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Ante la Corte Constitucional, el Colectivo de Abogados 'José Alvear Restrepo' y un grupo de organizaciones defensoras de derechos humanos presentaron una demanda en contra de la reforma presentada a la ley de Justicia y Paz.
En la acción judicial, se indica que con esta modificación se va en contra de los principios de esta Ley que inició su aplicación hace ocho años de agilizar los procesos judiciales y la jurisprudencia emitida por la Corte sobre los alcances de esta ley y su interpretación frente a tratados internacionales sobre derechos humanos.
En este sentido catalogaron esta reforma como un "retroceso y un desconocimiento" de los derechos de las personas víctimas a la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición.
Además, según los demandantes, se desconocen las obligaciones constitucionales para investigar y judicializar aquellos crímenes que no se encuentren dentro de los criterios de priorización que ha establecido la Fiscalía General de la Nación.
En la demanda se consideran que la ampliación de la vigencia y alcance de la ley de 'Justicia y Paz', al permitir nuevas postulaciones, en ciertos casos sin límite en el tiempo, desconoce la obligación del Estado de proteger a las y los ciudadanos, y que existan efectivamente garantías de no repetición de las graves violaciones a los derechos humanos y DIH.
"El balance de los resultados de la ley no son los más alentadores al tener únicamente dos sentencias en firme, lo cual representa una ausencia casi total de justicia, al igual que no ha representado para las víctimas la reparación integral del daño ocasionado por los crímenes cometidos por el paramilitarismo y, si bien se puede decir que hay una contribución a la verdad, esta ha sido parcial y no ha estado encaminada a descubrir quiénes se encuentran entre los máximos responsables del paramilitarismo en Colombia lo que incluye a empresarios, políticos de alto nivel, así como altos mandos militares", precisa uno de los apartes.
Por El Espectador
