El procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado se mostró de acuerdo con la decisión tomada por el presidente Juan Manuel Santos de no implementar las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) en el proceso que se adelantó contra el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.
El jefe del órgano de control disciplinario consideró que con su actuar el primer mandatario le dio un “espaldarazo a la Institucionalidad” del país, fortaleciendo así la confianza que tienen las personas en los organismos encargados de administrar justicia. “Creo que hay una tranquilidad en la sociedad y en las instituciones”.
“Es un espaldarazo a la Institucionalidad, es una respuesta clara respecto a la existencia de instrumentos jurídicos y constitucionales del derecho interno, donde los colombianos podemos defender nuestros derechos y garantizar la protección de ellos”, precisó el jefe del Ministerio Público en diálogo con La F.M.
Para Ordóñez Maldonado, el presidente de la República no irrespetó con su accionar el papel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sin embargo fue claro en explicar que este tipo de organismos internacionales tienen sus competencias pero también tienen límites.
“Aquí se presentó un claro desbordamiento de las competencias de la CIDH por tal razón pienso que el presidente actuó prontamente en cumplimiento de sus deberes constitucionales y legales”, precisó el procurador General, quien el pasado miércoles en una reunión privada le solicitó al presidente que no aceptara estas medidas cautelares y ejecutara el fallo que destituyó e inhabilitó por 15 años para ocupar cargos públicos a Petro Urrego por las irregularidades en la planeación y ejecución del nuevo modelo de aseo.
Frente a las declaraciones entregadas por los jefes negociadores de las Farc que participan en el proceso de paz en La Habana, Cuba, el jefe del Ministerio Público aseguró que no se puede aceptar el argumento que no tienen garantías si quieren aspirar a cargos públicos. “Todos los colombianos están sometidos a la Constitución y a la ley, no pueden haber colombianos por encima de ella”.
Por El Espectador
