Pretelt dice que no, la Corte que sí

El 2 de marzo de 2015, tras las primeras revelaciones de El Espectador sobre el escándalo de Fidupetrol por una presunta coima de $500 millones al magistrado Jorge Pretelt, la Sala Plena de la Corte Constitucional se reunió durante siete horas para discutir las graves denuncias de corrupción que rondaban -y rondan aún- ni más ni menos que al presidente del alto tribunal de entonces.

Tuvieron que pasar siete meses para que, por fin, la Corte aprobara el acta de siete páginas en la que se consignaron todos los detalles de esa acalorada discusión. ¿Por qué tardó tanto la Corte en aprobar esa acta? El lío es que allí se asegura que en la candente sesión del 2 de marzo el magistrado Pretelt reconoció lo que sería una de las pruebas reina en su contra: que sí se vio en su casa con el abogado lobista Víctor Pacheco el 18 de octubre de 2013 -es decir, al día siguiente de la selección de la tutela de Fidupetrol en la Corte-.

En sus confesiones a la justicia Pacheco ha sostenido que fue en esa reunión que Pretelt le pidió los $500 millones para fallar favorablemente la tutela. El cuestionado magistrado ha negado esa versión una y otra vez. Sin embargo, la aprobación del acta por parte de la mayoría de la Corte (cinco magistrados) podría complicar aún más su situación: en un documento público la Corte dejó constancia de que es un hecho cierto que dicho encuentro sí se dio.

Los magistrados que votaron el acta el pasado 7 de octubre fueron Mauricio González (fue su última votación, pues ese miércoles terminó su período), María Victoria Calle, Jorge Iván Palacio, Gabriel Eduardo Mendoza, Luis Ernesto Vargas y Gloria Ortiz. Ellos seis dijeron recordar con claridad que Pretelt sí había reconocido ese encuentro. Pretelt, en contraste, dejó una constancia señalando que el acta era mentirosa.

Por su parte, los magistrados Luis Guillermo Guerrero y Marta Sáchica (hoy secretaria general de la Corte), aunque no desmintieron la fecha, sí advirtieron que su memoria no les permitía ser precisos sobre ese punto. Durante siete meses se vivieron en la Corte las más agrias discusiones por cuenta de esta acta. Pretelt acusó a sus colegas de querer sacarlo a escobazos y de “inventar” que él hubiera dicho que sí se reunió con Pacheco en su residencia. ¿Podrían estos seis magistrados “inventar” un dato así de grave o fue un resbalón de Pretelt?

¿Qué dice el acta?

Lo interesante del documento en poder de El Espectador, al margen de los desarrollos que ha tenido este caso en los últimos meses, es que allí se consigna en caliente todo cuanto pensaban los magistrados de la Corte sobre el episodio de Fidupetrol. Lo primero que ocurrió ese 2 de marzo es que la magistrada Gloria Ortiz propuso no tener celulares en la Sala. De inmediato María Victoria Calle y Marta Sáchica entregaron sus teléfonos al secretario Andrés Mutis.

Entonces el magistrado Jorge Iván Palacio se quejó de las constantes filtraciones a la prensa, en especial de proyectos de providencias. La magistrada Ortiz “aludió también a la narración de las deliberaciones de la Sala Plena en casos específicos, casi en tiempo real, por periodistas que parecerían estar presentes”.

Seguidamente el magistrado Palacio dijo que a raíz de la denuncia del magistrado Mauricio González contra el magistrado Pretelt, éste debía renunciar cuanto antes no sólo a la presidencia del alto tribunal, sino a su cargo en la Corte.

Después tomó la palabra Luis Ernesto Vargas. Con detalle explicó que el 2 de febrero de 2015 recibió en su oficina al abogado Pacheco, quien le contó que Pretelt le había pedido $500 millones “a cambio de conversar con el magistrado sustanciador del caso, el doctor Mauricio González, y obtener de éste una ponencia favorable a los intereses de Fidupetrol”. Asimismo, relató que cuando le propuso a Pacheco hacer pública esta denuncia, él se rehusó por miedo.

Jorge Pretelt interrumpió a Vargas para decir que se mostraba satisfecho de que no se afirmara que él había recibido dinero, “sino apenas la supuesta solicitud del mismo”. Vargas retomó para rechazar la versión de Pretelt, según la cual estas denuncias estaban relacionadas con un complot para impedir que llegara a la presidencia. Jorge Iván Palacio respaldó a Vargas y pidió a la Fiscalía y a la Comisión de Acusación del Congreso que indagaran este caso inmediatamente.

Gloria Ortiz manifestó su dolor frente al episodio “de mayor gravedad y complejidad en la historia de la Corte”. Señaló no entender cómo varios magistrados que habrían conocido de estos hechos pudieron guardar silencio; insistió en que votó por Pretelt porque siguió “la pacífica y conocida tradición” de elegir al único candidato postulado; advirtió que era igual de reprochable haber pedido dinero que haberlo recibido y propuso que la sala escuchara directamente las denuncias de Víctor Pacheco, “no para hacer de ellas una valoración jurídica, sino una de carácter ético”. Al final pidió que se le quitaran a la Corte todas las facultades electorales.

Jorge Iván Palacio explicó la forma en que fue seleccionada la tutela de Fidupetrol y que el magistrado Alberto Rojas insistió en su selección bajo el argumento de que “el debido proceso es exigible con independencia de a quién corresponda”. Palacio le dijo a Pretelt que no desviara el debate sobre el tema de fondo: la coima. Entonces intervino el magistrado Luis Guillermo Guerrero, quien se mostró “consternado”, pues este caso comprometía la moralidad pública.

Luego pidió la palabra el denunciante Mauricio González. Dijo que Víctor Pacheco le ratificó, primero por teléfono y luego personalmente en Cartagena, que Pretelt sí le pidió plata. Añadió que le preguntó a Pacheco si estaría dispuesto a un careo con Pretelt y que éste dijo que sí, pero que lo aplazó varias veces y por eso optó por la denuncia. Aquel careo tenía como objetivo “ver la reacción de ambas personas”. González resaltó que iría hasta el fondo del asunto.

Por su parte, María Victoria Calle rechazó la defensa de Pretelt, quien en días previos a la Sala Plena habló de un complot y una venganza por la sentencia que tumbó las megapensiones, en la que él ofició como ponente. De allí que planteara que la defensa de Pretelt no podía centrarse en el ataque o la descalificación a sus compañeros, “porque esto le haría más daño a la institución”. Calle se refirió al inmenso daño que este episodio provocó en la reputación de la Corte como guardiana de la Constitución y le “rogó” a la Sala Plena que actuara de manera tal que se proteja a la institución.

En ese momento la tensión subió de nivel. Pretelt se quejó de que sólo hasta entonces le permitieran defenderse; González arreció sus pullas contra Pretelt y Luis Ernesto Vargas insistió en la estrategia del magistrado cuestionado de “tender cortinas de humo”. Marta Sáchica terció para pedir calma. Gloria Ortiz solicitó evitar las acusaciones mutuas, insistió en invitar al abogado a Pacheco a la Corte y concluyó que Pretelt debía separarse ya de la “dignidad” de ser el vocero del alto tribunal.

Mauricio González retomó la palabra y manifestó que la Corte tenía la urgencia de reglamentar mejor la selección de las tutelas. El magistrado Vargas sostuvo que si la sala no le permitía defenderse públicamente de los ataques que le hizo Pretelt, estaría dispuesto a renunciar. María Victoria Calle consideró que eso era inoportuno. La discusión siguió. González propuso emitir un comunicado. Vargas aceptó, pero sobre la base de exponer las dudas que seguían rondando a la Corte.

A renglón seguido, Jorge Iván Palacio le pidió a Pretelt que denunciara a Pacheco si es que era cierto, como había dicho, que era un mentiroso. El magistrado Gabriel Eduardo Mendoza, tan callado hasta entonces, sólo musitó palabra para señalar que Pretelt debía renunciar para no afectar la credibilidad de la Corte. González, Palacio y Vargas insistieron en la renuncia.

Entonces llegó el turno de Pretelt. Según el acta aprobada, éste dijo que jamás intervino en la selección de la tutela de Fidupetrol, que jamás le habló del caso a Mauricio González, que aunque conocía a Pacheco sólo lo recibió una vez en su apartamento el 18 de octubre de 2013, “mientras que este abogado ha visitado en muchas ocasiones el despacho del magistrado Mendoza”. Ese reconocimiento -que hoy Pretelt niega con vehemencia asegurando que en la Corte sus enemigos buscan preconstituir pruebas para enlodarlo-, o resbalón, como se vea, enreda más al magistrado conservador.

Su abogado, Abelardo de la Espriella, indicó que independientemente de lo que diga el acta eso no tiene validez probatoria porque dicha prueba no fue solicitada por la Comisión de Acusación. “Ese 18 de octubre de 2013 el señor Víctor Pacheco no fue a la casa del magistrado Pretelt, tal como logró probarse con los registros de ingreso del edificio en que vive el magistrado. Lo único que demuestra esto es la animadversión de varios magistrados de la Corte contra mi cliente”.

El abogado añadió que varios colegas de Pretelt participaron de un complot para sacarlo de la Corte. “Esa acta puede que sea un hecho cierto para la mayoría de la Corte, pero no para la realidad procesal en donde la prueba recaudada indica lo contrario. Es muy fácil lograr un consenso frente a una mentira cuando se le quiere hacer daño a una persona que resulta molesta para la corporación”, resaltó.

Hoy, más de 210 días después de que estallara el peor escándalo en la Corte, el estado del arte del caso es más o menos este: Pretelt insiste en su inocencia, pero fue acusado por el congresista Julián Bedoya; Pacheco está preso, con principio de oportunidad, y anunciando que echará al agua al mayor accionista de Fidupetrol Hélber Otero (también detenido) y al exmagistrado e íntimo amigo de Pretelt, Rodrigo Escobar, citado a imputación de cargos por la Fiscalía. Entre tanto, la credibilidad del guardián de la Carta Política sigue herida.