Procurador pide levantar paro de la justicia

El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado reiteró el llamado a quienes persisten en la negativa de normalizar la prestación del servicio esencial de justicia, para que se restablezca dicho servicio y los exhortó a tener en cuenta las  acciones que los diferentes actores del Gobierno Nacional, funcionarios y empleados de la Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación, han adelantado para superar esta grave situación.
 
"Es preciso honrar y cumplir el Acta de Acuerdo suscrito el 6 de noviembre de 2012 por los diferentes representantes del Gobierno, de funcionarios y empleados de la Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación, en el que se reconoció el derecho a los funcionarios y empleados de la Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación a tener una nivelación en la remuneración en los términos de la Ley 4 de 1992", dijo el Procurador.

A través de un comunicado de prensa, la Procuraduría recordó que El Gobierno Nacional dispuso de la suma de un billón doscientos veinte mil millones de pesos ($1.2 billones) para realizar la nivelación salarial a que tienen derecho los citados funcionarios.

En el acta de acuerdo los representantes del movimiento de protesta se comprometieron a reanudar la prestación del servicio a partir del día 7 de noviembre de 2012 y a recuperar el tiempo dejado de laborar con motivo de dicho cese. En el mismo documento se acordó conformar una Mesa Técnica paritaria para determinar la manera como se aplicará la nivelación pactada.
 "
De otra parte, reiteró Ordoñez, "se debe tener en cuenta que la administración de justicia es un servicio público esencial. La Constitución Política en el artículo 229 garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia, por lo cual esta función pública fue catalogada como un servicio público permanente, de carácter esencial por la Ley 270 de 1996 en su artículo 125 y tiene como fin último el cumplimiento de los cometidos estatales asignados a la Rama Judicial y a la Fiscalía General de la Nación, para lo cual se requiere una pronta y decidida administración de justicia".
 
Por todo lo anterior, la Procuraduría General de la Nación previno a los diferentes funcionarios y empleados de la Rama Judicial y les exhorta a reanudar sus funciones Constitucionales y legales; al igual que les solicita que las diferencias se estudien en la Mesa Técnica  onformada por el esfuerzo alcanzado en el acuerdo suscrito.
 

El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado reiteró el llamado a quienes persisten en la negativa de normalizar la prestación del servicio esencial de justicia, para que se restablezca dicho servicio y los exhortó a tener en cuenta las  acciones que los diferentes actores del Gobierno Nacional, funcionarios y empleados de la Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación, han adelantado para superar esta grave situación.
 
"Es preciso honrar y cumplir el Acta de Acuerdo suscrito el 6 de noviembre de 2012 por los diferentes representantes del Gobierno, de funcionarios y empleados de la Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación, en el que se reconoció el derecho a los funcionarios y empleados de la Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación a tener una nivelación en la remuneración en los términos de la Ley 4 de 1992", dijo el Procurador.

A través de un comunicado de prensa, la Procuraduría recordó que El Gobierno Nacional dispuso de la suma de un billón doscientos veinte mil millones de pesos ($1.2 billones) para realizar la nivelación salarial a que tienen derecho los citados funcionarios.

En el acta de acuerdo los representantes del movimiento de protesta se comprometieron a reanudar la prestación del servicio a partir del día 7 de noviembre de 2012 y a recuperar el tiempo dejado de laborar con motivo de dicho cese. En el mismo documento se acordó conformar una Mesa Técnica paritaria para determinar la manera como se aplicará la nivelación pactada.
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De otra parte, reiteró Ordoñez, "se debe tener en cuenta que la administración de justicia es un servicio público esencial. La Constitución Política en el artículo 229 garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia, por lo cual esta función pública fue catalogada como un servicio público permanente, de carácter esencial por la Ley 270 de 1996 en su artículo 125 y tiene como fin último el cumplimiento de los cometidos estatales asignados a la Rama Judicial y a la Fiscalía General de la Nación, para lo cual se requiere una pronta y decidida administración de justicia".
 
Por todo lo anterior, la Procuraduría General de la Nación previno a los diferentes funcionarios y empleados de la Rama Judicial y les exhorta a reanudar sus funciones Constitucionales y legales; al igual que les solicita que las diferencias se estudien en la Mesa Técnica  onformada por el esfuerzo alcanzado en el acuerdo suscrito.