El presidente del Consejo de Estado, el magistrado Luis Alberto Álvarez Parra, se refirió a los recientes hechos de violencia que han azotado al país. Específicamente, habló de la retención por parte de la comunidad a 33 soldados en el Guaviare que, al parecer, estarían siendo instrumentalizados por las disidencias de las Farc al mando de alias Iván Mordisco.
Desde Villavicencio (Meta), donde se adelanta el encuentro anual de la jurisdicción ordinaria, liderada por la Corte Suprema de Justicia, el presidente del alto tribunal contencioso administrativo repudió los hechos de violencia y pidió que se actúe con todo el peso de la ley. “Este es un flagelo que viene azotando al país desde hace décadas y hoy la nación lo que quiere es reconciliación y paz. Hay que exigir de las autoridades que se respete la vida de los colombianos y las instituciones y la justicia, por supuesto, que actúe con el peso y la severidad de la ley”, dijo.
Asimismo, el magistrado Álvarez señaló que lo ocurrido con los 33 soldados en el Guaviare “merece el mayor repudio” y que “evidencia una debilidad institucional que hoy estamos viviendo frente a los órganos que tienen el deber de asegurar la vida y la tranquilidad de los colombianos”. EL togado manifestó que “lo que hay que hacer es que se ejerzan las acciones y se logre avanzar en la inteligencia para que la fuerza pública recobre el monopolio de la fuerza y de la seguridad de los colombianos”.
Por otra parte, el presidente del Consejo de Estado envió un mensaje de respaldo a la Corte Constitucional, específicamente al presidente de ese alto tribunal, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, quien lidera el estudio de la demanda que busca tumbar la reforma pensional del gobierno de Gustavo Petro. “La justicia es una sola. La rama judicial actúa al unísono y siempre hacemos prevalecer la vigencia de la Constitución y la ley y la fuerza del derecho, de manera que el doctor Ibañez es hoy el representante de una cabeza de los órganos de la justicia”.
También, agregó que el papel de los presidentes de las altas cortes es ”representar a una rama del poder público, de manera que nosotros deploramos que haya descalificaciones y que, por supuesto, no se respete las decisiones de la justicia”.
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