El procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, le pidió a la Corte Constitucional que respalde la prohibición en el porte y consumo de la dosis mínima de droga y que declare la exequibilidad de la norma.
Se trata del acto legislativo No. 02 de 2009, a través del cual el Congreso de la República determinó que la ciudadanía no podía portar ni consumir sustancias sicotrópicas en ningún grado, revocando la legalización decretada en 1994.
Para el Ministerio Público, el flagelo de la drogadicción ha generado cataclismas sociales y económicos para los Estados, que se han comprometido a combatir la producción y tráfico de estupefacientes.
Indicó que autoridades policiales, judiciales y de salud han asumido algunos de los elevados costos, que también se han visto reflejados en las vidas que año a año se pierden en la guerra que libran carteles de la droga; de ahí la necesidad de condenarlo socialmente.
“Ni el porte ni el consumo de drogas son asuntos propios de la vida íntima de las personas. Basta considerar que las drogas son cultivadas, procesadas, transportadas, distribuidas y vendidas por otros, para advertir que no se trata de un asunto que corresponda de manera exclusiva a quien las porta y a quien las consume.”, señaló la Procuraduría.
Por El Espectador
