Primera condena para los Nule

Después de más de ocho meses de frustradas negociaciones con la Fiscalía, el novelón judicial del grupo Nule por el llamado cartel de la contratación en Bogotá tuvo ayer un capítulo definitivo en el escándalo: la condena a 90 meses de prisión, por el delito de peculado, a Miguel, Manuel y Guido Nule, y el pago de una multa de $10.042 millones. Su socio, Mauricio Galofre, fue sentenciado a seis años de cárcel y una multa de $8.230 millones.

En criterio del juez 38 de conocimiento de Bogotá, los Nule se apropiaron ilegalmente de unos $66 mil millones como consecuencia de los anticipos en los contratos de malla vial de la capital de la República. Parte del dinero que devolvieron fue aportado por la aseguradora y, con este fundamento, el juzgado no accedió a las pretensiones de su defensa de evaluar una posible rebaja de pena. Al valorar el caso el juez señaló que Bogotá vive un caos vehicular desde que comenzaron las reparaciones de la malla vial y la ejecución del contrato de la fase III de Transmilenio.

El más grave escándalo de la ciudad estalló en junio de 2010, cuando Miguel Nule le entregó a Caracol Radio la grabación de una conversación entre él, el excongresista Germán Olano y Mauricio Galofre, en la que se habla de ‘mordidas’ para el otorgamiento de contratos, coimas que tendrían como destino la exigencia de los hermanos Samuel e Iván Moreno Rojas y un grupo de intermediarios a su servicio. Fue en noviembre del año pasado cuando desde Panamá los Nule encendieron su ventilador y destaparon la olla.

Como consecuencia de ello, el excongresista Germán Olano fue apresado, el excontralor Miguel Ángel Moralesrussi enfrenta un juicio, el suspendido alcalde Samuel Moreno fue imputado por tres delitos, su hermano Iván fue acusado por la Corte Suprema de Justicia; la exdirectora del IDU Liliana Pardo también terminó enjuiciada y destituida por la Procuraduría; el exdirector jurídico del IDU, Inocencio Meléndez, aceptó parcialmente su responsabilidad y asimismo le contó a la justicia lo que le constaba.

Desde el mismo instante en que los Nule comenzaron a abrir la caja de pandora de la contratación en Bogotá, iniciaron contactos con la Fiscalía para gestionar un principio de oportunidad que les permitiera, en calidad de testigos, revelar las minucias del cartel a cambio de beneficios procesales. Ellos insisten en que llegaron a acuerdos y hasta firmaron un acta con la Fiscalía en la que se comprometieron a revelarlo todo a cambio de ser condenados únicamente por el delito de peculado. La Fiscalía también los investiga por los delitos de fraude procesal, falsedad en documento, concusión y concierto para delinquir.

El 3 de abril de 2011 regresaron al país procedentes de Europa y de inmediato fueron detenidos y llevados a la cárcel La Picota. Al margen de sus declaraciones, la Fiscalía ha sustentado su negativa de otorgarles el principio de oportunidad con respecto a los otro cuatro delitos porque, en su criterio, los Nule no han entregado todos sus bienes para reparar a sus acreedores y posibles víctimas. En la otra orilla, los Nule han justificado que sí lo han hecho y que sus acciones en Enertolima y Enerpereira son suficientes para cubrir sus deudas. En ese tire y afloje llevan ya casi seis meses.

Todo ello sumado a que, además, dos de los principales salpicados en el escándalo, como el contratista Emilio Tapia o el abogado Álvaro Dávila, siguen sin ser llamados a cuentas por la justicia. Las audiencias para imputarles cargos han sido aplazadas en muchas ocasiones. Y además el contratista Julio Gómez llegó a un acuerdo con la Fiscalía en el cual se comprometió a devolver apenas $297 millones y no fue solicitada su medida de aseguramiento. Todo esto hizo que los Nule anunciaran que no colaborarían más con la justicia ni asistirían en calidad de testigos a ningún proceso.

La Fiscalía sostiene que sin ellos tiene cómo condenar al alcalde Samuel Moreno y a sus demás colaboradores. Los Nule apelaron la sentencia del juez 38 y esperan llevar su caso hasta la Corte Suprema de Justicia. Sus abogados desistieron ya de seguir insistiéndole a la Fiscalía con el principio de oportunidad y buscarán articular una defensa en los estrados judiciales. Más allá de la controversia por esta pelea jurídica, después de muchos meses de que les fuera imputado el delito de peculado, por fin fueron sentenciados.