Tan solo unas horas previas a conocerse el fallo de la Corte Constitucional sobre la intervención gubernamental a la EPS Sanitas, el procurador general de la Nación, Juan Gregorio Eljach Pacheco, se pronunció al respecto durante el congreso de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones de Colombia (Andesco), en Cartagena.
La alta corte decidió darle la razón a un grupo de acciones de tutela impulsadas por Keralty, grupo al que pertenece Sanitas, y amparar su derecho al debido proceso. Los inversionistas españoles consideran desproporcionado y sin fundamento la intervención forzosa adelantada por el gobierno desde el año pasado.
“La intervención es una decisión extrema, excepcional. No puede ser la regla general”, comentó Gregorio Eljach, asegurando que el objetivo de esta medida es la recuperación de la capacidad de prestación de servicios de la empresa o entidad intervenida.
Por último, el Procurador aseguró: “No puede ser, no puede seguir siendo, no puede suceder que las intervenciones lleven a la liquidación de las empresas, porque ese es el mayor contrasentido y esa es la mayor contradicción con lo que ordena la Constitución”.
Intervención del Gobierno a Sanitas
En abril de 2024, la Superintendencia Nacional de Salud ordenó la intervención del Gobierno Nacional para que asumiera la dirección de la EPS Sanitas, y el 6 de abril de 2025 se extendió por un año más dicha intervención.
En su momento, la entidad administrativa aseguró que la EPS presentaba serias dificultades para prestar el servicio y, por tanto, era necesaria la intervención estatal. La decisión no solo fue demandada ante diferentes instancias judiciales en Colombia, sino también le significó al país una demanda internacional.
La Sala Plena de la Corte Constitucional falló una acción de tutela presentada por varias entidades del grupo Keralty, prestadores de servicios integrales de salud, de los cuales hace parte Clínica Colsanitas, contra la Superintendencia Nacional de Salud. Estas entidades aseguraban que se había vulnerado su derecho fundamental al debido proceso.
Tras estudiar el caso, el alto tribunal decidió darle la razón a los accionantes y amparar su derecho al debido proceso, lo que evitó continuar con la toma forzosa del grupo Keralty. A pesar de esto, el grupo al que pertenece la EPS Sanitas se pronunció a través de una carta, asegurando que, a pesar de la victoria legal, lo que recibirán será una “empresa devastada”.
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