Pretelt y los ‘cacaos’ costeños

El presidente de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt. / ‘Semana’

Tras su retiro de la Corte Constitucional, el exmagistrado Nilson Pinilla se fue lanza en ristre contra su excompañero, el hoy presidente de ese alto tribunal, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, al cuestionar la insistencia de Pretelt para que la Corte estudiara tutelas no seleccionadas inicialmente y que involucraban a “personas muy adineradas de la Costa Atlántica que podrían estar relacionadas con él por lazos de amistad”. Un breve recuento de los señalamientos hechos contra Pretelt —hoy en el ojo del huracán por supuestos ofrecimientos al abogado Víctor Pacheco, representante legal de la firma Fidupetrol— muestra que éstos casi siempre involucran a personalidades y empresarios de la costa Caribe, de donde Pretelt es oriundo. Por ejemplo: lo sucedido con los casos Altos del Campo, Tierra Bomba y el mismo Fidupetrol.

A primeras horas de ayer, la Corte Constitucional, tras casi 8 horas de debate, le hizo un vehemente llamado a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes “para que lleve a cabo, con la mayor celeridad, la investigación en torno a los hechos puestos en su conocimiento por el magistrado Mauricio González Cuervo. La Corte es consciente de que el pronto esclarecimiento de los hechos es trascendental para preservar la legitimidad y la confianza pública”.

Y que los hechos por investigar, “en manera alguna, no conciernen a un supuesto complot ni obedecen a la existencia de bloques en la Corte Constitucional, y por ende, nada tienen que ver con la postura de sus magistrados frente al cumplimiento de funciones electorales, que por lo demás, esta Corte, en diversas oportunidades, ha solicitado le sean retiradas”. Por su parte, el presidente del alto tribunal ha dicho, pese a la solicitud de los magistrados Luis Ernesto Vargas, Jorge Iván Palacio y Mauricio González, que no va a renunciar a su cargo porque “tal decisión afectaría su derecho de defensa y la presunción de inocencia”.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Acusación, el representante Julián Bedoya, citó para hoy al magistrado González Cuervo para que amplíe su denuncia. El Gobierno ya le solicitó a la Comisión que investigue estos señalamientos que enlodan, como pocas veces en la historia, a la Corte Constitucional.

Altos del Campo

En 2008, la abogada Martha Luz Sanz Borja interpuso una tutela contra una constructora de propiedad del entonces alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, y contra la misma Alcaldía de esa cuidad, por una serie de irregularidades alrededor de una licencia de construcción y de la posterior edificación de un conjunto residencial en las laderas occidentales de la ciudad, en una zona con alto riesgo de deslizamientos: el sector de Campoalegre.

La Corte Constitucional le dio la razón y les ordenó a la Alcaldía y a la constructora que, si los estudios de Ingeominas lo recomendaban, adelantaran “las gestiones necesarias para lograr la inmediata reubicación de la señora Sanz, su familia y los demás residentes del conjunto residencial Altos del Campo”. Sin embargo, el litigio sigue sin resolverse. A mediados del año pasado, el representante de la constructora, el abogado Víctor Pacheco, el mismo que hoy tiene en entredicho a Pretelt, le dijo a la W Radio que la constructora ya estaba en condiciones de cumplir “y acatar lo que se ha establecido en aras de superar este impasse”.

Todo se remonta a 2012, cuando tras el incumplimiento por parte de la constructora y de la Alcaldía, una sala de la Corte Constitucional compuesta por los magistrados Nilson Pinilla, Jorge Iván Palacio y Jorge Pretelt, retomó el caso con la intención de ordenarle a la firma Alejandro Char y Cía. Ltda. y a la Alcaldía cumplir de una buena vez con las órdenes de 2008. Sin embargo, Pretelt engavetó la decisión casi seis meses. “Palacio y yo tuvimos que sacar un auto en presencia del presidente de la Corte y de la secretaria general para publicar la decisión y que surtiera efecto”, le dijo Nilson Pinilla a este diario.

Lo peor es que la constructora interpuso un recurso de adición que retrasó nuevamente los efectos de lo que decidió la Corte. Hasta que el 23 de abril de 2014 el alto tribunal le puso punto final al litigio, al reiterarles a la constructora y a la Alcaldía la obligación de cumplir lo señalado.

Tierra Bomba

En 2001, durante las investigaciones por el caso Dragacol, la Fiscalía dio inicio a un proceso de extinción de dominio contra unos predios de familiares del excongresista Reginaldo Bray, en Tierra Bomba, una isla al frente de Cartagena. Siete años después, en 2008, el proceso se cayó y los afectados pidieron la devolución de los predios. En 2009, el Tribunal de Cundinamarca les dio la razón. Sin embargo, ordenó devolverles una extensión siete veces mayor a la que se les había quitado. En 2012, el proceso llegó a la Corte Constitucional, a una sala compuesta por Palacio, Pinilla y Pretelt. Palacio y Pinilla estuvieron de acuerdo en devolverles a los afectados solamente los terrenos ocupados por la Fiscalía.

Pero cuando la decisión estaba a punto de salir, Pretelt, que pedía que el fallo del Tribunal quedara incólume, lo engavetó por unos días. Hasta que éste por fin salió. Sin embargo, a los pocos meses los familiares de Bray solicitaron la nulidad de la sentencia y recusaron a Palacio y Pinilla. Al primero lo señalaron porque, supuestamente, un sobrino suyo era propietario de tierras en la isla, lo que se comprobó no era cierto. Hubo, incluso, quejas ante la Comisión de Acusación.
El debate en Sala Plena por poco divide a la Corte entre quienes estaban de acuerdo con devolver sólo los predios ocupados y los que no, entre ellos, el hoy exmagistrado Alberto Rojas, cuestionado por haber seleccionado la tutela interpuesta por Fidupetrol. Fue necesario recurrir a dos conjueces para que el alto tribunal decidiera no regresar todas las tierras que se mencionaban en el fallo, sino las tomadas por el ente investigador

Recaudos y Tributos S. A.

En mayo de 2014, la Corte Constitucional, por medio de un auto del magistrado Jorge Pretelt, tumbó una sentencia en la que favorecía a una firma de Santa Marta, Recaudo y Tributos S. A., en un litigio contra la Alcaldía de esa ciudad por la finalización de un millonario contrato. Sin embargo, dos años antes, la Corte había dicho que la Alcaldía no podía terminar de forma unilateral el contrato, que se había convertido en un dolor de cabeza para las autoridades del puerto y que al hacerlo le había causado a la empresa un daño irreparable. En ambas decisiones, que son contradictorias, el magistrado ponente fue Jorge Pretelt. Finalmente, se decidió que la Alcaldía no vulneró los derechos de R&T y por ello se tumbó la sentencia.

Fidupetrol

El 13 de marzo de 2013, la Corte Suprema de Justicia condenó a la firma Fidupetrol a pagar a favor de la Gobernación de Casanare la suma de $22.500’000.000 por perjuicios materiales. La firma interpuso una tutela por medio de su abogado, Víctor Pacheco, por supuesta violación al debido proceso. La tutela fue negada. Sin embargo, en una reciente denuncia hecha por el magistrado Mauricio González Cuervo, se señala que Pretelt le solicitó a Pacheco $500 millones para ayudarle con el magistrado que estudiaba el caso, quien no era otro que González.

El presidente de la Corte Constitucional ha dicho que conoce a Pacheco y se ha reunido con él, pero que nunca le pidió plata para ayudarle con el proceso. De la misma forma, ha dicho que los señalamientos en su contra por parte del exmagistrado Nilson Pinilla son en venganza por haber sido el ponente del fallo que tumbó las megapensiones. Y ha señalado que hay un complot en su contra orquestado por el expresidente de la Corte, el magistrado Luis Ernesto Vargas Silva. Aunque, valga decirlo, tras la sala extraordinaria realizada el pasado 2 de marzo, tuvo que salir a decir lo contrario.