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1 Oct 2021 - 1:34 p. m.

Primera condena por el asesinato de la empresaria y lideresa Juana Perea en Nuquí

“El Tigre“, miembro del Clan del Golfo que disparó contra Perea en octubre de 2020 llegó a un preacuerdo con la Fiscalía. Pagará una condena de 17 años y 8 meses de prisión por el asesinato de la ambientalista.
Fotografía familiar que muestra a la ciudadana colombo-español Juana María Perea Plata. La empresaria y activista fue asesinada en Nuquí.
Fotografía familiar que muestra a la ciudadana colombo-español Juana María Perea Plata. La empresaria y activista fue asesinada en Nuquí.
Foto: Agencia EFE

Néstor Leonel Lozano Muriel, alias Tigre o Guachón, perteneciente al Clan del Golfo, fue condenado a 17 años y ocho meses de prisión por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir por el asesinato de la líder ambiental Juana María Perea Plata. Ante las pruebas, el Tigre hizo un preacuerdo con la Fiscalía para reducir su condena por este crimen.

En el juicio se determinó que El Tigre fue quien disparó y arrojó el cuerpo al agua en el sector conocido como Coquí (Nuquí, Chocó) el 20 de octubre de 2020. Asimismo, la Fiscalía comprobó que este líder del Clan del Golfo hizo parte del grupo armado que llegó a la vivienda de la ambientalista en el corregimiento de Termales y, conforme a las pruebas, se la llevó a la fuerza en una lancha que recorrió el Pacífico hasta el río Nuquí.

La directora de derechos humanos de la Fiscalía, Deicy Jaramillo Rivera, dijo que “ante la contundencia del material de prueba obtenido, Lozano Muriel aceptó la participación en los hechos y logró un preacuerdo con la Fiscalía, el cual fue aprobado por un juez de conocimiento”. Tras declararse culpable, el Tigre seguirá privado de su libertad en un centro carcelario hasta completar su condena.

Lea también: Uno de los vinculados al asesinato de Juana Perea ahora será investigado por feminicidio.

Por el asesinato de la ambientalista han sido capturados además, Mulo y Nilson Enrique Obregón Reyes, alias Cabeza, quien en febrero de este año fue enviado a la cárcel, pues se trataría de quien intentó ocultar rastros del crimen. En ese entonces la Fiscalía dijo que Obregón fue quien escondió las armas que se usaron en el asesinato de la colombo-española.

Adicionalmente, el ente investigador aseguró que alias Cabeza habría conseguido una casa para albergar a las otras personas que al parecer participaron en el asesinato. “En las verificaciones realizadas se constató que el procesado tiene antecedentes judiciales por homicidio, delitos sexuales, porte ilegal de armas y tráfico de estupefacientes”, manifestó el ente investigador en ese entonces.

En contexto: Juana Perea, lideresa de Nuquí, Chocó, fue asesinada.

Juana María Perea Plata tenía 50 años cuando fue asesinada. La ambientalista era nieta de Andrés Perea Gallaga, quien en 1945 fue el primer delegado del gobierno vasco en Colombia, había llegado a Termanles, en Nuquí, y empezó la construcción de un hotel ecoturístico, de acuerdo con información dada por su prima Ana María Restrepo Perea. La asesinada lideresa había comprado junto a su esposo, un bombero estadounidense, diez hectáreas de tierra en la zona de Termales. Según la prima de la víctimas, “compraron esas diez hectáreas en el sitio más lindo y paradisiaco del mundo (...) pero donde todo el mundo lo vigila a uno, eso es el reino de los paracos (paramilitares), allá no hay Gobierno, no hay nada”.

De acuerdo con las cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Paz (Indepaz), en 2020 fueron asesinados al menos 351 líderes sociales y ambientales en todo el país. Por su parte, la Defensoría registró 182 asesinatos en 103 municipios. Según la entidad, el 50% de los casos se concentró en los departamentos de Cauca, Nariño y Chocó, en la región Pacífica, y en Antioquia (noroeste).

Para la Defensoría, “estos territorios en donde se concentran los homicidios a líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos coinciden con los departamentos en los cuales se ha emitido un mayor número de advertencias debido a la existencia de escenarios de riesgo asociados a la lucha por el control territorial entre grupos armados organizados”.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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