El magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, actual presidente de la Corte Constitucional, tiene cinco días para retractarse y disculparse públicamente con Yolanda Inés Robles Ramírez, madre de uno de sus hijos, por haber manifestado en una entrevista que, probablemente, abusó sexualmente de él y que por eso quedó embarazada. Un juzgado de Neiva (Huila) resolvió una tutela presentada por el hijo del magistrado y por su madre, en la cual señalaron que Ibáñez padre vulneró sus derechos al buen nombre y a la honra.
El caso se remonta a la entrevista del magistrado Ibáñez con el medio de comunicación Casa Macondo, publicada el pasado 16 de agosto, en el que se habla de un expediente perdido en un juzgado de familia de Ibagué (Tolima). Los documentos extraviados precisamente hacían parte de un caso en el que el togado tuvo que reconocer en 2004 la paternidad de Jorge Enrique Ibáñez Robles. En su entrevista con el medio sobre el proceso, el presidente de la Corte Constitucional señaló que apeló dicha decisión judicial y manifestó que el joven no era hijo suyo, que las pruebas de ADN que reposaban en el desaparecido expediente serían falsas y que había no tenía conocimiento de que los documentos del caso se habían extraviado.
“Este es un asunto de la paternidad que aparece y se lo pongo con toda la transparencia. Aparece como consecuencia de una conducta de la que yo fui víctima. Especialmente, digamos, es una víctima de abuso sexual por parte de una señora”, dijo el magistrado en la entrevista con Casa Macondo. Asimismo, señaló que “la mamá de este muchacho, que me lleva como diez o trece años. Trece años siendo yo estudiante de primer año de derecho, pero yo siendo a su entorno político, muy joven, se empezó a hacer una perseguidora y finalmente me encontró aquí en Bogotá y me invitó a que nos tomamos algo y seguramente yo terminé metido en una situación de indefensión donde yo pude haber tenido una relación con ella”.
Para el juzgado de Neiva que le dio la razón al hijo de Ibáñez y a su madre, el presidente de la Corte Constitucional debe retractarse y pedir disculpas, “por cuanto en ellas (las afirmaciones) sí se estarían realizando afirmaciones graves y lesivas en contra de la señora Robles Ramírez, sin advertirse ningún tipo de sustento para ello”.
Según el juzgado, al realizar el análisis de las afirmaciones del magistrado, “resulta claro que estas son categóricas en señalar que él fue víctima de abuso sexual por parte de la señora Yolanda Inés Robles Ramírez, pero además, que lo puso en un estado de indefensión al ingerir un café o alguna cosa, y que producto de ello, fue que termino teniendo una relación sexual con la accionante”. Para esa instancia, las versiones entregadas por el presidente del alto tribunal “no solo son manifestaciones ofensivas, sino que mancillan el buen nombre y la honra de una mujer con la que tuvo un hijo”.
Asimismo, dice el juzgado en su decisión, “muy a pesar de tratarse de opiniones o apreciaciones subjetivas que lanzo el accionado en ejercicio de su derecho de expresión, lo censurable es la naturaleza de las mismas y su carácter lesivo; aunado a ello, no se indicó, ni se advierte incorporado a la actuación, la existencia de elemento de juicio alguno que sustenten sus afirmaciones, esto es, no agotó la carga mínima de veracidad dando con ello lugar a afectación del patrimonio moral de la accionante, que según se aborda en los hechos de la tutela ha generado algún tipo de daño psicológico y afectación emocional”.
En el fallo de la tutela se lee que lo manifestado en la entrevista por el magistrado Ibáñez “no solo se le estaría acusando de haber cometido un presunto delito de abuso sexual, sino que se estaría realizando afirmaciones que denigran y agravian a la accionante lo cual incluso puede propiciar un incentivo a la violencia”. De la misma manera, la decisión señala que esto se agrava cuando “quien realiza estas afirmaciones ostenta un alto cargo, habida cuenta de la dignidad que ejerce y del impacto social que generan sus declaraciones, tiene cargas de veracidad, prudencia y de responsabilidad que le imponen respetar la dignidad y la honra de los ciudadanos”.
Por esas razones, el juzgado ordenó que “en coordinación con el medio de comunicación digital Casa Macondo, y en el término de cinco días contados a partir de la notificación de esta providencia, se retracte y/o rectifique y presente excusas públicas a la accionante por las afirmaciones realizadas”. Las disculpas y retractaciones, además, “deberán publicarse y permanecer en la página web y las cuentas de redes sociales del medio de comunicación digital, al cual también, pese a la libertad de información, le asiste un deber de responsabilidad social frente a sus publicaciones”.
Este es el fallo completo contra el magistrado Ibáñez:
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