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El procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado hizo un llamado de atención sobre las fallas en la aplicación de los mecanismos de protección establecidos en la ley de víctimas.
El jefe del Ministerio Público indicó que todos los funcionarios públicos del país deben garantizar el conocimiento de los alcances de esta ley con el fin de lograr un restablecimiento de los derechos fundamentales.
"Debe enfocar su atención de manera tal que garanticen los tiempos implementación de la política pública sean acordes a los requerimientos de las víctimas", precisó el jefe del órgano de control disciplinario.
En una corta intervención, Ordóñez Maldonado le hizo un llamado de atención a los funcionarios del Ministerio Público para que reciban las “declaraciones de víctimas del conflicto armado y de desplazamiento forzado deben como mínimo explicarle a las víctimas el alcance del marco normativo".
En este proceso deben tomar las medidas necesarias y recolectar la información necesaria para superar los estados de vulnerabilidad derivados del desarraigo al que se encuentran expuestos por culpa de los autores del conflicto armado.
"El Ministerio Público deberá llevar un control exhaustivo en el Registro único de víctimas, y estará atento a que las entidades del orden nacional tales como el ICBF y la GUARIT establezcan mecanismo claros de coordinación que permitan brindar atención humanitaria de emergencia a las nuevas víctimas del desplazamiento forzado", señaló.
Por su parte, el magistrado auxiliar de la Corte Constitucional, Félix Torres presentó un diagnostico desalentador frente a la aplicación de la ley de víctimas respecto a las personas que sufren de ataques por parte de las denominadas bandas criminales que delinquen en diferentes regiones del país, y que están conformados principalmente por desmovilizados de las AUC y las Farc.
Ante esto señaló que hasta el momento no es clara una identificación delincuencial de estas bacrim, indicando que en estos momentos existen 144 denuncias sobre hechos violentos y solamente se ha fallado favorablemente en un caso ya que no se entiende su participación en el conflicto armado.
Sobre el tema de la ley de víctimas, el senador indicó que es menester hacer un seguimiento de control a la aplicación de la ley, además de hacerle advertencias a las entidades del Gobierno que están a cargo de la implementación de la misma.
Para Cristo el accionar d la Procuraduría General y de la Corte Constitucional "garantiza que esta ley no está quedando en la letra muerta, que se avanza que hay éxitos en el proceso, que todas las víctimas obviamente quisieran que sus derechos se satisfacieran en el término de un año y medio, pero vale recordar que esta ley tiene una vigencia de 10 años".
El congresista manifestó que no se puede ignorar la complejidad de este proceso judicial, estas advertencias y observaciones deben ser analizadas por los organismos encargados para una mejor aplicación.
Por El Espectador
