Procuraduría abre investigación al superintendente de Salud por toma de EPS Sanitas
Luis Carlos Leal será investigado por presuntas irregularidades presentadas en la toma de posesión e intervención forzosa de la EPS. Estos son los detalles de la decisión.
Luis Carlos Leal, superintendente de Salud del gobierno de Gustavo Petro, será investigado por la Procuraduría por presuntas irregularidades presentadas en la toma de posesión e intervención forzosa de la EPS Sanitas. La controversial decisión fue conocida hace dos días y ha recibido el rechazo de las autoridades de salud, así como de sectores opositores al gobierno.
Lea: EPS Sanitas responde: “La intervención es ilegal, desproporcionada y discriminatoria”
De acuerdo con la investigación adelantada por el órgano dirigido por Margarita Cabello, el origen del expediente contra Leal Angarita está en una queja instaurada contra la Superintendencia, por una presunta falsa motivación consignada en la resolución que ordenó la intervención de la EPS.
“El órgano de control solicitó a la Supersalud copia del proceso adelantado para tomar posesión de esa entidad, así como del trámite realizado para designar al agente interventor. Igualmente, requirió el número de quejas, reclamaciones y tutelas con relación al número de afiliados y las deudas de la EPS contraídas con la red de prestadores y proveedores de servicios, insumos y tecnología en salud, entre otras pruebas”, señaló la Procuraduría.
Le puede interesar: ¿Quién es Duver Dicson Vargas, el interventor de Sanitas?
La EPS Sanitas respondió públicamente asegurando que rechazan “enérgica y contundentemente la intervención arbitraria de nuestra EPS por considerarla improvisada, ilegal, desproporcionada y discriminatoria”. Para el grupo Krealty, del que hace parte la EPS, la situación de sostenibilidad financiera es provocada, en gran medida, “por el mismo gobierno al no hacer los análisis responsables en temas como la insuficiencia de la UPC, la concentración de riesgo por afiliado y el no reconocimiento de la deuda acumulada”.
Según conoció El Espectador, de hecho, la queja disciplinaria contra la Superintendencia fue radicada por Juan Pablo Currea, representante legal de Keralty SAS. En definitiva, el grupo considera no hay motivación en la intervención forzosa para administrar la EPS por un año. Que era un completo error ordenar la toma de posesión de sus bienes y negocios a nivel nacional.
Lea también: Detalles de la resolución con la que la Supersalud ordenó la intervención de Sanitas
La Procuraduría, además, de indagar en la toma de posesión inmediata de la Superintendencia a la EPS Sanitas, también iniciará acciones sobre la designación como agente interventor de Dúver Dicson Vargas Rojas. Un hombre que en el pasado fue interventor especial del Hospital Rosario Pumarejo Rosario Pumarejo López de Valledupar y subgerente administrativo de los hospitales de Villavicencio y San José del Guaviare.
La Procuraduría advirtió que, en dado caso de que la Superintendencia no entregue los documentos completos, procederá a realizar una inspección disciplinaria a ese organismo. Entre los documentos que espera obtener está un “informe cronológico, detallado y soportado de las actuaciones de inspección, vigilancia y control adelantadas por la Superintendencia Nacional de Salud a la EPS Sanitas, previo a la decisión de intervención”.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Luis Carlos Leal, superintendente de Salud del gobierno de Gustavo Petro, será investigado por la Procuraduría por presuntas irregularidades presentadas en la toma de posesión e intervención forzosa de la EPS Sanitas. La controversial decisión fue conocida hace dos días y ha recibido el rechazo de las autoridades de salud, así como de sectores opositores al gobierno.
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De acuerdo con la investigación adelantada por el órgano dirigido por Margarita Cabello, el origen del expediente contra Leal Angarita está en una queja instaurada contra la Superintendencia, por una presunta falsa motivación consignada en la resolución que ordenó la intervención de la EPS.
“El órgano de control solicitó a la Supersalud copia del proceso adelantado para tomar posesión de esa entidad, así como del trámite realizado para designar al agente interventor. Igualmente, requirió el número de quejas, reclamaciones y tutelas con relación al número de afiliados y las deudas de la EPS contraídas con la red de prestadores y proveedores de servicios, insumos y tecnología en salud, entre otras pruebas”, señaló la Procuraduría.
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La EPS Sanitas respondió públicamente asegurando que rechazan “enérgica y contundentemente la intervención arbitraria de nuestra EPS por considerarla improvisada, ilegal, desproporcionada y discriminatoria”. Para el grupo Krealty, del que hace parte la EPS, la situación de sostenibilidad financiera es provocada, en gran medida, “por el mismo gobierno al no hacer los análisis responsables en temas como la insuficiencia de la UPC, la concentración de riesgo por afiliado y el no reconocimiento de la deuda acumulada”.
Según conoció El Espectador, de hecho, la queja disciplinaria contra la Superintendencia fue radicada por Juan Pablo Currea, representante legal de Keralty SAS. En definitiva, el grupo considera no hay motivación en la intervención forzosa para administrar la EPS por un año. Que era un completo error ordenar la toma de posesión de sus bienes y negocios a nivel nacional.
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La Procuraduría, además, de indagar en la toma de posesión inmediata de la Superintendencia a la EPS Sanitas, también iniciará acciones sobre la designación como agente interventor de Dúver Dicson Vargas Rojas. Un hombre que en el pasado fue interventor especial del Hospital Rosario Pumarejo Rosario Pumarejo López de Valledupar y subgerente administrativo de los hospitales de Villavicencio y San José del Guaviare.
La Procuraduría advirtió que, en dado caso de que la Superintendencia no entregue los documentos completos, procederá a realizar una inspección disciplinaria a ese organismo. Entre los documentos que espera obtener está un “informe cronológico, detallado y soportado de las actuaciones de inspección, vigilancia y control adelantadas por la Superintendencia Nacional de Salud a la EPS Sanitas, previo a la decisión de intervención”.
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