El procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado le solicitó a la Sala Plena de la Corte Constitucional que aclare la sentencia en la que se le ordena a la Escuela de Fuerzas Especiales e Infantería de Marina entregar territorios a comunidades indígenas en el departamento de Guaviare.
El jefe del Ministerio Público hizo un fuerte llamado de atención al considerar que se presentaron serias dudas en torno al auto 173 de 2012, por lo que manifestó además que dichas aclaraciones no se pueden hacer mediante un comunicado de prensa como en efecto hizo el alto tribunal, sino mediante una providencia motivada por los diferentes cuestionamientos que se han hecho sobre este fallo.
"El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado le solicitó a la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004 y sus respectivos Autos de Cumplimiento, que aclare mediante Auto motivado y no mediante comunicado de prensa" precisó mediante un comunicado.
En este sentido señaló que existen serias dudas en varias entidades estatales así como en la opinión pública por dicho fallo más aún después de conocerse el comunicado de prensa en la cual se presentaron algunas contradicciones que generaron dudas sobre las decisiones de fondo de dicha sentencia.
Según el Procurador es necesario que se explique el punto en el cual se "ordena al Ministerio de Defensa Nacional la devolución del área del resguardo Jiw de Barrancón – Guaviare, que actualmente ocupa la Escuela de Fuerzas Especiales e Infantería de Marina, en un periodo no mayor a seis meses".
Señalando que en el comunicado emitido en la noche del pasado jueves se indica que la orden no se refiere al retiro de dos bases militares ubicadas en los departamentos de Meta y Guaviare, sino la devolución de seis hectáreas de territorio colectivo ocupadas actualmente en la forma descrita, en el departamento del Guaviare.
"Al Ministerio de Defensa le fueron adjudicadas 250 hectáreas en la zona, mediante Resolución No. 571 del 31 de mayo de 1988, expedida por el anterior Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora, que puede ocupar, sin poner en riesgo esas comunidades indígenas. Tal decisión nada tiene que ver con otros territorios del país”, se precisa en el comunicado presentado por la Corte Constitucional.
Por último, el Jefe del Ministerio Público informó a la Corte Constitucional que ordenará la conformación de “una comisión técnica que verifique en el área la situación de las personas y pueblos cuyos derechos fundamentales se encuentran amenazados".