A las nueve de la mañana de este jueves, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dará a conocer su primera sentencia relacionada con las ejecuciones extrajudiciales, mal llamadas falsos positivos, cometidas por integrantes del Batallón La Popa entre 2002 y 2005 en el sur de La Guajira y el norte del Cesar. Después de poco más de siete años de trabajo, la Sección de Reconocimiento de Verdad del Tribunal para la Paz de la JEP emitirá la decisión en contra de 12 militares retirados, quienes son comparecientes que aceptaron su responsabilidad dentro del macrocaso 03, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas de personas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado.
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¿Quiénes serán los sentenciados?
De los 15 investigados por su presunta responsabilidad en falsos positivos cometidos al interior del Batallón La Popa, solo 12 aceptaron ser máximos responsables y serán quienes hoy recibirán su sanción propia. La lista está compuesta por Guillermo Gutiérrez, Heber Hernán Gómez, Efraín Andrade Perea, Manuel Valentín Padilla, Carlos Andrés Lora, Eduart Gustavo Álvarez, José de Jesús Rueda, Élkin Leonardo Burgos, Élkin Rojas, Juan Carlos Soto, Yeris Andrés Gómez y Alex José Mercado.
Dentro del macrocaso 03 también se encuentra el primer compareciente ante la JEP que nunca aceptó su responsabilidad por los falsos positivos de La Popa: el coronel en retiro Publio Hernán Mejía, quien enfrenta un juicio adversarial en esta jurisdicción. Se espera que su sentencia sea conocida, a más tardar, a inicios de octubre próximo.
¿Por qué hechos serán sentenciados los militares?
Los 12 militares aceptaron haber participado en las ejecuciones extrajudiciales de 135 personas, cuando estuvieron adscritos al Batallón La Popa. Estos crímenes, según confesaron y logró corroborar la JEP, los cometieron en cooperación con grupos paramilitares. Como se determinó dentro del caso, los paramilitares buscaban a sus víctimas a partir de ciertos patrones o características generales y se los entregaban a militares de La Popa para que los hicieran pasar como bajas en combate. Según detalló la JEP, “en un gran número de los hechos ocurrió desaparición forzada. Los pueblos indígenas Wiwa y Kankuamo, especialmente, fueron víctimas de un daño grave, diferenciado y desproporcionado por parte de algunos integrantes de esta unidad militar”.
Dentro de los delitos por los que son juzgados los militares en retiro de este macrocaso, están el de homicidio en persona protegida, desaparición forzada, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Las víctimas de esa alianza criminal entre los agentes del Estado y los paramilitares eran elegidas, según encontró la JEP, de estas formas:
- Unas eran personas que habían sido entregadas o asesinadas por los paramilitares.
- Algunas fueron personas señaladas de pertenecer o ser colaboradores de la guerrilla en la zona.
- Otras de las víctimas fueron personas que habían sido detenidas por hechos que podrían haber sido delictivos y que fueron asesinadas cuando estaban bajo custodia de la fuerza pública.
- También, fueron asesinados miembros de grupos armados que estaban en estado de indefensión o que entregaron las armas y se pusieron a disposición del batallón.
¿Cómo serán sancionados los militares?
Hasta que no se conozca la decisión completa de la JEP, es incierto cómo cumplirán la sentencia que les sea impuesta. Sin embargo, lo que sí se sabe es que recibirán una sanción que no es privativa de la libertad, pero que sí implica que deberán realizar obras y labores restaurativas para las víctimas en un período de entre cinco y ocho años. La sanción restaurativa deberá contemplar los proyectos acordados en cuatro líneas de reparación: memoria y dignificación; sanción, armonización territorial y fortalecimiento organizativo; infraestructura comunitaria; productividad y generación de ingresos.
¿Cuántas víctimas hay por los falsos positivos del Batallón de la Popa?
De las 4.222 personas acreditadas como víctimas de falsos positivos en el país, 538 pertenecen a la costa Caribe. Para el caso de La Popa, ante la JEP se radicaron en total 117 demandas de reparación por los crímenes. Aunque las familias han esperado por más de siete años a que la jurisdicción emita las sentencias en su caso, varias han expuesto su inconformidad por como se han adelantado los procesos y aseguran que los victimarios no han entregado la verdad completa sobre los falsos positivos.
También, cuestionaron que casi todas las acciones restaurativas adelantadas son obras de infraestructura que no los reparan realmente. Piden, además, que la justicia transicional avance en una de las deudas más grandes que tienen los máximos responsables que comparecieron en este macrocaso: aportar a la búsqueda e identificación de los desaparecidos, muchos de los cuales, 20 años después de haber sido asesinados por militares y paramilitares, siguen siendo buscados por sus seres queridos.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
