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La Procuraduría delegada para la Contratación Estatal abrió una indagación previa, a funcionarios por determinar, en Ecopetrol. La razón está en las presuntas irregularidades relacionadas con un contrato celebrado entre esa entidad y la firma Covington & Burling LLP, cuya finalidad, al parecer, buscaba la inspección de comunicaciones internas a funcionarios de la entidad.
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De acuerdo con la Procuraduría, distintos medios de comunicación publicaron un documento clasificado, según el cual, 70 altos funcionarios de Ecopetrol incluyendo miembros de la junta directiva habrían sido objeto de un procedimiento de retención y preservación de comunicaciones e información digital y física.
El origen de la indagación está en una publicación de la revista Semana, la cual dio a conocer un contrato celebrado en agosto de 2024, por un monto cercano a los cinco millones de dólares, con la firma Covington & Burling LLP. El propósito inicial era realizar una consultoría sobre el análisis de riesgos reputacionales del presidente de Ecopetrol. No obstante, el objeto habría cambiado al punto de que fue modificado sin la autorización de la junta directiva, para inspeccionar las comunicaciones internas del personal.
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Entre las personas que supuestamente sufrieron vulneración de sus comunicaciones están Luis Alberto Zuleta, miembro de la junta directiva. Rafael Ernesto Guzmán, vicepresidente ejecutivo. Nicolás Azcuénaga, vicepresidente de nuevos negocios. Elsa Jeanneth Jaimes, vicepresidente Costa Afuera. Y Alexander Cadedna, presidente de Cenit, entre otros.
“Dada la relevancia de los hechos, la delegada inciará indagación previa contra funcionarios por determinar de Ecopetrol, por la celebración de un contrato de consultoria con la firma Covington & Burling LLP, que tenía como objeto analizar el impacto reputacional de Ricardo Roa como presidente de Ecopetrol, el cual fue modificado, al parecer, sin autorización de la junta directiva, como estrategia para interceptar comunicaciones internas a funcionarios de la entidad”, explicó la Procuraduría.
A partir de ahora, la Procuraduría practicará una inspección disciplinaria a las instalaciones de Ecopetrol, con el propósito de recaudar información. Entre los datos a recaudar está la copia del contrato, con modificatorios u otrosíes. Copia del acta de la junta directiva que autorizó la celebración del contrato y adjuntar la justificación de la necesidad.
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