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La Procuraduría inició una indagación previa a funcionarios por establecer del Ministerio de Hacienda y de la Empresa de Servicios Públicos Urrá S.A, por las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos que superarían el billón de pesos.
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Según ha revelado W Radio, la Hidroeléctrica Urrá habría incurrido en corrupción al entregar al menos 10 contratos a empresas comercializadoras, las cuales no contarían con un criterio técnico de asignación claro para ser beneficiarios de dichos acuerdos públicos.
“Aparentemente, las transacciones les permitían obtener altos márgenes que no estaban asociados con la extensión de los precios de venta, y en las que hubo condiciones simuladas de negociación para darle apariencia de legalidad”, señaló la Procuraduría.
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Según la entidad, dos de las empresas contratadas por lo directivos de la Hidroeléctrica de Urrá están radicadas en Villapinzón (Cundinamarca), además, que entrará a revisar los posibles vínculos de al menos otras tres sociedades con funcionarios de alto gobierno, y hasta la intervención de congresistas para presionar la gerencia de comercialización de la generadora de energía.
En las notas de prensa relacionadas al caso, se ha dicho que existiría una supuesta injerencia política de la denominada Casa Calle, conformada por el representante a la Cámara, Andrés Calle, el alcalde de Montelíbano (Córdoba), Gabriel Calle, y el diputado de ese departamento, Gabriel Calle Aguas.
En entrevista con medios de comunicación, el presidente encargado de la Hidroeléctrica de Urrá, Eduardo Díaz, explicó que la empresa ha seguido procesos rigurosos para la venta de energía. Que todos los proponentes que soliciten el servicio pasan por un análisis detallado, donde se revisan situaciones relacionadas con sus estados financieros y sus capacidades de pago.
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