“Les damos hasta hoy para que estén por aquí; si no, los matamos. Así de sencillo, porque nosotros mandamos”. Estas son las amenazas que han recibido durante las últimas semanas funcionarios públicos en Risaralda, provenientes de grupos ilegales como el Clan del Golfo y el Ejército de Liberación Nacional (Eln). Dos organizaciones cuya presencia tiene en apuros a las autoridades del Eje Cafetero, que piden acompañamiento y medidas urgentes desde alto gobierno.
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A estas intimidaciones se suman las denuncias de reclutamiento forzado de menores, confinamiento de comunidades indígenas, aumento de homicidios y dos combates entre hombres armados y la Fuerza Pública, ocurridos en lo que va de este año.
El pasado 20 de mayo, una funcionaria fue amenazada cuando al celular de su esposo recibió una videollamada de un hombre con el rostro cubierto y portando un brazalete con el logo del Eln. “Le preguntaron por mí, que dónde me encontraba. Nos dieron la orden de que debíamos irnos de Pueblo Rico (Risaralda) y que nos daban 12 horas para hacerlo”, relató Martha*, quien desempeña labores de orientación a víctimas.
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“Aquí llegan bastantes personas que aseguran sufrir amenazas del Clan del Golfo o el Eln, pero no me imaginaba que orientar los procesos de reparación iba a causar esto”, contó la funcionaria. Agregó que su esposo ya tuvo que desplazarse hacia Pereira, pero ella continúa en el municipio.
“La Policía ya tiene conocimiento del hecho y aseguran que puede ser una llamada extorsiva. Sin embargo, ellos no nos solicitaron dinero, ni nada. Solo nos dijeron que por yo trabajar en esos procesos debía irme del territorio. Es complejo, porque tengo toda una vida aquí y no es tan fácil salir y dejarlo todo botado”, señaló Martha.
Dijo que aunque la Policía hace recorridos al rededor de su casa, “el temor y la zozobra están latentes”. Según ella, también han sido amenazadas “varias personas, especialmente de comunidades indígenas”. Aunado a las intimidaciones de los grupos ilegales, estas poblaciones se enfrentan al drama del reclutamiento forzado de menores de edad.
Otras amenazas en el departamento
En entrevista con El Espectador, Eisenhower Zapata, abogado y defensor de derechos humanos en Risaralda, explicó que, desde el pasado 10 de febrero, fecha en que comenzaron los combates entre la estructura Edwin Román Velásquez Valle del Clan del Golfo y el Ejército, se han conocido casos de visitas de los grupos a las escuelas y colegios rurales, ofreciendo dinero a los estudiantes a cambio de unirse a ellos.
“Han visitado sobre todo los colegios y escuelas rurales de los municipios de Mistrató, Apía y Belén de Umbría, para ofrecerles las posibilidades de pertenecer al grupo y les prometen entre $1.800.000 a $2 millones. A algunos, por trabajos más especializados, les dan hasta 4 y 5 millones”, narró Zapata.
Las comunidades indígenas también han denunciado confinamientos masivos, por cuenta de las acciones de los grupos armados y los combates que han sostenido con el Ejército. En el municipio de Pueblo Rico, sobre el corredor que comunica a Risaralda y Chocó, presuntos integrantes del Eln enviaron a la comunidad una orden de confinamiento a finales de enero.
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Autoridades locales reportaron que, por cuenta de ese constreñimiento, al menos 150 familias, unas 400 personas pertenecientes al pueblo emberá katío, estuvieron confinadas durante dos semanas. El Ejército y la gobernación no encontraron campamentos de la guerrilla en esa zona fronteriza entre ambos departamentos, pero no descartan que se trate de unidades móviles.
También el sector caficultor ha manifestado su preocupación. Familias de los municipios de Apía, Santuario, Mistrató, Belén de Umbría y Pueblo Rico temen que la presencia del Clan del Golfo los obligue a desplazarse. Luis Miguel Ramírez Colorado, representante por Risaralda ante la Federación Nacional de Cafeteros, expresó en un comunicado el pasado 28 de mayo que, pese a la presencia de las autoridades, la angustia persiste.
“El sector agrícola y los caficultores han venido denunciando cómo la presencia de hombres armados en las zonas rurales, donde antes no se veían, los tiene en permanentemente zozobra. Esperamos desde el gremio cafetero que el Gobierno nacional tome medidas contundentes”, señaló Ramírez Colorado.
Responden las autoridades
A los llamados de comunidades indígenas, campesinos, funcionarios y líderes sociales se suman las autoridades regionales. Miguel Ángel Rave, concejal de Dosquebradas, advirtió que en ese municipio, que está justo en el centro de Risaralda, hay información sobre confrontaciones entre redes de apoyo urbanas del Clan del Golfo y otra organización criminal denominada La Cordillera.
Su denuncia fue desmentida por Roberto Jiménez Naranjo, alcalde de Dosquebradas: “No podemos dar declaraciones irresponsables (...) Dosquebradas es un territorio de paz, así lo siento yo, y así lo siente la gente”. No obstante, según cifras de la Policía con corte al 25 de mayo, la guerra entre bandas delincuenciales ha generado un aumento del 120% y 109% de los homicidios en Dosquebradas y Pereira en 2025, frente al año anterior.
Ante las alertas por expansión de grupos ilegales en la región y las versiones encontradas que han generado esas denuncias —algo que también ha venido sucediendo en zonas vecinas como el occidente de Caldas y el suroeste de Antioquia—, la Asamblea de Risaralda citó al Ejército para que rindiera cuentas sobre su gestión ante la crisis.
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El pasado 27 de mayo hubo un consejo de seguridad durante el cual el general José Bertulfo Soto Sánchez, comandante de la Quinta División del Ejército, confirmó la presencia de grupos armados y dijo que, efectivamente, las tropas han sostenido operaciones contra las organizaciones ilegales. “Estamos actuando con contundencia para diezmar sus intenciones”, dijo el general.
En diálogo con El Espectador, el gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño, confirmó las denuncias de incidencia del Eln y Clan del Golfo en el departamento. Aseguró que entidades del gobierno, en el pasado, sí han estado en el ojo de los grupos armados; pero en los recientes consejos de seguridad no se han hecho denuncias formales de amenazas a funcionarios.
Además, desmintió las advertencias de expansión del Clan del Golfo en Dosquebradas. “Hay un plan expansionista por parte del Clan del Golfo en algunos municipios del departamento de Risaralda; incluso se han presentado enfrentamientos, pero en la zona rural, como retaliación a las acciones generadas desde el departamento, junto a la Fiscalía, Policía y Ejército”, dijo.
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La Gobernación de Risaralda pronto dará a conocer el cartel de los más buscados de estas organizaciones criminales que delinquen en el departamento y cuya presencia se ha confirmado también en municipios vecinos, como Riosucio (Caldas). Allí también se han presentado combates entre Clan del Golfo y Policía, homicidios y amenazas a líderes sociales.
El gobernador Patiño dijo que la situación los tiene realmente preocupados, por lo que convocó a un consejo de seguridad regional, el próximo 10 de junio, al que confirmó asistencia el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. La reunión ha sido aplazada desde de febrero, pero las autoridades regionales esperan que en esta oportunidad no haya excusa para atender la situación.
*El nombre de la víctima fue cambiado por su seguridad.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Gustavo Montes Arias
Por Valentina Gutiérrez Restrepo
