Procurador pide al Gobierno proceder contra gobernador de Casanare

El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, le pidió al ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, que resuelva tan pronto como sea posible la situación de la Gobernación del Casanare, luego de la decisión de la Corte Constitucional de revivir la suspensión provisional en contra del jefe de la administración departamental, Óscar Raúl Flórez.

Recordó que al tratarse de una decisión de la entidad a su cargo, el Ministerio Público no puede menos que velar porque toda determinación disciplinaria proveniente del ente se cumpla.

El pasado 11 de enero se conoció el fallo de tutela en contra del dirigente, que era investigado por irregularidades en la celebración de contratos por valores de 14.000 y 44.000 millones de pesos.

Con ponencia de la magistrada María Victoria Calle, la corporación decidió no modificar el sentido de la providencia emitida por el Ministerio Público el 18 de diciembre de 2009, que fue confirmada por el mismo ente de control el 18 de marzo de 2010.

Al parecer, el mandatario regional violó los principios de selección objetiva y transparencia al asignar contratos para la prestación de de servicios educativos para la población del departamento en los años 2008 y 2009, cuyo valor supera los 365.400 millones de pesos.

“El artículo 157 del Código Único Disciplinario señala como requisitos fundamentales para adoptar la medida de la suspensión provisional, que se trate de faltas gravísimas o graves y obren serios elementos de juicio que permitan establecer que la permanencia en el cargo, función o servicio público, posibilita la interferencia del autor de la falta en el trámite de la investigación, o que reitere en la misma”,  señaló la Procuraduría en su momento.

Según el Ministerio Público, existía suficiente material recaudado para inferir que el Gobernador no sólo había incurrido en violaciones al Régimen Disciplinario, en lo que atañe a la contratación, si no que podría seguir incurriendo en la conducta, y de ahí la suspensión provisional.

Con esta decisión, la Corte dejó sin efectos la determinación del juez Primero Promiscuo de Familia de Yopal, que consideró violentado el derecho a la defensa, como parte del debido proceso que, como garantía, debía asistir al Gobernador con la suspensión provisional emitida por la Procuraduría.