Pretelt, en manos de la Cámara por supuesto soborno en caso Fidupetrol

Desde hace 19 años, una denuncia ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes no aprobaba un escrito de acusación contra una de las más altas dignidades del país. En esa oportunidad, al entonces presidente Ernesto Samper era a quien acusaban por el Proceso 8.000. Esta vez es el magistrado Jorge Pretelt, investigado por el escándalo de corrupción en la Corte Constitucional en el que, supuestamente, la empresa Fidupetrol le habría ofrecido $500 millones a cambio de influir en un fallo que le habría permitido a la sociedad zafarse de una multa de $22.500 millones.

Con nueve votos a favor y cero en contra –siete de los congresistas que forman parte de la Comisión de Acusación no asistieron a la votación–, será la plenaria de la Cámara de Representantes la que tendrá que tomar la decisión de si aprueba o no la acusación contra el magistrado Pretelt por el delito de concusión –es decir, soborno–. Tendrán 15 días los 166 parlamentarios para evaluar el escrito, hacerle modificaciones y definir si se aprueba para que el Senado realice el juicio político.

La votación para definir si el escrito de acusación pasa a la plenaria del Senado es por mayoría simple, es decir, que la mayoría de los representantes que asistan a la sesión, la aprueben. Es más, el voto debe ser público y nominal. Una situación que sucede desde que el expresidente Samper logró ser absuelto por la mayoría de la Cámara de Representantes, ya que en un principio su partido político, el Liberal, quería que fuera una votación secreta. Ya en el Senado, por reparto, se seleccionará al congresista instructor del caso.

Los representantes a la Cámara que le dieron el sí al escrito de acusación fueron el ponente Julián Bedoya, Édgar Gómez y Fabio Arroyave, del Partido Liberal; Germán Blanco y Humprey Roa, de los conservadores; Nicolás Guerrero, Berner Zambrano y Carlos Edward Osorio, del Partido de la U, y Candelaria Rojas, de Cien por Ciento Colombia. Se ausentaron los congresistas de los partidos Cambio Radical y Centro Democrático.

El encargado de adelantar la investigación contra el magistrado Pretelt fue el representante Julián Bedoya, quien escuchó a 26 personas –entre ellas todos los magistrados de la Corte Constitucional, directivos de Fidupetrol, al exmagistrado Rodrigo Escobar Gil y al abogado Víctor Pacheco, testigo estrella del caso– para definir que existían los elementos probatorios necesarios para adelantar un juicio político contra Pretelt. Según Bedoya, se logró demostrar que a pesar de que no hay prueba que indique que Petrelt recibió los $500 millones que según Pacheco le pidió a Fidupetrol, es claro que existía un plan de esa empresa para permear el alto tribunal.

En el escrito de acusación de 116 páginas, que fue dado a conocer por este diario el pasado 29 de septiembre, Bedoya expuso que las actuaciones de Pretelt deterioraron la imagen de la Rama Judicial, que la confianza de los colombianos en la Corte Constitucional estaba menguada y que se debía imponer una sanción ejemplar. “A mayor poder y mayores privilegios, mayores responsabilidades. Es obligatorio que la administración de justicia actúe en este caso de modo ejemplarizante”, escribió Bedoya.

En el expediente de Pretelt, el representante Bedoya indicó que a pesar de que el magistrado no recibió la plata, sí se podía decir que la solicitó. “Para explicar esa afirmación debe este despacho manifestar desde ya que no existe prueba directa que permita afirmar que esa solicitud de dinero se produjo. Y es normal que no exista, porque la experiencia nos enseña que ese tipo de solicitudes se hacen con el mayor sigilo y en medio de la clandestinidad. (...) Sería ingenuo esperar obtener prueba directa, porque los sujetos activos de esa clase de delitos son personas inteligentes (...) Hay declaraciones y documentos (grabación de audio) que afirman que Pretelt Chaljub sí le solicitó al abogado Víctor Pacheco la suma de $500 millones (...) Pacheco les comentó sobre esta situación a dos magistrados, Luis Ernesto Vargas y Gabriel Mendoza, quienes ratificaron la versión”.

Frente a la decisión de la Comisión de Acusación, el abogado defensor del magistrado, Abelardo de la Espriella, manifestó que “la acusación contra Pretelt se constituye en un prevaricato sin antecedentes en la historia jurídica de Colombia. Valieron más las presiones políticas, mediáticas y las intrigas que todas las pruebas a favor de mi cliente. El propio representante instructor, Julián Bedoya, en el proyecto presentado, reconoció que no tenía prueba directa contra el magistrado. Esto apenas comienza, falta tela por cortar. No hay nada escrito, daremos la pelea hasta donde sea menester. La injusticia tarde que temprano se derrumba. La verdad se impondrá al final”.

Ahora sólo queda esperar la determinación de la plenaria de la Cámara de Representantes. Sería un hecho histórico que por primera vez fuera llamado a juicio ante el Senado un alto mandatario. Samper fue absuelto en medio de los escándalos del Proceso 8.000. Para Pretelt el panorama no es el más alentador, pues, además de ser un magistrado elegido durante el gobierno de Álvaro Uribe, en su contra ya hay un material probatorio que tiene contra las rejas a otros protagonistas del caso Fidupetrol.