Prisión de 28 meses por crimen ecológico

En un país como Colombia, donde los parapolíticos apenas pagan unos tres años de cárcel o ex jefes de las Auc, vinculados a masacres, secuestros y un largo etcétera de crímenes, como máxima pena purgarán ocho años de prisión —y así los ejemplos abundan—, suena por lo menos exótico que la justicia condene a 28 meses a un hombre que taló árboles en su propio predio en Choachí (Cundinamarca). En julio de 2000, en la vereda Ferralarada, en un área aproximada de dos hectáreas de propiedad de Víctor Hernán Clavijo, ocurrió “la tala de un bosque nativo de arrayanes, encenillos, levaduras, tunos, gaques, cueros y laureles”.

Enterado del crimen ambiental, el director de la Umata, Jaime Hernando Rodríguez, acudió a la Fiscalía. Hacia noviembre de ese año Clavijo fue acusado por el delito de daños a los recursos naturales y medio ambiente. Seis años dio vueltas el proceso y en junio de 2006 un juzgado de Cáqueza (Cundinamarca) sentenció al ‘arboricida’ a 28 meses de cárcel y tasó el crimen ecológico en unos $40 millones. Clavijo apeló, alegó que los árboles que taló estaban en su predio y recordó que durante el juicio la Fiscalía pidió absolverlo.

Hace apenas una semana la Corte Suprema le puso fin al pleito. Sin entrar en la discusión sobre los daños reales causados al medio ambiente o a la sociedad por la tala de los árboles, el alto tribunal confirmó la sentencia de 28 meses al considerar que, muy a pesar de que la Fiscalía se hubiera ‘retractado’, sí se cometió un delito contra el ecosistema que figura en el Código Penal y que contempla penas de dos a ocho años de prisión. Diez años después del crimen ecológico que escandalizó a Choachí —o, por lo menos, al entonces director de la Umata de la región—, el culpable así fue declarado.

No obstante, en un país en el que campea la impunidad —sostienen algunos allegados al proceso— no se sabría si en este caso se hizo justicia o se aplicó en exceso.