Procurador rechazó asesinato de habitante de la calle en Bogotá
El jefe del Ministerio Público calificó el hecho como una “expresión de crueldad reiterada".
El Espectador
El procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado rechazó tajantemente el asesinato de ‘Calidoso’, un habitante de la calle que fue quemado vivo el pasado jueves junto a sus mascotas en el canal de aguas lluvias ubicado en la calle 39 con carrera séptima.
“Es una expresión de crueldad reiterada que llama la atención sobre muchos aspectos. Nos pone a reflexionar sobre las políticas públicas del habitante de la calle. Existen una norma y unos deberes que tienen las autoridades territoriales, los alcaldes, existen los recursos para ello”, precisó el jefe del Ministerio Público.
El jefe del órgano de control disciplinario llamó la atención sobre la falta de la aplicación de la política pública consagrada en la Ley 1641 de 2013 que establece los mecanismos de protección y cuidado para los habitantes de la calle por parte de las entidades departamentales y municipales.
El procurador resaltó que según datos de la Secretaría Distrital de Integración Social de Bogotá, el 43 por ciento de los casos de habitantes de calle es consecuencia de la ruptura de vínculos familiares y el 34 por ciento de la adicción a drogas.
“Como sociedad nos dolemos, nos escandalizamos, nos estrujamos por la crueldad que eso implica, pero también debemos llamar la atención a la institucionalidad sobre los deberes de protección a los habitantes de la calle. Si existen habitantes de la calle es por el drama contemporáneo, con toda su significación social y política, de la desintegración de la célula familiar”, precisó.
El procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado rechazó tajantemente el asesinato de ‘Calidoso’, un habitante de la calle que fue quemado vivo el pasado jueves junto a sus mascotas en el canal de aguas lluvias ubicado en la calle 39 con carrera séptima.
“Es una expresión de crueldad reiterada que llama la atención sobre muchos aspectos. Nos pone a reflexionar sobre las políticas públicas del habitante de la calle. Existen una norma y unos deberes que tienen las autoridades territoriales, los alcaldes, existen los recursos para ello”, precisó el jefe del Ministerio Público.
El jefe del órgano de control disciplinario llamó la atención sobre la falta de la aplicación de la política pública consagrada en la Ley 1641 de 2013 que establece los mecanismos de protección y cuidado para los habitantes de la calle por parte de las entidades departamentales y municipales.
El procurador resaltó que según datos de la Secretaría Distrital de Integración Social de Bogotá, el 43 por ciento de los casos de habitantes de calle es consecuencia de la ruptura de vínculos familiares y el 34 por ciento de la adicción a drogas.
“Como sociedad nos dolemos, nos escandalizamos, nos estrujamos por la crueldad que eso implica, pero también debemos llamar la atención a la institucionalidad sobre los deberes de protección a los habitantes de la calle. Si existen habitantes de la calle es por el drama contemporáneo, con toda su significación social y política, de la desintegración de la célula familiar”, precisó.