Presidenta de la Corte destaca que un grupo al margen de la ley reconozca la institucionalidad
María Victoria Calle manifestó que no asistieron a la firma del acuerdo final puesto que ejercieron funciones de control frente al plebiscito por la paz.
Redacción Judicial
La presidenta de la Corte Constitucional, María Victoria Calle aseguró que desistieron de la invitación para participar en la firma del acuerdo final entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc en Cartagena debido a que fueron jueces de control en los temas referentes al acto legislativo para la paz y el plebiscito. (Vea el especial "A construir la paz")
“A la Corte Constitucional le corresponderá en el futuro controlar los actos legislativos, los proyectos de leyes estatuarias si los hay y las leyes ordinarias. Por prudencia decidimos no asistir porque definitivamente tiene que hacerse un control independiente para el bien de la democracia”, precisó.
La magistrada resaltó que la Corte debe apartarse de asistir a este tipo de eventos para así proteger la imparcialidad. “No puedo calificar, simplemente es un ejercicio democrático interesante, que un grupo al margen de la ley reconoce la institucionalidad”, precisó Calle frente al proceso de paz que se adelantó durante cuatro años en La Habana (Cuba).
Aseguró que existe una función de control y revisión si gana el Sí en el plebiscito. “Hay que revisar todos los proyectos, las enmiendas a la Constitución, los actos legislativos, proyectos de ley estatuaría y ordinaria porque esas son sus atribuciones constitucionales”.
Actualmente la Corporación estudia dos demandas presentadas por el Centro Democrático y un abogado en contra de varios artículos del acto legislativo para la paz aprobado por el Congreso (acto legislativo 01 de 2016). En las acciones se pide declarar inconstitucionales las facultades otorgadas al Presidente.
Las dos acciones coinciden en afirmar que el Congreso le otorgó poder ilimitado al jefe de Estado, sustituyendo así la división de poderes y usurpando la Constitución. Las demandas ya fueron repartidas y tendrán que ser resueltas por los magistrados Gabriel Eduardo Mendoza y María Victoria Calle.
En la demanda radicada por el presidente del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga se han presentado 16 conceptos, incluidos los del Gobierno Nacional y se está a la espera de que la Procuradora General encargada, Martha Isabel Castañeda. Mientras que en la segunda acción judicial se está a la espera de recibir los argumentos para entrar a estudiar al fondo el caso.
El magistrado Gabriel Eduardo Mendoza Martelo ya ofició al Senado y la Cámara para que envíe los antecedentes del Acto Legislativo y para que la Presidencia, el Gobierno y diversas organizaciones sociales emitan sus conceptos.
En días pasados la Corte Constitucional recibió del Consejo de Estado las demandas presentadas por el concejal de Bogotá Marco Fidel Ramírez, los senadores Paloma Valencia y Luis Alfredo Ramos y otra más por la congresista Paola Holguín en contra del decreto del plebiscito por la paz.
La presidenta de la Corte Constitucional, María Victoria Calle aseguró que desistieron de la invitación para participar en la firma del acuerdo final entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc en Cartagena debido a que fueron jueces de control en los temas referentes al acto legislativo para la paz y el plebiscito. (Vea el especial "A construir la paz")
“A la Corte Constitucional le corresponderá en el futuro controlar los actos legislativos, los proyectos de leyes estatuarias si los hay y las leyes ordinarias. Por prudencia decidimos no asistir porque definitivamente tiene que hacerse un control independiente para el bien de la democracia”, precisó.
La magistrada resaltó que la Corte debe apartarse de asistir a este tipo de eventos para así proteger la imparcialidad. “No puedo calificar, simplemente es un ejercicio democrático interesante, que un grupo al margen de la ley reconoce la institucionalidad”, precisó Calle frente al proceso de paz que se adelantó durante cuatro años en La Habana (Cuba).
Aseguró que existe una función de control y revisión si gana el Sí en el plebiscito. “Hay que revisar todos los proyectos, las enmiendas a la Constitución, los actos legislativos, proyectos de ley estatuaría y ordinaria porque esas son sus atribuciones constitucionales”.
Actualmente la Corporación estudia dos demandas presentadas por el Centro Democrático y un abogado en contra de varios artículos del acto legislativo para la paz aprobado por el Congreso (acto legislativo 01 de 2016). En las acciones se pide declarar inconstitucionales las facultades otorgadas al Presidente.
Las dos acciones coinciden en afirmar que el Congreso le otorgó poder ilimitado al jefe de Estado, sustituyendo así la división de poderes y usurpando la Constitución. Las demandas ya fueron repartidas y tendrán que ser resueltas por los magistrados Gabriel Eduardo Mendoza y María Victoria Calle.
En la demanda radicada por el presidente del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga se han presentado 16 conceptos, incluidos los del Gobierno Nacional y se está a la espera de que la Procuradora General encargada, Martha Isabel Castañeda. Mientras que en la segunda acción judicial se está a la espera de recibir los argumentos para entrar a estudiar al fondo el caso.
El magistrado Gabriel Eduardo Mendoza Martelo ya ofició al Senado y la Cámara para que envíe los antecedentes del Acto Legislativo y para que la Presidencia, el Gobierno y diversas organizaciones sociales emitan sus conceptos.
En días pasados la Corte Constitucional recibió del Consejo de Estado las demandas presentadas por el concejal de Bogotá Marco Fidel Ramírez, los senadores Paloma Valencia y Luis Alfredo Ramos y otra más por la congresista Paola Holguín en contra del decreto del plebiscito por la paz.