquema de seguridad asignado por la Unidad Nacional de Protección.
Matilde Leonor López
Es la representante de 145 comunidades del pueblo wayuu. A través de acciones judiciales y denuncias públicas ha contribuido a llamar la atención nacional sobre la grave crisis humanitaria que atraviesan los indígenas de La Guajira, por lo que recibió amenazas y se vio obligada a desplazarse a Bogotá.
Por Redacción Judicial
