Pretelt, contra las cuerdas

En menos de 24 horas, dos ministros y ocho magistrados le pidieron a Jorge Ignacio Pretelt, magistrado de la Corte Constitucional, que se aparte de su cargo como miembro de ese alto tribunal mientras avanzan las investigaciones en su contra por unos supuestos ofrecimientos al abogado Víctor Pacheco —quien salió este miércoles para Chile—, con el fin de fallar una tutela a favor de Fidupetrol. Primero fue el ministro de Justicia, Yesid Reyes, quien dijo que había llegado el momento de que “Pretelt, aun cuando no tenga ninguna obligación jurídica de hacerlo, se aparte de su condición de magistrado de la Corte para enfrentar los problemas que tiene sin que ésta salga salpicada”.

 

Luego fue el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien sostuvo que la mejor forma de preservar la imagen favorable de la Corte era que Pretelt se separara del cargo. Y luego, a las pocas horas, fueron los ocho magistrados del alto tribunal quienes expresaron que Pretelt debe pensar seriamente en separarse temporalmente de su cargo. Seis de los magistrados le sugirieron pedir licencia, mientras que Mauricio González —quien denunció este supuesto tráfico de influencias ante la Comisión de Acusación— y Jorge Iván Palacio, indicaron que el hasta hace poco presidente de la Corte debía renunciar.

 

La presidenta encargada de la Corte Constitucional, magistrada María Victoria Calle, dijo que Pretelt inicialmente se negó a renunciar, pero que, posteriormente, “nos dijo que consideraría esa petición porque quería saber si perdía o no su fuero y por que quería evaluar otras consideraciones de carácter familiar”. Pretelt, por ahora, analiza su siguiente paso, aunque una vez inició este escándalo dijo que no piensa renunciar y que demostrará su inocencia.

 

Mientras tanto, la Comisión de Acusación y la Fiscalía avanzan en sus investigaciones. Este miércoles, el exmagistrado Alberto Rojas Ríos, cuestionado por haber seleccionado la tutela de Fidupetrol, fue interrogado en la Comisión. El fiscal Eduardo Montealegre, por su parte, agregó un nuevo ingrediente a la controversia al declararse impedido para formar parte de las investigaciones por este supuesto tráfico de influencias, teniendo en cuenta que en 2010 asesoró a Fidupetrol en un proceso ante la Contraloría por una serie de irregularidades cometidas en Casanare. El impedimento fue presentado ante la Corte Suprema de Justicia.

 

“El concepto que se rindió se refería a asuntos jurídicos relacionados con la presunta responsabilidad fiscal de Fidupetrol con ocasión de investigaciones ante la Contraloría. El concepto tuvo como objeto establecer si las fiduciarias en Colombia tienen responsabilidad fiscal ante la Contraloría cuando administran recursos públicos”, señaló el jefe del ente investigador. Además, dijo que aunque esa consultoría no se relacionaba con ninguna consulta penal, se declaraba impedido “para efectos de garantizar la total transparencia en esta investigación y evitar dudas sobre la objetividad, ecuanimidad e imparcialidad”. Por ello, las investigaciones contra Pacheco siguen en manos del vicefiscal Jorge Perdomo. 

 

Valga recordar que, al final, la Contraloría sancionó a Fidupetrol por no haber evitado que, por lo menos, $25 mil millones de las regalías del departamento de Casanare terminaran en manos del consorcio U.T. Likuen, hechos por los que la firma, además, fue condenada por la Corte Suprema de Justicia a pagarle $22.500 millones al departamento desfalcado.

En menos de 24 horas, dos ministros y ocho magistrados le pidieron a Jorge Ignacio Pretelt, magistrado de la Corte Constitucional, que se aparte de su cargo como miembro de ese alto tribunal mientras avanzan las investigaciones en su contra por unos supuestos ofrecimientos al abogado Víctor Pacheco —quien salió este miércoles para Chile—, con el fin de fallar una tutela a favor de Fidupetrol. Primero fue el ministro de Justicia, Yesid Reyes, quien dijo que había llegado el momento de que “Pretelt, aun cuando no tenga ninguna obligación jurídica de hacerlo, se aparte de su condición de magistrado de la Corte para enfrentar los problemas que tiene sin que ésta salga salpicada”.

 

Luego fue el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien sostuvo que la mejor forma de preservar la imagen favorable de la Corte era que Pretelt se separara del cargo. Y luego, a las pocas horas, fueron los ocho magistrados del alto tribunal quienes expresaron que Pretelt debe pensar seriamente en separarse temporalmente de su cargo. Seis de los magistrados le sugirieron pedir licencia, mientras que Mauricio González —quien denunció este supuesto tráfico de influencias ante la Comisión de Acusación— y Jorge Iván Palacio, indicaron que el hasta hace poco presidente de la Corte debía renunciar.

 

La presidenta encargada de la Corte Constitucional, magistrada María Victoria Calle, dijo que Pretelt inicialmente se negó a renunciar, pero que, posteriormente, “nos dijo que consideraría esa petición porque quería saber si perdía o no su fuero y por que quería evaluar otras consideraciones de carácter familiar”. Pretelt, por ahora, analiza su siguiente paso, aunque una vez inició este escándalo dijo que no piensa renunciar y que demostrará su inocencia.

 

Mientras tanto, la Comisión de Acusación y la Fiscalía avanzan en sus investigaciones. Este miércoles, el exmagistrado Alberto Rojas Ríos, cuestionado por haber seleccionado la tutela de Fidupetrol, fue interrogado en la Comisión. El fiscal Eduardo Montealegre, por su parte, agregó un nuevo ingrediente a la controversia al declararse impedido para formar parte de las investigaciones por este supuesto tráfico de influencias, teniendo en cuenta que en 2010 asesoró a Fidupetrol en un proceso ante la Contraloría por una serie de irregularidades cometidas en Casanare. El impedimento fue presentado ante la Corte Suprema de Justicia.

 

“El concepto que se rindió se refería a asuntos jurídicos relacionados con la presunta responsabilidad fiscal de Fidupetrol con ocasión de investigaciones ante la Contraloría. El concepto tuvo como objeto establecer si las fiduciarias en Colombia tienen responsabilidad fiscal ante la Contraloría cuando administran recursos públicos”, señaló el jefe del ente investigador. Además, dijo que aunque esa consultoría no se relacionaba con ninguna consulta penal, se declaraba impedido “para efectos de garantizar la total transparencia en esta investigación y evitar dudas sobre la objetividad, ecuanimidad e imparcialidad”. Por ello, las investigaciones contra Pacheco siguen en manos del vicefiscal Jorge Perdomo. 

 

Valga recordar que, al final, la Contraloría sancionó a Fidupetrol por no haber evitado que, por lo menos, $25 mil millones de las regalías del departamento de Casanare terminaran en manos del consorcio U.T. Likuen, hechos por los que la firma, además, fue condenada por la Corte Suprema de Justicia a pagarle $22.500 millones al departamento desfalcado.