Procurador Ordóñez, ¿con las horas contadas?

Quien es considerado como uno de los todopoderosos del Estado estaría a escasas 72 horas de quedarse sin puesto. En una ponencia de 51 páginas conocida por El Espectador, el magistrado del Consejo de Estado Alberto Yepes concluyó que la reelección del procurador Alejandro Ordóñez debe anularse, porque la Constitución no le permite al Congreso reelegir al jefe del Ministerio Público. Además, sostuvo que hay un peligro en la concentración del poder y que por eso, para garantizar un sistema de pesos y contrapesos, la Carta Política solo autorizó un período de cuatro años para el procurador. Este lunes, el alto tribunal pondrá punto final a este debate.

El país vino a conocer la noticia luego de que el diario El Tiempo la revelara en su edición de este jueves. Sin embargo, El Espectador conoció todos los pormenores de las distintas discusiones que han venido dándose en el Consejo de Estado respecto de este candente debate. Por ejemplo, a finales de abril pasado el mismo magistrado Yepes presentó una ponencia en sentido contrario, es decir, avalando la posibilidad de que Ordóñez siguiera en el cargo. En la reunión en la que se discutió esta ponencia participaron, además de Yepes, las magistradas Susana Buitrago y Lucy Jeannette Bermúdez. Buitrago respaldó a Yepes, pero Bermúdez puso el grito en el cielo.

Esta magistrada de la Sección Quinta señaló con vehemencia que la reelección de Ordóñez estaba plagada de vicios, que el Congreso se extralimitó en sus funciones, que la Corte Suprema no podía ternarlo y que esta reelección terminaba por darle un golpe tremendo al diseño institucional de la democracia colombiana, pues privilegia la concentración de poder del procurador, un hombre que —como le dijo una fuente a este diario— “con su firma en cualquier tarde de verano puede decretar la muerte política de cualquier funcionario del Estado, con excepción del presidente”.

La discusión quedó en tablas en ese momento porque se necesitaban como mínimo tres votos para aprobar la primera ponencia de Yepes. Como no se logró y todavía el Consejo de Estado no ha llenado las dos vacantes que quedan en la Sección Quinta, se convocó a los conjueces Ricardo Hoyos y Jaime Córdoba Triviño. El primero, como el hoy procurador, es exconsejero de Estado y, de hecho, su período coincidió con el de Ordóñez. Aunque su voto es una incógnita, se sabe que es de corte liberal, aunque moderado. Lo mismo ocurre con el exmagistrado de la Corte Constitucional Jaime Córdoba Triviño. Sus posturas ideológicas están en la orilla opuesta a las de Ordóñez, pero en todo caso lo que se apresta a resolver nada tiene que ver con la visión conservadora del jefe del Ministerio Público, sino con la estructura misma del Estado y los graves desequilibrios de su reelección.

En vista de que se conformó una nueva sala con los conjueces Hoyos y Córdoba, el magistrado Alberto Yepes volvió a estudiar su primera ponencia y le dio un giro de 180 grados. El pasado 14 de julio les entregó a sus cuatro colegas un proyecto de fallo que desde la página 1 hasta la 51 está repleto de argumentos y consideraciones por las cuales el jefe del Ministerio Público debe salir inmediatamente de su cargo. De aceptarse su ponencia, cualquier ventana a una posterior reelección en ese cargo quedaría cerrada. Hoy el único voto que se da por fijo en favor de Ordóñez es el de la magistrada Buitrago. Yepes y Bermúdez están alineados en la tesis de que el procurador tiene los días contados. ¿Cómo votarán los liberales Hoyos y Córdoba?

Los ‘peros’ del magistrado Yepes

El proceso que para muchos tiene con un pie afuera a Ordóñez empezó en 2013, cuando los abogados Carlos Mario Isaza y Rodrigo Uprimny —quien es columnista de El Espectador— pidieron la nulidad de la reelección del procurador porque el Senado carecía de facultades para hacerla, en tanto no existía una norma expresa en la Constitución que así lo estableciera. Además, señalaron que la Corte Suprema de Justicia decidió ternar a Ordóñez “a puerta cerrada”, sin adelantar un proceso entre otros candidatos; y que se había violado la ley, pues esos magistrados decidieron postular a Ordóñez, quien a su turno les había nombrado familiares en el Ministerio Público. En cristiano, ese cruce de favores fue reprochado por los demandantes.

También agregaron que resultaba absurdo que la Corte Suprema postulara para la terna de 2012 al procurador, pues él había sido investigado penalmente por esos magistrados. Según ellos, esa circunstancia, sumada a la señalada burocracia de Alejandro Ordóñez otorgando puestos a las parentelas políticas que terminaron por elegirlo en el Senado, eran dos razones suficientes para que su reelección se cayera. En su defensa, el procurador reivindicó el proceso de postulación que le hizo la Corte, dijo que se garantizó la deliberación y que aunque se presentaron impedimentos de algunos magistrados que tenían familiares en el Ministerio Público, todo fue legal. En ese entonces los magistrados Ruth Marina Díaz, Javier Zapata y Jorge Mauricio Burgos tenían familia administrando justicia con Ordóñez.

Asimismo, en el momento de su reelección, 39 senadores manifestaron su impedimento para votar por él, por las mismas razones o por tener investigaciones abiertas en la Procuraduría. Todos los impedimentos se desestimaron y Ordóñez obtuvo 80 de los 93 votos posibles en el Senado en diciembre de 2012. Desde ese momento se empezó a hablar del poder omnímodo de Ordóñez, de sus posibles tentáculos en las altas cortes, de su creciente influencia en los escenarios en los que se toman las decisiones del país y hasta llegó a vaticinarse que era un seguro presidenciable para 2018.

Sin embargo, el proyecto del magistrado Yepes podría sentenciar la inminente salida de Ordóñez. Para las dos de la tarde del próximo lunes fue citada la sala en la que el Consejo de Estado decidirá de una buena vez si esa reelección del procurador estuvo ajustada a la ley. Tres fuentes consultadas por este diario señalaron que si la votación fuera hoy, es bastante probable que quedaría 4-1 en favor de los demandantes. Pero en un país como Colombia, 72 horas es mucho tiempo para que pase cualquier cosa. El procurador defiende la tesis de que aunque en la Constitución no hay una norma que reglamente su reelección, tampoco hay una norma que la prohíba.

Incluso advirtió que el Congreso había impulsado proyectos de reforma constitucional para prohibir esta figura en las pasadas legislaturas. ¿Por qué hicieron carrera estos proyectos, si la reelección en la Procuraduría estaba prohibida?, se preguntan cercanos colaboradores de Ordóñez. “Pues porque se podía”, aseguran, y además recuerdan que Edgardo Maya resultó reelegido en 2005 y en esa época nadie dijo esta boca es mía. En escritos enviados al Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y el Congreso desestimaron esta demanda, al considerar que todo el proceso de postulación y elección se hizo al pie de la letra.

Cosa muy distinta opina el magistrado Alberto Yepes Barreiro. En su ponencia sostuvo que el Senado no tiene competencia para ejercer cualquier función electoral (por ejemplo la elección del procurador) por fuera de los límites asignados por la Constitución. En su criterio, esa reelección va en contravía del Estado de derecho, de la forma republicana del Gobierno y el control de los poderes públicos y además sustituye el espíritu de la Carta Política, que en 1991 solo aprobó la elección para un período de cuatro años del procurador general de la Nación.

“El gobierno de la ley, no el gobierno de los hombres, caracteriza el Estado de derecho. La sujeción a la ley, no a la voluntad arbitraria del poderoso, inspira nuestro orden jurídico”, resaltó la ponencia. En ese sentido, añadió que es tanto el poder que puede llegar a tener un hombre como el procurador, que por eso no asombra que la Constitución le pusiera un límite de cuatro años a su ejercicio y que afirmar lo contrario constituiría un desequilibrio en el sistema de pesos y contrapesos diseñado por la Carta Política para que los poderes públicos no se desborden.

“A juicio de la sala, el hecho insoslayable de que el constituyente no haya autorizado expresamente la posibilidad de reelección para el cargo de procurador general obedece simplemente a que, a la luz de los principios fundamentales, la reelección per se representa un riesgo para la estructura misma del Estado”, dice el documento. De acuerdo con el magistrado Yepes, la defensa de la reelección del procurador bajo la tesis de que no está prohibida resulta peregrina, pues dicha interpretación sería un golpe mortal al equilibrio constitucional de los poderes públicos. Llama la atención, además, la siguiente cita: “Un Estado republicano tiene por finalidad combatir las diversas modalidades de dominación que impidan a los ciudadanos llevar a cabo sus proyectos de vida libres de la arbitrariedad por parte de quien ostenta el poder”.

Asimismo, el magistrado indicó: “La restricción en el tiempo de las facultades y competencias asignadas a los funcionarios, aquí al supremo director del Ministerio Público, busca controlar el poder confiado a los seres humanos, siempre falibles e influenciados por intereses. Se cede espacio a la incertidumbre, al intercambio de favores y a los juegos de dominio para acceder o mantener el poder político cuando los períodos establecidos para el ejercicio de las funciones públicas son determinados por vías diferentes al estricto respeto de la Constitución y la ley”. Por eso Yepes advirtió que el Estado tiene la obligación de neutralizar cualquier interés desbordado y garantizar que a estos altos cargos del Estado llegue una población pluralista y diversa.

A pesar de este largo listado de ‘peros’ y pullas contra la reelección —cualquiera en teoría—, la ponencia aclara que no puede interpretarse que el procurador Ordóñez cometió alguna arbitrariedad. Esa responsabilidad se la endilga al Senado que lo eligió y a la Corte que lo postuló. En cuanto al tema de Edgardo Maya, se advirtió que por primera vez el Consejo de Estado analiza este candente debate y que cuando Maya fue reelegido, nadie lo demandó. Pero que a la luz de hoy, “la experiencia histórica ha enseñado a los pueblos que quien detenta el poder tiende indefectiblemente a abusar de él”. Por eso, en criterio de Yepes, esta reelección de Ordóñez está viciada.

Su conclusión es sencilla: permitir esa reelección para un funcionario “con su planta de personal y sus extensas facultades de control del poder público desquiciaría el diseño institucional”. El voto de Yepes ya fue cantado. El voto de la magistrada Bermúdez seguramente será avalar su ponencia. En contra aparece la magistrada Buitrago, de quien se dice es muy cercana al procurador. Está claro que serán Ricardo Hoyos y Jaime Córdoba quienes inclinarán la balanza. ¿Tiene el procurador en realidad las horas contadas?

jlaverde@elespectador.com

@jdlaverde9

Quien es considerado como uno de los todopoderosos del Estado estaría a escasas 72 horas de quedarse sin puesto. En una ponencia de 51 páginas conocida por El Espectador, el magistrado del Consejo de Estado Alberto Yepes concluyó que la reelección del procurador Alejandro Ordóñez debe anularse, porque la Constitución no le permite al Congreso reelegir al jefe del Ministerio Público. Además, sostuvo que hay un peligro en la concentración del poder y que por eso, para garantizar un sistema de pesos y contrapesos, la Carta Política solo autorizó un período de cuatro años para el procurador. Este lunes, el alto tribunal pondrá punto final a este debate.

El país vino a conocer la noticia luego de que el diario El Tiempo la revelara en su edición de este jueves. Sin embargo, El Espectador conoció todos los pormenores de las distintas discusiones que han venido dándose en el Consejo de Estado respecto de este candente debate. Por ejemplo, a finales de abril pasado el mismo magistrado Yepes presentó una ponencia en sentido contrario, es decir, avalando la posibilidad de que Ordóñez siguiera en el cargo. En la reunión en la que se discutió esta ponencia participaron, además de Yepes, las magistradas Susana Buitrago y Lucy Jeannette Bermúdez. Buitrago respaldó a Yepes, pero Bermúdez puso el grito en el cielo.

Esta magistrada de la Sección Quinta señaló con vehemencia que la reelección de Ordóñez estaba plagada de vicios, que el Congreso se extralimitó en sus funciones, que la Corte Suprema no podía ternarlo y que esta reelección terminaba por darle un golpe tremendo al diseño institucional de la democracia colombiana, pues privilegia la concentración de poder del procurador, un hombre que —como le dijo una fuente a este diario— “con su firma en cualquier tarde de verano puede decretar la muerte política de cualquier funcionario del Estado, con excepción del presidente”.

La discusión quedó en tablas en ese momento porque se necesitaban como mínimo tres votos para aprobar la primera ponencia de Yepes. Como no se logró y todavía el Consejo de Estado no ha llenado las dos vacantes que quedan en la Sección Quinta, se convocó a los conjueces Ricardo Hoyos y Jaime Córdoba Triviño. El primero, como el hoy procurador, es exconsejero de Estado y, de hecho, su período coincidió con el de Ordóñez. Aunque su voto es una incógnita, se sabe que es de corte liberal, aunque moderado. Lo mismo ocurre con el exmagistrado de la Corte Constitucional Jaime Córdoba Triviño. Sus posturas ideológicas están en la orilla opuesta a las de Ordóñez, pero en todo caso lo que se apresta a resolver nada tiene que ver con la visión conservadora del jefe del Ministerio Público, sino con la estructura misma del Estado y los graves desequilibrios de su reelección.

En vista de que se conformó una nueva sala con los conjueces Hoyos y Córdoba, el magistrado Alberto Yepes volvió a estudiar su primera ponencia y le dio un giro de 180 grados. El pasado 14 de julio les entregó a sus cuatro colegas un proyecto de fallo que desde la página 1 hasta la 51 está repleto de argumentos y consideraciones por las cuales el jefe del Ministerio Público debe salir inmediatamente de su cargo. De aceptarse su ponencia, cualquier ventana a una posterior reelección en ese cargo quedaría cerrada. Hoy el único voto que se da por fijo en favor de Ordóñez es el de la magistrada Buitrago. Yepes y Bermúdez están alineados en la tesis de que el procurador tiene los días contados. ¿Cómo votarán los liberales Hoyos y Córdoba?

Los ‘peros’ del magistrado Yepes

El proceso que para muchos tiene con un pie afuera a Ordóñez empezó en 2013, cuando los abogados Carlos Mario Isaza y Rodrigo Uprimny —quien es columnista de El Espectador— pidieron la nulidad de la reelección del procurador porque el Senado carecía de facultades para hacerla, en tanto no existía una norma expresa en la Constitución que así lo estableciera. Además, señalaron que la Corte Suprema de Justicia decidió ternar a Ordóñez “a puerta cerrada”, sin adelantar un proceso entre otros candidatos; y que se había violado la ley, pues esos magistrados decidieron postular a Ordóñez, quien a su turno les había nombrado familiares en el Ministerio Público. En cristiano, ese cruce de favores fue reprochado por los demandantes.

También agregaron que resultaba absurdo que la Corte Suprema postulara para la terna de 2012 al procurador, pues él había sido investigado penalmente por esos magistrados. Según ellos, esa circunstancia, sumada a la señalada burocracia de Alejandro Ordóñez otorgando puestos a las parentelas políticas que terminaron por elegirlo en el Senado, eran dos razones suficientes para que su reelección se cayera. En su defensa, el procurador reivindicó el proceso de postulación que le hizo la Corte, dijo que se garantizó la deliberación y que aunque se presentaron impedimentos de algunos magistrados que tenían familiares en el Ministerio Público, todo fue legal. En ese entonces los magistrados Ruth Marina Díaz, Javier Zapata y Jorge Mauricio Burgos tenían familia administrando justicia con Ordóñez.

Asimismo, en el momento de su reelección, 39 senadores manifestaron su impedimento para votar por él, por las mismas razones o por tener investigaciones abiertas en la Procuraduría. Todos los impedimentos se desestimaron y Ordóñez obtuvo 80 de los 93 votos posibles en el Senado en diciembre de 2012. Desde ese momento se empezó a hablar del poder omnímodo de Ordóñez, de sus posibles tentáculos en las altas cortes, de su creciente influencia en los escenarios en los que se toman las decisiones del país y hasta llegó a vaticinarse que era un seguro presidenciable para 2018.

Sin embargo, el proyecto del magistrado Yepes podría sentenciar la inminente salida de Ordóñez. Para las dos de la tarde del próximo lunes fue citada la sala en la que el Consejo de Estado decidirá de una buena vez si esa reelección del procurador estuvo ajustada a la ley. Tres fuentes consultadas por este diario señalaron que si la votación fuera hoy, es bastante probable que quedaría 4-1 en favor de los demandantes. Pero en un país como Colombia, 72 horas es mucho tiempo para que pase cualquier cosa. El procurador defiende la tesis de que aunque en la Constitución no hay una norma que reglamente su reelección, tampoco hay una norma que la prohíba.

Incluso advirtió que el Congreso había impulsado proyectos de reforma constitucional para prohibir esta figura en las pasadas legislaturas. ¿Por qué hicieron carrera estos proyectos, si la reelección en la Procuraduría estaba prohibida?, se preguntan cercanos colaboradores de Ordóñez. “Pues porque se podía”, aseguran, y además recuerdan que Edgardo Maya resultó reelegido en 2005 y en esa época nadie dijo esta boca es mía. En escritos enviados al Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y el Congreso desestimaron esta demanda, al considerar que todo el proceso de postulación y elección se hizo al pie de la letra.

Cosa muy distinta opina el magistrado Alberto Yepes Barreiro. En su ponencia sostuvo que el Senado no tiene competencia para ejercer cualquier función electoral (por ejemplo la elección del procurador) por fuera de los límites asignados por la Constitución. En su criterio, esa reelección va en contravía del Estado de derecho, de la forma republicana del Gobierno y el control de los poderes públicos y además sustituye el espíritu de la Carta Política, que en 1991 solo aprobó la elección para un período de cuatro años del procurador general de la Nación.

“El gobierno de la ley, no el gobierno de los hombres, caracteriza el Estado de derecho. La sujeción a la ley, no a la voluntad arbitraria del poderoso, inspira nuestro orden jurídico”, resaltó la ponencia. En ese sentido, añadió que es tanto el poder que puede llegar a tener un hombre como el procurador, que por eso no asombra que la Constitución le pusiera un límite de cuatro años a su ejercicio y que afirmar lo contrario constituiría un desequilibrio en el sistema de pesos y contrapesos diseñado por la Carta Política para que los poderes públicos no se desborden.

“A juicio de la sala, el hecho insoslayable de que el constituyente no haya autorizado expresamente la posibilidad de reelección para el cargo de procurador general obedece simplemente a que, a la luz de los principios fundamentales, la reelección per se representa un riesgo para la estructura misma del Estado”, dice el documento. De acuerdo con el magistrado Yepes, la defensa de la reelección del procurador bajo la tesis de que no está prohibida resulta peregrina, pues dicha interpretación sería un golpe mortal al equilibrio constitucional de los poderes públicos. Llama la atención, además, la siguiente cita: “Un Estado republicano tiene por finalidad combatir las diversas modalidades de dominación que impidan a los ciudadanos llevar a cabo sus proyectos de vida libres de la arbitrariedad por parte de quien ostenta el poder”.

Asimismo, el magistrado indicó: “La restricción en el tiempo de las facultades y competencias asignadas a los funcionarios, aquí al supremo director del Ministerio Público, busca controlar el poder confiado a los seres humanos, siempre falibles e influenciados por intereses. Se cede espacio a la incertidumbre, al intercambio de favores y a los juegos de dominio para acceder o mantener el poder político cuando los períodos establecidos para el ejercicio de las funciones públicas son determinados por vías diferentes al estricto respeto de la Constitución y la ley”. Por eso Yepes advirtió que el Estado tiene la obligación de neutralizar cualquier interés desbordado y garantizar que a estos altos cargos del Estado llegue una población pluralista y diversa.

A pesar de este largo listado de ‘peros’ y pullas contra la reelección —cualquiera en teoría—, la ponencia aclara que no puede interpretarse que el procurador Ordóñez cometió alguna arbitrariedad. Esa responsabilidad se la endilga al Senado que lo eligió y a la Corte que lo postuló. En cuanto al tema de Edgardo Maya, se advirtió que por primera vez el Consejo de Estado analiza este candente debate y que cuando Maya fue reelegido, nadie lo demandó. Pero que a la luz de hoy, “la experiencia histórica ha enseñado a los pueblos que quien detenta el poder tiende indefectiblemente a abusar de él”. Por eso, en criterio de Yepes, esta reelección de Ordóñez está viciada.

Su conclusión es sencilla: permitir esa reelección para un funcionario “con su planta de personal y sus extensas facultades de control del poder público desquiciaría el diseño institucional”. El voto de Yepes ya fue cantado. El voto de la magistrada Bermúdez seguramente será avalar su ponencia. En contra aparece la magistrada Buitrago, de quien se dice es muy cercana al procurador. Está claro que serán Ricardo Hoyos y Jaime Córdoba quienes inclinarán la balanza. ¿Tiene el procurador en realidad las horas contadas?

jlaverde@elespectador.com

@jdlaverde9