Ante el Consejo de Estado el procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado, radicó una demanda en contra del decreto 2552 del 30 de diciembre de 2015 que incrementó en un 7% el salario mínimo. En la acción judicial se pide que se anule dicho acto.
El jefe del Ministerio Público argumentó que dicho decreto va en contravía del artículo 53 de la Constitución Política de Colombia, que ordena que el Gobierno debe expedir un nuevo decreto que “establezca un reajuste salarial que garantice el poder adquisitivo de las personas y las familias que viven de este salario”.
En la acción judicial se indica que se desconoció el hecho que el costo de vida subió un 7,26%, mientras que el incremento del salario mínimo solamente alcanzo un 7%. “El reajuste del salario no servirá si quiere para obtener lo básico que se estaba obteniendo el año pasado”.
Según el procurador General, se están vulnerando los derechos fundamentales “tanto del trabajador como de su familia” puesto que el incremento no satisface o suple las necesidades básicas que tienen las personas. “No supera siquiera el incremento del costo de vida de los trabajadores de bajos ingresos”.
Además, reconoce que dicho reajuste omite las sentencias emitidas por la Corte Constitucional que establecen las condiciones básicas que debe tener cualquier ciudadano para tener un proyecto de vida digno. La jurisprudencia Colombia, indica, protege del derecho a un mínimo vital.
Finalmente se señala que se tuvo en cuenta el Índice de Precios al Consumidor (IPC) promediado y no el relativo a las personas con bajos ingresos, razón por la cual dicho decreto debe ser anulado por el tribunal de lo contencioso administrativo.
El Consejo de Estado deberá acumular esta con las otras tres demandas que se han presentado en las últimas semanas en contra del referido decreto.
Por Redacción Judicial
