El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Roberto Carlos Vidal, acaba de reiterar en rueda de prensa su profunda preocupación sobre las amenazas contra los funcionarios de esta justicia. “Hoy quiero poner en conocimiento de la opinión pública que las intimidaciones contra la JEP persisten. Un equipo de nuestros abogados recibió, al final de la semana pasada, nuevas amenazas relacionadas con otros procesos judiciales que desarrolla la JEP. Nosotros queremos expresar nuestro más enérgico rechazo a esos intentos de intimidación a la Jurisdicción”, señaló Vidal.
Este anuncio del presidente de la JEP se da en un contexto bastante complejo para la Jurisdicción. En los últimos días, se conoció un panfleto amenazante contra magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), exguerrilleros de las FARC, abogados y demás colaboradores del proceso de paz en Santander. La amenaza de muerte fue suscrita por las denominadas Águilas Negras, un grupo del que no se conoce su procedencia, pero que investigadores del conflicto han relacionado con grupos narcoparamilitares o usada como fachada por miembros de la fuerza pública para atemorizar.
“Sentencia de muerte a los guerrilleros, abogados, colaboradores del fracasado proceso de paz. No le permitiremos respirar más, por lo tanto, a los colaboradores que disfrazados en buscar campos minados y supuestos cuerpos desaparecidos engañan al país con el fracasado acuerdo de paz. A esos abogados de guerrilleros, magistrados colaboradores y supuestos defensores de derechos humanos cómplices de las Farc y de los comunistas progresistas deben morir, en consecuencia los declaramos objetivo militar, con nuestros bloques”, dice el panfleto.
“Me he comunicado con la Fiscalía que me han informado, en particular la vicefiscal, Martha Mancera, que avanzan en la investigación sobre estos hechos, que socavan la esperanza de millones de víctimas del conflicto, que empiezan a ver a sus victimarios reconocer su responsabilidad por lo que hicieron. La JEP confía en los resultados de la Fiscalía para judicializar a los responsables de estas amenazas que buscan que no se conozca la verdad de los crímenes más atroces y que pretenden intimidar a quienes decidieron romper el silencio. Esta situación también ha sido puesta en conocimiento de los ministerios de Defensa, Justicia y del Interior, así como de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y de la Misión de Verificación de la ONU que, en su último informe trimestral, rechazó las amenazas contra los magistrados de la JEP, los comparecientes y las víctimas”, señaló Vidal.
Esta no es la primera vez que se presentan amenazas de este tipo. En mayo de este año, el magistrado de la JEP, Alejandro Ramelli, y su magistrado auxiliar Hugo Escobar —encargados del macrocaso de ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos”—, fueron amenazados por el Clan del Golfo. Esta intimidación llegó al número personal del magistrado Ramelli.
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“Hemos declarado objetivo militar a usted, su magistrado auxiliar Hugo Escobar (...), ya que usted y su auxiliar han venido desenterrando un pasado que ya está enterrado”. Ramelli ha sido el magistrado que ha liderado la búsqueda de personas dadas por desaparecidas que pudieron haber sido víctimas de “falsos positivos” y ha estado al frente de las exhumaciones que esa justicia ha hecho en el cementerio de Dabeiba, Antioquia.
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