El procurador General, Fernando Carrillo Flórez manifestó que existe una clara desarticulación entre las entidades y organismos del Estado para atender los casos de las víctimas de ataques con ácido y agentes químicos. Pese a la existencia de una legislación para sancionar a los responsables esta todavía no se aplica de una debida manera.
“Hemos expedido las normas perfectas, pero de los derechos a los hechos hay una distancia bastante grande”, precisó Carrillo. En este punto considera que la mayoría de las víctimas no reciben una atención adecuada en materia de salud, y tras el ataque son excluidas de las oportunidades laborales.
Este último punto es una “tarea pendiente” que tiene el Estado y la sociedad para garantizar una vinculación laboral a las víctimas de este tipo de ataques. Colombia registra el primer puesto a nivel mundial de casos de ataques con agentes químicos en contra la mujer, situación que obliga a crear una política pública para proteger sus derechos.
En el tema de la salud el Procurador General consideró que falta “mucho camino por recorrer” en la prestación de un servicio y en la atención integral a las víctimas. Esto representa falencias en mecanismos de atención a corto y largo plazo, así como ayuda y acompañamiento de tipo psicológico.
“Hay una descoordinación institucional para atender a las víctimas de agentes químicos”, precisó el jefe del órgano de control disciplinario. Las falencias se presentan en materia de salud, justicia y trabajo, puesto que en muchos casos no reciben una respuesta “oportuna y eficaz” a sus necesidades. Esto genera aún más drama.
Las víctimas de estos ataques denunciaron que existen obstáculos a la hora de acceder a la atención médica requerida, puesto que existen trabas para pedir una cita médica, fallas en los protocolos de atención en sus casos especiales. Además de problemas para acceder a la justicia y lograr un reconocimiento laboral.
Estas declaraciones se hicieron después de la celebración del primer Consejo Asesor de la Sociedad Civil “Derechos de las víctimas sobreviviente de ataques químicos”.
Por Redacción Judicial
