Procurador General cuestionó ambigüedad de acuerdo sobre la justicia para la Farc

El procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado cuestionó la ambigüedad de algunos puntos acuerdo de justicia transicional firmado el pasado miércoles en La Habana (Cuba) entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc. En este sentido sostuvo que no existe claridad frente a la figura de penas ordinarias para aquellos guerrilleros que no reconozcan su participación en violación a los derechos humanos.

“Preocupa la ambigüedad del texto pactado con lo que se puede significar una “restricción efectiva de la libertad en condiciones especiales”, ya que esto puede reducirse a la prohibición de salir del país o a la realización de un trabajo comunitario, lo cual a todas luces incumpliría a todas los tratados internacionales”, precisó el Procurador General en un comunicado de 10 puntos.

En su concepto con dicho acuerdo se omitió “la pena de prisión para los máximos responsables de la comisión de para los máximos responsables de la comisión de los más execrables crímenes contra la humanidad, así éstos reconozcan su realización, tendría la consecuencia de convertir” un acuerdo de impunidad, insostenible jurídica y políticamente.

Para Ordóñez Maldonado el reconocimiento de la responsabilidad de sus actos y revelar la verdad deben ser requisitos para acceder a una pena de reclusión reducida, pero no para eximirse totalmente de dicha pena como se acordó. Esto es una ventana para la impunidad y desconocimiento de los derechos de las víctimas.

“Al eliminar el elemento de justicia retributiva para los responsables de crímenes internacionales y dejar únicamente los pilares de verdad y reparación a las víctimas, se desconoce el pilar fundamentales de la justicia, lo cual hace nulo el acuerdo logrado ante los ojos de la justicia internacional”, precisó el Procurador General.

Debido a estos hechos exhortó al Gobierno a revelar el texto completo y detallado del acuerdo en materia de justicia transicional que fue pactado en La Habana (Cuba). Señaló que el órgano de control disciplinario estará atento a la implementación del mismo para que se cumplan los estándares internacionales.

Una puerta a la impunidad

El Procurador General consideró que la restricción de la libertad para los máximos responsables de crímenes internacionales si debe ser cumplida en un centro de reclusión. De no aplicarse esto se estarían incumpliendo las obligaciones firmadas en acuerdos internacionales para evitar la impunidad, desconociendo las observaciones hechas por la fiscal de la Corte Penal Internacional.

No se puede permitir, aclaró, que los responsables de delitos muy graves reciban una sanción como trabajos, obras y actividades, “que no es otra cosa que trabajo comunitario, con un componente de ‘restricciones a la libertad’. “Se recuerda que la Fiscal de la CPI ha insistido en que la pena a imponer por los crímenes de lesa humanidad, guerra y genocidio debe ser proporcional la gravedad de los crímenes cometidos”

“La función atribuida a las salas y al tribunal para la paz de acabar con la impunidad, obtener verdad, contribuir a la reparación de las víctimas y juzgar e imponer sanciones a los responsables de los graves delitos cometidos durante el conflicto armado, solamente se materializa con la efectiva ejecución de las penas”, señaló el jefe del Ministerio Público frente a las penas entre los 5 a 8 años establecidas.

 

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El procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado cuestionó la ambigüedad de algunos puntos acuerdo de justicia transicional firmado el pasado miércoles en La Habana (Cuba) entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc. En este sentido sostuvo que no existe claridad frente a la figura de penas ordinarias para aquellos guerrilleros que no reconozcan su participación en violación a los derechos humanos.

“Preocupa la ambigüedad del texto pactado con lo que se puede significar una “restricción efectiva de la libertad en condiciones especiales”, ya que esto puede reducirse a la prohibición de salir del país o a la realización de un trabajo comunitario, lo cual a todas luces incumpliría a todas los tratados internacionales”, precisó el Procurador General en un comunicado de 10 puntos.

En su concepto con dicho acuerdo se omitió “la pena de prisión para los máximos responsables de la comisión de para los máximos responsables de la comisión de los más execrables crímenes contra la humanidad, así éstos reconozcan su realización, tendría la consecuencia de convertir” un acuerdo de impunidad, insostenible jurídica y políticamente.

Para Ordóñez Maldonado el reconocimiento de la responsabilidad de sus actos y revelar la verdad deben ser requisitos para acceder a una pena de reclusión reducida, pero no para eximirse totalmente de dicha pena como se acordó. Esto es una ventana para la impunidad y desconocimiento de los derechos de las víctimas.

“Al eliminar el elemento de justicia retributiva para los responsables de crímenes internacionales y dejar únicamente los pilares de verdad y reparación a las víctimas, se desconoce el pilar fundamentales de la justicia, lo cual hace nulo el acuerdo logrado ante los ojos de la justicia internacional”, precisó el Procurador General.

Debido a estos hechos exhortó al Gobierno a revelar el texto completo y detallado del acuerdo en materia de justicia transicional que fue pactado en La Habana (Cuba). Señaló que el órgano de control disciplinario estará atento a la implementación del mismo para que se cumplan los estándares internacionales.

Una puerta a la impunidad

El Procurador General consideró que la restricción de la libertad para los máximos responsables de crímenes internacionales si debe ser cumplida en un centro de reclusión. De no aplicarse esto se estarían incumpliendo las obligaciones firmadas en acuerdos internacionales para evitar la impunidad, desconociendo las observaciones hechas por la fiscal de la Corte Penal Internacional.

No se puede permitir, aclaró, que los responsables de delitos muy graves reciban una sanción como trabajos, obras y actividades, “que no es otra cosa que trabajo comunitario, con un componente de ‘restricciones a la libertad’. “Se recuerda que la Fiscal de la CPI ha insistido en que la pena a imponer por los crímenes de lesa humanidad, guerra y genocidio debe ser proporcional la gravedad de los crímenes cometidos”

“La función atribuida a las salas y al tribunal para la paz de acabar con la impunidad, obtener verdad, contribuir a la reparación de las víctimas y juzgar e imponer sanciones a los responsables de los graves delitos cometidos durante el conflicto armado, solamente se materializa con la efectiva ejecución de las penas”, señaló el jefe del Ministerio Público frente a las penas entre los 5 a 8 años establecidas.

 

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