En la primera Audiencia Pública de Verificación del Caso 01, realizada este jueves 31 de julio, el presidente de la Jurisdicción Especial para La Paz (JEP), el magistrado Alejandro Ramelli Arteaga, hizo declaraciones clave. Esta audiencia, enmarcada en la evaluación de los crímenes de las extintas FARC, busca determinar si se cumplen las condiciones para imponer las Sanciones Propias a los siete exintegrantes del último secretariado de la guerrilla.
Durante la rueda de prensa previa, El Espectador preguntó al presidente sobre qué ocurriría si se determina que no se cumplen estas condiciones. Ramelli Arteaga respondió: “Si no se cumplen, mis colegas tendrán que decir cuál es la vía procesal, pero yo no me quiero anticipar a sus decisiones”. Entre los miembros del antiguo secretariado se encuentran Rodrigo Londoño, alias Timochenko.
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Asimismo, se abordaron las inquietudes de las víctimas, quienes han manifestado que el antiguo secretariado de las Farc no ha reconocido la totalidad de los delitos relacionados con el Caso 01 de secuestros. Ante esto, el presidente de la JEP aclaró que el objetivo de la diligencia es precisamente “verificar que se hayan cumplido con todas las condiciones” para así darles una respuesta.
Ramelli Arteaga también informó que, una vez finalizada la audiencia, la ley establece un plazo de 20 días hábiles para emitir la sentencia, lo que marca la etapa final del proceso. Además, durante la rueda de prensa, se le preguntó sobre la posible comparecencia del expresidente Álvaro Uribe ante la JEP.
Ante esto, el presidente de la JEP recalcó que el expresidente Álvaro Uribe no podría ser un compareciente, ya que la entidad no tiene competencia sobre él: “Los expresidentes tienen un fuero constitucional. Entonces, no tenemos competencia porque la misma Constitución así lo prevé”.
Estas audiencias continuarán hoy y mañana, 1 de agosto, las cuales incluyen una fase de juicio en la que varias entidades estatales presentarán sus compromisos para los proyectos restaurativos. El propósito de estos proyectos es reparar de manera integral a las víctimas, comunidades y territorios afectados.
La respuesta a la Procuraduría
Justamente ayer, la Procuraduría General de la Nación remitió un documento con sus observaciones a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre la Audiencia de Verificación de sanciones en Valledupar, llevada a cabo en días anteriores.
En este documento, subrayó la falta de socialización sobre la viabilidad presupuestal de los proyectos restaurativos que deben ser ejecutados y su preocupación por la falta de claridad en la agenda de la audiencia final, entre otras.
En pocas palabras, la entidad manifestó su preocupación por el manejo y la falta de información brindada después de las audiencias, solicitando que estos problemas de socialización sean atendidos de manera urgente.
Debido a esto, Camilo Andrés Suarez Aldana, magistrado del Tribunal para la Paz, se pronunció, en medio de la audiencia, ante la Procuraduría: “Señor procurador, llamo la atención y quiero expresar que de ninguna manera esta sección tolera ni admite los términos en que usted se ha referido a esta sección. Las actuaciones de esta sección no son una improvisación como usted lo dice. Las actuaciones de esta sección no son un mero protocolo de trámite”.
Asimismo, pidió que no se ponga en duda un proceso que ha llevado siete años: “Se toma esto como si fuera un simple trámite administrativo y protocolario. Señor procurador, no hay espacio más serio y más riguroso que este”.
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